POLICRÓNICA

¿Show?...Durante dos días un funcionario federal de la Cuarta Transformación, ha estado en Iguala de la Independencia encabezando actividades para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en vísperas de que se cumplan 58 meses de la tragedia del 26 y27 de septiembre del 2014, cuando gobernaba el Partido de la Revolución Democrática, se desea que no sea otro show mediático para justificarse ante la opinión pública de que están trabajando en el caso.

Cuando faltan escasos dos meses para que se cumplan cinco años de que se diera la masacre y desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” en Igual de la Independencia, ahora pareciera que la búsqueda se ha convertido un escenario de show mediático, lo peor es que los padres lo permite para que el Gobierno federal  se justifique de que está cumpliendo con dar con la “verdad histórica” no la inventada.En estos casi cinco años que se cumplen el 26 y 27 de septiembre del año en curso, hace escasos meses  de la administración del Gobierno federal que encabeza el presidente morenista Andrés Manuel López Obrador se reinstaló la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa. La esperanza de los padres de familia sigue viva de que podrían encontrar a sus hijos muertos o vivos, lo malo es que ahora el Gobierno federal busca a toda costa justificarse de que está atendido la sentida demanda de las familias guerrerenses. Pero entrar en una etapa en la que las evidencias se han perdido a lo largo de casi cinco años, nos parece que se está haciendo un show mediático, y tristemente es que se están prestando a ello los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos por una razón, quieren ver de una vez por todas resultados, pero se pierde la seriedad del caso cuando ellos desde un principio exigieron al gobierno federal del Partido Revolucionario Institucional encabezado por el entonces  Enrique Peña Nieto de que abrieran los cuarteles militares, principal las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de la ciudad de Iguala de la Independencia, en donde se presume que fueron internados los jóvenes en aquella noche y madrugada funeste del 26 y 27 de septiembre del 2014, cuando era gobierno estatal el Partido de la Revolución Democrática con Angel Heladio Aguirre Rivero a la cabeza, pero nunca se dio, fue hasta ayer miércoles en vísperas de cumplirse los 58 meses de esa infructuosa búsqueda de los padres de familia. Por primera vez los integrantes de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, encabezados por el subsecretario de Derechos Humanos y Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez y padres de los 43 jóvenes desaparecidos, ingresaron a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala de la Independencia, donde realizaron un recorrido por el campo militar y se reunieron con mandos del Ejército. El encuentro se da a dos días de que se cumplan 58 meses de los ataques y la desaparición de los estudiantes y a más de siete meses del decreto presidencial emitido el 3 de diciembre para la conformación de esta comisión especial. El ingreso al 27 Batallón de Infantería de Iguala de la Independencia, era parte de una de las principales líneas de investigación que demandaban los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y durante más de cuatro años en diversas ocasiones intentaron entrar y se les negó el acceso, lo que había generado diferentes protestas frente a ese cuartel militar, señalado por su presunta participación y omisión durante los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 cometidos por policías municipales de Iguala de la Independencia y Cocula, así como miembros del crimen organizado. Las puertas del Batallón se abrieron a la comisión de padres a casi cinco años de los ataques y la desaparición de sus hijos, tiempo en el que mandos militares y soldados que estaban durante ese tiempo en este batallón ya fueron cambiados a cuarteles de otros estados. El comandante de ese batallón ya fue cambiado en tres ocasiones, durante los ataques estaba al mando el coronel José Rodríguez Pérez, quien fue relevado en el cargo en julio de 2015 por el también coronel Álvaro Javier Juárez Vázquez, quien tiempo después fue relevado por el actual comandante, Filemón Campillo Vázquez. En esta ocasión no fueron invitados los representantes de la prensa local y nacional, lo más que se pudo saber de la “secreta visita” es que la Comisión Especial para el caso Ayotzinapa llegó cerca de las 9:00 de la mañana al cuartel del batallón y salió a las 4:07 de la tarde de ayer miércoles, encabezando el convoy de vehículos la camioneta en la que viajaba el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación federal, Alejandro Encinas Rodríguez. Al salir de las instalaciones del campo militar, al que no se permitió el ingreso a reporteros, se intentó platicar con el funcionario federal, también con el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, y padres de los 43 desaparecidos, sin embargo todos salieron con los cristales de sus vehículos arriba y no se detuvieron. Durante la tarde, después del encuentro, se trató tener comunicación vía telefónica con el abogado de los padres, también con el padre miembro de la comisión, Emiliano Navarrete y con el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, pero ninguno contestó. ¿Ahora que esconden?, ¿es todo un show mediatico montado? para distraer a la opinión pública o efectivamente han encontrado algo en las instalaciones de ese batallón de Iguala de la Independencia y si fuera así, estamos de acuerdo de que haya secrecía del caso, pero si es puro montaje, condenaríamos de que se estaría jugando con los sentimientos y esperanzas de los padres de los 43 estudiantes de los cuales al menos dos han fallecido en esta lucha incansable. Para continuar con esta actividad  en la que nos preguntamos  ¿es un show mediático bien montado?, hoy jueves en Iguala de la Independencia el subsecretario de Derechos Humanos y Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, miembros de la Comisión de la Verdad, y la Fiscalía General de la República (FGR) encabezaron durante la un cateo en una casa ubicada cerca de donde ocurrió uno de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa y del autolavado “El Peque”, en aquella fecha fatídica. Hasta entrada la tarde, se conoció de manera extraoficial que la acción es parte de los acuerdos del gobierno, la Comisión de Verdad y los padres de los normalistas desaparecidos, que desde anoche se han cateado al menos otras dos casas en la colonia Centro, y las operaciones continuaban la mañana de hoy jueves  en otros puntos de forma simultánea. De acuerdo con la información recabada con fuentes policiacas, desde las 2 de la madrugada se realiza la diligencia en la casa número 133 de la calle Benito Juárez, en la colonia “Juan N. Álvarez”, a una cuadra de donde fueron atacados los normalistas y a tres predios del autolavado “El Peque”, propiedad de miembros de la célula delictiva “Guerreros Unidos y que permanece asegurada como parte del caso desde 2016. En el lugar se observan más de 50 agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Federal, así como patrullas y camionetas de las dependencias que bloquean totalmente la visibilidad hacia la casa y el paso en la calle. En medio del hermetismo, alrededor de las 9 de la mañana las autoridades abrieron el portón de la casa y sacaron una camioneta pick up cabina y media, una hora después se observó entrar a Encinas Rodríguez, y también llegaron al lugar familiares del colectivo Los Otros Desaparecidos antes de las 11 de la mañana. De verdad  que deseamos que sean acciones concretas del Gobierno federal, que no sea un show mediático. Lo deseables es que con la presencia del funcionario federal Encinas Rodríguez, se ofrezcan resultados, no información de especulación. Lo deseable que mañana viernes cuando se cumplan 58 meses de esa tragedia que acabó hasta con el Gobierno estatal de Aguirre Rivero, haya megaresultados y que valgan la pena todo este tiempo de sufrimientos de los padres de los 43  que han recorrido no solo el país, sino hasta el extranjero exponiendo la barbarie vivida contra sus hijos. Si hay información veraz, permitirá que el Gobierno de la Cuarta Transformación no solo tenga reconocimiento de los familiares de los 43 desaparecidos, sino del pueblo de Guerrero, de la sociedad nacional e internacional, porque se estaría confirmando de que efectivamente como lo ha reiterado infinidad de veces el presidente Andrés López Obrador, que no son los mismos que los anteriores. Pugnamos porque salga la “Verdad Histórica” y no la inventada por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, con su actuación fue de un verdadero sátrapa, no solo engañó   a los padres, sino a todos los mexicanos. Esperamos que efectivamente  el nuevo régimen no repita la misma burda historia de  Iguala de la Independencia.…Bonillazo…El planteamiento de la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), está justificado, porque no hacen su trabajo conforme a la ley, y si pueden no solo la violentan, la pisotean y hasta se quieren sobreponer ante los lineamientos de la Constitución. En Baja California el organismo electoral local se convirtió en un fiasco desde la elección del Congreso local y recientemente la del Gobernador del estado, en donde resultó ganador uno del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Ahora esos diputados locales bajacalifornianos no solo hacen lo que les viene en gana, sino ya están sobre lo que estipula la Constitución de la República, violentando las Reformas electorales constitucionales. El Congreso local de aquella entidad federativa es mayoría  el Partido Acción Nacional y por esos excesos ya simbró al grupo parlamentario blanquiazul en el Congreso de Baja California se quedó con sólo seis legisladores, debido a que los otros seis renunciaron a esa fuerza política.Así lo dio a conocer el área de Comunicación Social de ese órgano deliberativo, y sostuvo que los diputados que por decisión propia abandonaron el PAN son los mismos que respaldaron la decisión de extender de dos a cinco años el periodo de gobierno del gobernador electo del morenista Jaime Bonilla. Se trata de Mónica Hernández Álvarez, Carlos Torres Torres, María Trinidad Vaca, Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio García Dworak y José Félix Arango.La salida de esos panistas se da en medio del proceso de expulsión que inició la Comisión de Orden del blanquiazul, después de la polémica votación en el Congreso de BC a favor del morenista –conocida como “ley Bonilla”–,cuya legalidad deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la misma sesión se anunció la deserción de los diputados panistas, la legisladora Claudia Agatón Muñiz (PT) asumió como presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, en correspondencia con el artículo 27 de la Ley Orgánica. En tanto, Eva María Vázquez Hernández y Víctor Morán Hernández quedaron al frente de los grupos parlamentarios del PAN y de Morena, respectivamente. Por el momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya declaró improcedente algunas controversias, pero  se espera que en las próximas horas, días y semanas, se impondrá la razón y el estado de derecho, porque los ciudadanos votaron por un Gobernador de dos años y no de cinco, como ahora buscan dejarlo con una reforma  al vapor realizado por el Congreso de Baja California. Está  en debate la situación jurídica de esa reforma anticonstitucional a todas luces, pero el alegato leguleyo está en el escenario nacional.