COLUMNA

Café Astoria
Ignacio Hernández Meneses

La necesaria transparencia en  el Fondo de Apoyo a Periodistas
En 1992, un grupo de periodistas de las siete regiones de la entidad impulsamos el Fondo de Apoyo a Periodistas (FAP), siendo gobernador José Francisco Ruiz Massieu. El objetivo principal trazado era para garantizar el bienestar integral de los periodistas, que en manera voluntaria, expresaron su voluntad de pertenecer al FAP, mediante convocatoria pública emitida por el Comité Técnico y que la principal actividad económica redunda en las funciones periodísticas (artículo 16 de la ley 463). Bueno, así reza la norma de operación. Sin embargo, es grave y preocupante que la mayo

ría de los miembros no tengamos información suficiente ni oportuna sobre la situación que guarda este organismo público, debido a que algunos de los que han sido representantes ante esta instancia, no han bajado la información a sus respectivas bases. Hoy se ve un FAP viciado, falto de transparencia, de grupos de compañeros que han hecho del Fondo, su modus vivendi. Hoy es urgente y necesario cerrarle el paso a la intentona de reducir el monto del seguro de vida. Aunque ya en un comunicado oficial de fecha 22 de febrero, la Secretaría Técnica del FAP ya aclaró que “no se contempla ninguna reducción al seguro del FAP”, es urgente y necesario que Mario Moreno Arcos, secretario de Desarrollo Social dé una explicación acerca de esta inaceptable propuesta de reducir de 500 a 300 mil pesos la póliza por el seguro de vida que se paga a deudos de periodistas que han fallecido. Según Ricardo González Rodríguez, coordinador de agrupaciones de periodistas ante el FAP, informó a compañeros de Iguala y Zihuatanejo, que en la próxima reunión del comité técnico se discutirá y en su caso se aprobará la propuesta de reducir la póliza del seguro de vida. Esa propuesta significará un retroceso, una regresión que afectaría al colectivo de periodistas que aquí y ahora, nos oponemos a esa insana idea. Legalmente, el presupuesto para este 2020 para la operación del FAP ya está aprobado, reducirlo también significaría en términos formales, que don Ricardo estaría jineteando esos recursos públicos para beneficio propio y de sus allegados. Se habla incluso que pretende canalizar un recurso para la actualización de los periodistas, propuesta valiosa pero debería consultarse para invitar a notables comunicólogos para realizar esta tarea y no personas de los que se desconoce su trayectoria. Cabe precisar, que de acuerdo con la ley, éste coordinador carece de personalidad jurídica, no representa a la Secretaría Técnica ni al titular de la Sedesol y mucho menos al Fondo de Apoyo a Periodistas. Por eso es sano que el titular de la Sedesol, Moreno Arcos, haga las observaciones y precisiones necesarias al tema. La ley es clara, no puede ni debe desviarse ni un peso para los apoyos académicos, compra de equipo y vivienda, mucho menos de la póliza de seguro de vida. Con la vida no se juega. En la defensa de nuestros derechos, ¡Ni un paso atrás!.