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Lilia Arellano

Los integrantes o seguidores o intérpretes de la 4T comandados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no sólo no han hecho nada por desterrar la corrupción del pasado, sino presentan formas, nada novedosas por cierto, mucho más productivas, aunque también con mayores dosis de cinismo. Se protege, sin rubor alguno a sus correligionarios atrapados y denunciados por actos ilícitos con los cuales se afectan las arcas nacionales y estatales. Los ejemplos son muchos y variados, e incluyen a familiares y colaboradores cercanos, pero a todos ellos los ha cobijado con un manto de impunidad. El caso más reciente, pero no el último, es el de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, quien fue denunciada por la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón., por delitos de corrupción, ejercicio abusivo de funciones, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.

Ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Limón denunció que, en la Delegación Álvaro Obregón de la capital de la República, alrededor de 120 millones de pesos en recursos públicos “desaparecieron -durante la administración de Layda Sansores- recursos de programas sociales que tendrían que destinarse a la población más vulnerable y más necesitada de apoyos, considerando que eran tiempos de pandemia”. Las irregularidades se detectaron en tres programas sociales, por 70.8 millones de pesos; tres contratos de servicios por 40 millones y un convenio con una asociación civil por 8.2 millones; anunció se presentarán también estas denuncias ante la Secretaría de la Contraloría.

Señalan a dos miembros del gabinete de la gobernadora campechana, uno de ellos ex priísta, y una senadora de Morena quienes fueron captados en video recibiendo fajos de billetes de 500 pesos en semanas previas a las elecciones estatales donde resultó ganadora la actual mandataria. Los videos fueron difundidos por N+ exhiben a Raúl Aarón Pozos Lanz, ex dirigente del PRI en Campeche y actual secretario de Educación Pública en la entidad; a Armando Constantito Toledo Jamit, jefe de la Oficina de la gobernadora, y a Rocío Abreu Artiñano, senadora de la República por Campeche. De acuerdo con el reportaje, los videos provienen presuntamente del circuito de vigilancia de la oficina adjunta de la Secretaría de Gobierno de Campeche, ubicada en el cuarto piso del Palacio Estatal.

Raúl Pozos aparece recibiendo cuatro fajos de billetes de 500 pesos los cuales, según la reportera Fátima Monterrosa, sumarían un millón de pesos, y los habría recibido en mayo de 2011, a escasas semanas de las elecciones campechanas. El reportaje destaca: antes de ser colaborador de Layda Sansores, Pozos militaba en el PRI, partido al que renunció el 17 de agosto de 2020, según dijo en un video porque “ya no es el partido al que yo me afilié hace muchos años”. Luego se sumó a la campaña de Sansores y obtenido el triunfo, el 16 de septiembre de 2021, fue nombrado secretario de Educación Pública. Cuestionado sobre la recepción del dinero, Pozos afirmó era para hacer “gestiones de ¿cómo se llama?, de la gente que nos solicitaba cosas, apoyo” (sic).

La actual senadora morenista Rocío Abreu Artiñano, aparece en dos videos de distintas fechas en la misma oficina, también en fechas previas a las elecciones estatales. Abreu formaba parte de la alianza entre PRI y PVEM, pero en septiembre de 2019 renunció y se unió a las filas de Morena. En una primera respuesta a la periodista por las grabaciones, negó haber recibido dinero, pero luego refirió habría sido utilizado para cumplir con actividades gubernamentales. El tercer personaje exhibido es Armando Toledo Jamit, jefe de la Oficina de la mandataria y fue grabado manipulando fajos de dinero depositados en bolsas de papel.

Sobre estos hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer el video difundido en un noticiero de televisión, en el del “canal de las estrellas”. Sin embargo, consideró se trata de una nueva guerra sucia en su contra, porque ha tocado intereses muy poderosos y se trata de descalificar a la Cuarta Transformación. “Hay mucho interés de querer igualarnos, echar porquería al ventilador (…) El problema de los conservadores es que son muy ambiciosos, muy corruptos, los desquicia el dinero, su Dios es el dinero”. ¿Pruebas y videos para atacar a quienes se dicen diferentes?

AMLO asegura, una vez más, su administración ha combatido frontalmente la corrupción y ahora ya no se toleran actos ilegales desde el gobierno, y mucho menos por parte de altos funcionarios. Pero los hechos lo desmienten, su gobierno ha cubierto con un manto de impunidad a sus hermanos, a sus hijos y otros parientes captados en videos en actos de corrupción y beneficiados con contratos por la cercanía con el tabasqueño. Además, ha protegido a funcionarios de alto nivel, atrapados en actos de corrupción, como el ex director de Segalmex, Ignacio Ovalle, al director de la CFE, Manuel Bartlett, a la secretaria de Energía, Rocío Nahle junto con sus compadres, al secretario de Gobernación y “corcholata” presidencial, Adán Augusto López, entre otros muchos funcionarios denunciados por actos de corrupción y otros ilícitos. Estos son los verdaderos enemigos del lopezobradorismo o ¿serán sus cómplices en el enriquecimiento? Porque según lo afirmado por el tabasqueño: “el presidente lo sabe todo y si no actúa es porque es cómplice”.

De hecho, en esta administración, México se ubica en el último lugar en un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la percepción de corrupción de sus miembros. Desde el templete palaciego se descalificó el estudio y remarcaron su desconfianza en esas instituciones porque nunca protestaron ante los cambios legales en México con los cuales se permitió el saqueo de las arcas nacionales. Se habla, se generan discursos para entusiasmar a la feligresía, aparentar se está actuando, pero en la realidad no hay denuncias y mucho menos causantes de estragos y desvíos frente a ministeriales.

En relación a las últimas denuncias, en la entrada principal de la FGJ, antes de entregar las acusaciones en contra de la actual gobernadora de Campeche y entregar cuatro cajas con materiales sustentando las, Lía Limón lamentó se haya hecho un mal uso de los recursos públicos. Con esta acción, destacó en conferencia de prensa, se busca “combatir la rampante corrupción que hubo en tiempo de Layda Sansores, en la alcaldía Álvaro Obregón”, aunque, anteriormente se presentaron cuatro denuncias ante ésta Fiscalía y 150 actas de observación ante la Contraloría. Hasta el momento, no hay ningún avance de esas denuncias, pero ahora se suman irregularidades detectadas en el programa Mercomuna, creado en 2020, para apoyar a la economía de las familias más vulnerables; así como a comercios locales.

La alcaldesa entregó triplicadas; se encontró en el padrón de beneficiarios a personas fallecidas y “peor aún, personal de la alcaldía, funcionarios que recibieron vales”. Se tienen además firmas de servidores públicos como supuestos titulares de comercios quienes recibieron dinero a cambio de vales, y se carece del padrón de beneficiarios y comercios receptores de 31.2 millones de pesos. “Lo más delicado es que la entonces directora de Finanzas, Aurora Yolanda Martínez Hernández, hizo cheques a su nombre, que cobró ella o endosó a otros funcionarios públicos de la alcaldía. El dinero quedó ahí, no llegó a los necesitados”.

Limón exhibió un contrato de servicios firmado en 2020 por Walter David Padrón, actual vocero de la gobernadora, por 3.4 millones de pesos para la difusión del quehacer gubernamental en internet y redes sociales, del cual no hay evidencia. Se presume fue simulado. Otras asignaciones donde encontraron irregularidades están en la compra de calentadores solares y de paso, a los cuales destinaron 36.6 millones; y la digitalización de bibliotecas, la cual no se realizó, destinando 8.2 millones de pesos. Así como en los programas sociales de promoción y autocuidado y envejecimiento de las personas mayores y grupos de atención prioritaria y los promotores del desarrollo social, a los cuales se asignó un presupuesto de 39.6 millones de pesos.

Además, en mayo de 2021, Layda Sansores, entonces candidata a gobernadora de Morena en Campeche, fue denunciada por lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República porque siendo alcaldesa de Álvaro Obregón dio contratos a empresas fantasma; la ubicaron en la lista negra del Servicio de Administración Tributaria (SAT). “Existe un daño al erario público por 33 millones de pesos, pues Layda Elena Sansores San Román llevo cabo junto con diversos funcionarios adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública con empresas (de la lista negra) de los artículos 69-B del Código Fiscal Federal”, señaló Teresita Cervantes Pérez en la querella presentada ante la FGR.

Cervantes explicó fue en la administración de Sansores cuando se suscribieron contratos con empresas de la lista negra del SAT, las cuales emiten comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes. Las empresas, consideradas como fantasmas por el SAT, Grupo Constructor Con Hir, Spmexases, GEA Asesoría y Gestión Empresarial, Radora Colimex, Miel Industria, Servicios Especiales para la Construcción, Comercializadora Ned Sol y San Market fueron contratadas en 2019 y 2020 por Layda Sansores, señala la denuncia.

Hace dos semanas, se difundió recibió la gobernadora Layda Sansores una sopa de su propio chocolate. La mandataria morenista, quien se ha dedicado a espiar de manera ilegal a sus adversarios políticos y difundir conversaciones privadas y mensajes de WathsApp de varios personajes políticos, entre ellos Alejandro Moreno, líder del PRI, ahora le tocó ser víctima del sistema de espionaje en sus conversaciones personales. La revista Proceso difundió una serie de conversaciones de Sansores intercambiando mensajes con su sobrino, Gerardo, quien junto con su esposa América Azar, ex secretaria de Finanzas en la administración de Moreno Cárdenas, se infiltraron y traicionaron a su jefe “Alito”.

En una de las conversaciones filtradas de la gobernadora, el sobrino hace hincapié sobre el ex gobernador quien ayudó al triunfo de Sansores San Román robando recursos públicos del erario campechano para hacer el “cochinito” y así financiar las campañas de la morenista y ex alcaldesa de Álvaro Obregón. En las conversaciones se exhiben las tensiones al interior del gabinete de Sansores, las fracturas al interior de Morena y su relación con la prensa a quien la mandataria estatal pide a una persona de su equipo “ofréceles más dulces a los medios”.

Si bien se observa, lo publicado por Proceso es hoy la pretendida defensa de la Sansores al señalar, quienes fueron exhibidos en los videos, tales filmaciones corresponden a la etapa de gobierno del exgobernador Alejandro Moreno, Sin embargo corresponden a la etapa de Miguel Aysa, del suplente de “Alito”, el mandatario quien, al entregar el estado a Morena, a doña Layda, aseguró total impunidad con su designación como embajador. Para fortalecer de donde y con quien se hicieron los acuerdos está como ejemplo su hijo y la adhesión de este al partido presidencial. El pueblo de Campeche, como los habitantes de muchas otras entidades, no merece el gobierno que tiene,

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El ex presidente Felipe Calderón negó las acusaciones del ex fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, en donde lo relacionan con una presunta orden girada junto al ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, para proteger al Cártel de Sinaloa y a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. A través de redes sociales calificó a los testimonios del ex funcionario como “una absoluta mentira”, y afirmó nunca haber negociado ni pactado con grupos delincuenciales…( 𝘭𝘢𝘵𝘪𝘵𝘶𝘥𝘮𝘦𝘨𝘢𝘭𝘰𝘱𝘰𝘭𝘪𝘴.𝘤𝘰𝘮).

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