SEGUNDA PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA CON FOTOS
Baja la violencia pero
aumenta la crueldad
aumenta la crueldad
La lectura del dato diría que se transita por la senda del éxito en materia de seguridad. El patrón de la violencia de ahora en Guerrero, con masacres de familias enteras, desaparición de madres con todo y sus hijos, y el fenómeno de la expansión a casi todos los municipios, aleja de una cifra, que aunque fría, se antoja alegre.
De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE) durante 2019 se logró la detención de 1,299 personas con orden y en flagrancia, un incremento de 53 por cien
to en comparación con el año anterior.
Pero a pesar del despliegue de elementos de la GN, sobre todo en Acapulco a donde enviaron a 500 elementos, cuatro personas armadas secuestraron a una familia, a la que la FGE buscó hasta que hubo protestas. Encontraron los cadáveres un mes después.
Meses atrás, otras dos familias completas también fueron privadas de su libertad, una en Paraíso de Tepila (Chilapa) y otra en Tixtla, a 20 minutos de la capital guerrerense.
Durante este 2019, tres mujeres fueron privadas de su libertad junto con su hijo o hija, apenas unos bebés. Zoe Valentina Domínguez Acevedo , de tres años, desapareció junto con su madre Sandra Miriam Domínguez Acevedo, de 38 años, en Chilpancingo, el 28 de marzo del 2019. En este caso, se activaron alertas de búsqueda (Amber y protocolo Alba) por ambas. De acuerdo con los registros de la alerta, Zoe apareció el 26 de abril del 2019, sin embargo, la mamá continúa desaparecida.
Magaly Echeverría Sánchez, de 20 años, fue sustraída de su hogar, en Huitzuco por hombres armados, quienes se llevaron a la joven mamá y a su hijo de un año de edad, el 11 de marzo del 2019, y localizada el 23 de marzo.
Sandra Guadalupe Villa Jiménez, de 18 años, desapareció en Coyuca de Benítez, el 16 de enero del 2019, con su bebé que aún no cumplía el año de edad. Siguen sin localizarlos.
Amapola. Periodismo transgresor, recuperó las historias de las tres familias desaparecidas en este año en que la cifra se antoja alegre.
UNA CARTA SIN RESPUESTA
Casi se cumple un año de aquella carta que habitantes de Paraíso de Tepila, un pueblo de Chilapa, le entregaron al presidente Andrés Manuel López en su primera visita oficial a Guerrero, informándole que unos hombres armados se llevaron del lugar a 12 de sus paisanos. Es el mismo tiempo que nueve niños y adolescentes llevan desaparecidos, porque las estrategias de seguridad nacional siguen sin cambiar el contexto de una zona pobre de inexplicable violencia.
El pequeño pueblo de origen nahua, ubicado en la parte baja de la región Montaña, con altos índices de marginación, ahora es un lugar deshabitado, porque cuando los habitantes le advirtieron al presidente que interviniera para frenar la violencia no exageraban.
Una parte de habitantes de Paraíso de Tepila eran parte del grupo de policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), asentados en Rincón de Chautla, otra comunidad de Chilapa, quienes denunciaron que vivían un acoso sistemático de Los Ardillos, un grupo criminal regional.
Cuando los comunitarios hablaban de Los Ardillos se referían a los miembros de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, un grupo armado que se fundó después de una irrupción armada a la cabecera municipal de Chilapa, ocurrida en mayo de 2015, con el argumento de detener a Los Rojos, otro grupo criminal de la zona que autoridades dejaron sin líder, al detener a Zenén Nava Sánchez.
López Obrador debió informarse de lo que vivía la gente de Paraíso de Tepila el 11 de enero pasado, el día que visitó Tlapa, el principal municipio de la región Montaña. Llevaba poco más de un mes como presidente.
En la carta narran que el 19 de diciembre del 2018 unas personas armadas entraron a Paraíso de Tepila con la intención de instalarse y ampliar sus tentáculos, pero no pudieron esa vez.
Antes de retirarse se llevaron a los 12 habitantes de quienes aún no se tienen referencias. Los policías comunitarios señalaron a Los Ardillos. Desde entonces el pueblo comenzó a deshabitarse.
A militares y policías estatales los acusaron de apoyar a Los Ardillos. El 26 de diciembre de 2018, de acuerdo con el texto de los comunitarios, un grupo de elementos oficiales llegaron a Paraíso de Tepila en aparente intervención, quienes en lugar de bloquear el paso de Los Ardillos permitieron que se expandieran. Se quejaron de que nunca instalaron un retén de vigilancia.
En realidad se carece de certeza de que el presidente leyera el documento de habitantes de este pueblo de Guerrero, o si lo hizo, no cambió nada.
A los 16 días de la carta, el 27 de enero pasado, los policías comunitarios de Rincón de Chautla se liaban a balazos con los de la Paz y la Justicia. En ese episodio murieron 12 personas, que habitantes de la zona, según consignaron medios de comunicación locales, ubicaron como bajas de Los Ardillos.
La versión oficial informó del hecho como un enfrentamiento a balazos que redujo a un pleito entre policías comunitarios.
La violencia en la zona continuó hasta extenderse a Rincón de Chautla, donde sus habitantes sostienen que llevan 13 años en medio de violencia sin saber por qué los delincuentes pretenden vaciar la zona.
Como resultado de la última etapa de violencia, de diciembre del 2018 a inicios de julio de este año, contaron 20 personas asesinadas y 12 desaparecidas.
Hasta julio el gobierno federal echó a andar su estrategia de seguridad. La Guardia Nacional se desplegó por los 24 municipios de Guerrero, incluido Chilapa, donde ya se han aplicado operaciones policiacas que incluyeron más elementos de los guardias que envió la administración de López Obrador para todo el estado, sin modificar sus circunstancias.
EL HIJO PELEA Y SE LLEVAN A TODA LA FAMILIA EN TIXTLA
Hombres armados a bordo de tres camionetas cerraron el acceso a la calle Montaño, en el barrio de Santiago, en Tixtla, el sábado 25 de mayo del 2019. Bloquearon el tránsito del transporte público, de vehículos particulares y de personas a pie. Durante unos 40 minutos nadie pudo pasar por esta parte del noroeste de esta cabecera pegada a la capital guerrerense. Los vecinos se encerraron para no comprometerse. Escucharon gritos y pedidos de auxilio. Pero nadie intervino.
Al día siguiente, el domingo a mediodía, los cadáveres de ocho personas aparecieron en una camioneta tipo Estaquitas, sobre una vialidad de Chilpancingo. Siete eran de la misma familia: los Sánchez Mora, la octava víctima era Xóchitl, de 26 años, enfermera, novia de Pablo Sánchez, el hermano mayor. Xóchilt era de Chilpancingo. Todos comían cuando los hombres armados irrumpieron en la vivienda de ladrillo, sin revocar, de una sola planta.
Los hombres armados, integrantes del grupo criminal conocido como Los Ardillos, cuyo jefe es hermano de Bernardo Ortega Jiménez, tres veces diputado local por el PRD —una de ellas fue el presidente de la Junta Política del Congreso guerrerense— y también tres veces alcalde de Quechultenango, se querían llevar al hijo menor de los Sánchez Mora, a Pedro Ignacio, de 16 años.
La familia no lo permitió. Se opuso a que se lo llevaran y, los hombres armados, creen que eran unos 18 en total, optaron por llevarse a toda la familia, al papá Sergio Sánchez, quien era sastre, a la madre Julia Mora, a Pablo Sánchez, de 27 años, quien era ayudante de cocina en la Normal Rural de Ayotzinapa, a Fernando Jaír, a Carlos Augusto, a Pedro Ignacio y a Xóchilt, la novia de Pablo que había ido de visita.
Tixtla es disputado por dos grupos del crimen: Los Rojos y Los Ardillos. Esta pelea por el control territorial ha cobrado muchas víctimas, sobre todo jóvenes.
Testimonios indican que Pedro Ignacio se había agarrado a golpes la madrugada de ese sábado con un hijo de un integrante de uno de los tres grupos de la Policía Comunitaria que hay en Tixtla, dos de esos grupos son aliados de Los Ardillos.
De septiembre del 2018 en adelante, cuando llegó a la presidencia municipal de Tixtla la perredista Erika Alcaraz, quien proviene de la misma corriente que Ortega Jiménez y fue impulsada por él en la política, varios jóvenes han sido sustraídos de sus hogares, algunos reaparecen muy golpeados, otros asesinados. Se especula que estos jóvenes tendrían alguna relación con Los Rojos, el grupo que controlaba Tixtla antes de que llegara Erika Alcaraz.
Aún cuando los asesinatos son cotidianos en esta cabecera pequeña, el homicidio de una familia completa, conocida además por ser gente de trabajo, afectó a la población, quienes lo hablaban de puertas para dentro de las casas. Nadie confía en nadie.
La abuela se niega a vender cervezas y se la llevan con hija y nietos
En Acapulco, la madrugada del 14 de octubre del 2019, en la colonia Simón Bolívar, unos hombres armados tiraron la puerta de la casa de Honorina, de 70 años, y se la llevaron junto con su hija Adriana Gutiérrez, de 38, y sus tres nietos Hiram Josué Almazán, de 19, Pedro, de 16, y René de 11.
Pedro y René eran estudiantes de la secundaria de la misma colonia, Hiram Josué estudiaba en la Facultad de Contaduría en la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) y la mamá de los tres, Adriana, en la Licenciatura en Psicología, también de la Uagro.
La noche anterior, alrededor de las once, los hombres llegaron a casa de Honorina a comprar cervezas, pero ella se negó a venderles, menos a abrir.
Vecinos y familiares informaron que en la madrugada escucharon golpes en la puerta, hasta que la derribaron, al parecer con las armas largas que llevaban.
La familia de cinco integrantes estuvo desaparecida un mes. El 15 de noviembre hallaron los cadáveres enterrados en el punto conocido como La Milpa, ubicado a unas cuadras de donde vivían.
La Fiscalía General del Estado (FGE) se negó a decir si la familia fue asesinada inmediatamente al secuestro o cuántos días estuvieron vivos. Informó que los cinco cadáveres tenían huellas de tortura y balazos en la cabeza.
“La Fiscalía nunca hizo nada para hallarlos vivos”, acusó Alma, familiar de Honorina.
El mismo 14 de octubre que privaron de la libertad a la familia hicieron la denuncia en la Agencia del Ministerio Público de Acapulco.
La FGE ignoraba a los familiares, hasta que el 24 de octubre marcharon por el Bulevar de las Naciones para exigir la búsqueda. Al término de la marcha protestaron frente a las oficinas de la Promotora Turística de Acapulco (Protur), donde despacha el gobernador Héctor Astudillo Flores cuando está en el puerto. Hasta ese día, la autoridad atendió el reclamo.
En la protesta participaron estudiantes de la Uagro, de las unidades de Contaduría y Psicología, en la que estudiaban Hiram Josué y Adriana.
El viernes 25, el gobernador, el fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos y el secretario de Seguridad Pública, David Portillo, recibieron a una comisión de familiares y amigos. Hasta entonces los buscaron.
La FGE detuvo a cuatro de los presuntos responsables, uno de ellos confesó qué hicieron con las víctimas y dónde estaban enterrados, indicó la dependencia mediante un comunicado de prensa.
Alma, familiar de las víctimas, informó que la FGE no tiene más avances de la investigación sobre el homicidio quíntuple.
Según las autoridades locales de Acapulco, dos organizaciones criminales han generado la violencia en las calles de este destino turístico.
Se trata del Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) y Los Virus, ésta segunda surgió de una división que hubo en el CIDA.
Sin embargo, existen otras 16 células que controlan la zona urbana y suburbana de Acapulco. Los empresarios y transportistas sostienen que esto ha acentuado el cobro de piso, los secuestros y homicidios.
Las cifras oficiales indican que en lo que va de este año, en Acapulco hay un registro de 997 homicidios dolosos.
Las autoridades sostienen que el CIDA, a pesar de la escisión, es el más fuerte. Controla la Costera Miguel Alemán, el centro de la ciudad, las colonias ubicadas al poniente, la zona suburbana que es el polígono 4, además del penal de Las Cruces, y Los Virus, la zona diamante y Puerto Marqués.
Alejandro Martínez Sidney, dirigente en Acapulco de la Federación de las Cámaras de Comercio (Fedecanaco) señaló que la violencia en este puerto ha llegado a niveles extremos.
Recordó que desde hace más de una década en Acapulco se han puesto en marcha al menos seis mega operaciones con policía federales, estatales, Ejército Mexicano y la Marina.
Pero nunca han funcionado, dijo.
En este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, supo, enviaron a unos 500 elementos de la Guardia Nacional. Pero, “para los empresarios hay plata o plomo, es lo que nos dicen los delincuentes”. (amapolaperiodismo.com).
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