Trabas para sentenciar un militar volador de indigena

𝙆𝙖𝙧𝙡𝙖 𝘽𝙚𝙣í𝙩𝙚𝙯. ACAPULCO, Guerrero.- Un juez federal de Acapulco pospuso la audiencia de vista final del juicio contra dos militares por violencia sexual en contra de Inés Fernández Ortega, una mujer indígena Me’phaa, debido a que no se hicieron los trámites necesarios para que uno de los inculpados acudiera a comparecer. 

En conferencia de prensa afuera del Juzgado Segundo de Distrito ubicado en el Poder Judicial de la Federación en la zona Diamante de Acapulco, donde hoy se llevaría acabo la audiencia, el abogado de Inés, Rogelio Téliz García indicó que ven riesgo en que la audiencia se haya pospuesto para el lunes 24 de octubre. 

“Nos preocupa esta suspensión de audiencias, porque no sabemos qué están planeando o están pensando, y no nos vayan a salir con una sorpresa de que es inocente -el militar-cuando no lo es”, dijo el defensor de Inés, e integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.

El abogado precisó que adentro del juzgado se les informó que la audiencia no se celebraría debido a que Humberto García de León, uno de los dos soldados que abusaron de Inés en 2002, está preso en el Campo Militar número uno de la Ciudad de México, y no fue presentado ante un juzgado de procesos penales en esa entidad para que pudiera presentarse hoy a la audiencia que se llevaría acabo en el puerto. 

“La defensa del militar, que es una defensa privada ha estado metiendo muchos obstáculos, ha estado pidiendo diferimientos, no sabemos cuál es la intención”, expuso el abogado. 

Téliz García señaló que esperan que el emplazamiento de audiencia final que dio hoy el Juez Federal, no sea por presiones del Estado y del propio Ejército. 

Resaltó que cuando Inés presentó su denuncia tenía 25 años de edad, y a 20 años de los hechos, la mujer sigue sin recibir justicia. 

Recordó que ese entonces las autoridades mexicanas ignoraron el caso, por lo que tuvieron que recurrir a otras instancias y llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien reconoció que el Estado tuvo responsabilidad en el agravio a los derechos humanos, la dignidad e integridad de Fernández Ortega. 

En el contexto de la aprobación y respaldo de la presencia del Ejército Mexicano en el país por parte de los tres poderes de gobierno, el abogado de Inés reiteró que esperan que la suspensión provisional de la audiencia no se deba a algún tipo de presión para que no se haga justicia para la indígena.

Por su parte, Inés Fernández, quien ahora tiene 45 años de edad, pidió que se realice la comparecencia final de su agresor, “porque yo llevo ya muchos años luchando, para que esta persona sea castigada”. 

Fernández Ortega fue acompañada por organizaciones sociales de defensa de derechos humanos como el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morales y Pavón; el Colectivo contra la Impunidad, el Centro comunitario de Ayutla y Tlachinollan. 

El 22 de marzo de 2002, Inés Fernández Ortega fue abusada sexualmente por dos militares, adentro de su casa mientras se encontraba con sus cuatro hijos. Desde entonces se interpusieron una serie de recursos a fin de investigar y sancionar a los responsables. 

Los dos señalados fueron encarcelados en la prisión militar número 1 de la Ciudad de México, en donde uno de ellos murió presuntamente en una riña, sin recibir una sentencia. Humberto, el segundo implicado, todavía vive y continúa sin un veredicto formal en su contra por el delito de violencia sexual. (𝘣𝘢𝘫𝘰 𝘱𝘢𝘭𝘢𝘣𝘳𝘢.𝘤𝘰𝘮.𝘮𝘹). 

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