PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA CON FOTO

Unico Soto autoriza compras en
Gobierno, con sobreprecio al 50%

--Creó su grupo de corredores como los proveedores de bienes y servicios
--Protegido de Tulio, se le debe aplicar una auditoría, hace turbios negocios

Javier Francisco Reyes.—Violentando la Ley de Adquisiciones, y perversamente creó su grupo de corredores incondicionales como proveedores en compras con sobreprecios desde un 30 y 50 por ciento en los bienes y servicios para el gobierno estatal Astudillista,  además se adjudica el derecho y que la única firma que vale para autorizar, ignorando a la Dirección de Adquisiciones, es lo que ha venido haciendo en los últimos meses el subsecretario de Finanzas y Administración del gobierno del est
ado, Armando Soto Díaz, con la protección impune del secretario Tulio Samuel Pérez Calvo.
De acuerdo a una denuncia pública hecha llegar a la redacción de La Crónica, Vespertino de Chilpancingo, los responsables pidieron guardar en el anonimato la identidad por temor a represalias,  pero explicaron que la flagrante violación a la Ley de Adquisiciones la está cometiendo el servidor público, pues todas las compras superior a los dos millones de pesos, debieran ser licitadas públicamente, hasta ahora es pura simulación.
Con estas acciones el Gobierno de Héctor Antonio Astudillo Flores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) está incrementando la corrupción con Armando  Soto Díaz, quien también ha creado perversamente su grupo de corredores como “exclusivos” proveedores afines a su persona y ya le hizo sabe que él es el único que autoriza todos los pedidos  para la adquisición de bienes y servicios en el Gobierno estatal.
Además simula licitaciones con su propio grupo de incondicionales y lo más grave es que ha estado ignorando a los encargados de la Dirección de Adquisiciones y sus áreas dependientes para llevar a cabo toda la tramitología para que los proveedores autorizados en el padrón oficial puedan participar en la prestación del servicio confirme a la norma establecida.
Los denunciantes afirmaron que desde que llegó  Soto Díaz a la subsecretaría Finanzas y Administración ha nulificado el área de Adquisiciones y todas las normas protocolarias, con la advertencia que todos los pedidos m validos que estén firmados únicamente por él y nadie más para hacer las compras y contratación de servicios.
También presumen los quejosos que hasta se habría traído su propia comercializadora con presta nombres que tenía “trabajando” cuando fue delegado federa en Guerrero de la ahora desaparecida Secretaría de Desarrollo Social quien hizo y deshizo con el erario público y lo mismo podría estar sucediendo en el Gobierno estatal Astudillista en donde presume que tiene todo el apoyo del mandatario.
Los sobrepecios de los bienes y servicios que están por encima del 30 y 50 por ciento a los costos reales del mercado tienen que ir firmados nada más por Soto Díaz y es para su grupo de corredores-proveedores incondicionales que no llevan tiempo trabajando para el Gobierno estatal, desplazando a quienes tienen antigüedad y que ofrecen mejores costos en la materia.
El protegido del secretario de Finanzas y administración del gobierno de Guerrero, Tulio Pérez Calvo, para acaparar el poder, acusa a los funcionarios de la Dirección de Adquisiciones de corruptos, cuando en realidad el corrupto es el mismo Soto Díaz, quien presume tener todo el respaldo del gobernador priista, Héctor Antonio Astudillo Flores.
Por esa supuesto respaldo, el funcionario de la hacienda pública, incurre en el acaparamiento de los pedidos y licitaciones solo a sus a consentidos pero con sobreprecios entre  el 30 y 50 por ciento más caro y asignando licitaciones simuladas a través de sus corredores.
Los quejosos demandan al gobernador priista Héctor Antonio Astudillo Flores  su intervención directa en contra del zumpangueño Armando Soto Díaz, porque está haciendo el negocio redondo, para ello debe ordenar se le practique una auditoría a través de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental para descartar malos manejos y no perjudique a su administración  estatal que le falta para terminar menos de un año y medio, concluyeron.