POLICRÓNICA

Negocioelectoral…Los consejos y tribunales de cada una de las 32 entidades, cada día se va demostrando que son innecesarios e inservibles, caros, desleales y poco confiables con los resultados de los comicios, en Guerrero, ante su inminente eliminación los han convertido en negocios familiares.

Cada día que pasa se van configurando los elementos para que en  México desaparezcan los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), por la pérdida de confianza en garantizar la plena legitimidad de las autoridades elegidas. En los últimos tiempos, las autoridades electorales de los 32 estados del país los consejos y tribunales locales, tienen que desaparecer con una reforma electoral, tal como lo planteó desde su campaña rumbo a la presidencia de la república Andrés Manuel López Obrador por el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en que al momento de estar en el poder plantearía  la desaparición de los llamados Oples y tribunales, porque ambas instancias no tienen autoridad moral y se han convertido en ventanillas para dar empleos de sus familias y amigos de los consejeros y magistrados  locales. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de Guerrero (IEPC) y el Tribunal Electoral del estado de Guerrero (TEEGro)  están peleándose con la austeridad republicana que desde el 1 de diciembre del 2018 instrumentó el nuevo régimen del gobierno federal, por ello es que ambos directivos han utilizado los organismos como negocio familiar y de amigos abultando la nómina, porque no demuestran eficiencia y eficacia de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), para ello se está planteando construir una reingeniería federal electoral que debe hacerse cargo de los comicios el Instituto Nacional Electoral (INE) y resolver todas las controversias el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife).  La desconfianza y la actuación desleal de los operadores políticos de los partidos, han propiciado que el sistema electoral sea barroquísimo, caro y además poco confiable. De cara a las promesas de campaña del actual presidente López Obrador, se antoja una nueva reforma electoral integral bien hecha con miras a fortalecer la democracia mexicana. El andamiaje electoral requiere ser ajustado de manera responsable frente a la pérdida de confianza y garantizar la plena legitimidad de las autoridades elegidas. Con los últimos comicios  locales ha quedado demostrado que el IEPC y TEEGro no están respondiendo con trabajo, lo que se observa es que ante el inminente desaparición de estos organismos con la nueva reforma electoral que está promoviendo a nivel federal Morena, se están repartiendo el botín inventando cargos administrativos y contratando personal para incrementar la nómina, una forma de llevarse lo más que se pueda de dinero disfrazado en salarios. La manera de conformar los consejos y tribunales tienen vicios que los alejan de la ciudadanía, por ende falta de credibilidad y confianza que sean garantía de garantes de la democracia. Con cotos y discrecionalidades políticas, solo los funcionarios electorales en su mayoría abogados pueden acceder al cargo de consejeros y magistrados. Definitivamente la casta electoral debe resquebrajarse, regresar a sus orígenes y abrirse a los ciudadanos reales. En el caso del estado de Guerrero, los presidentes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) encabezado Nazarín Vargas Armenta y Tribunal Electoral del estado de Guerrero,  Ramón Ramos Piedra han convertido esas instancias en verdaderos negocios particulares, se reparten el presupuesto entre familiares y amigos inventando plazas en un año no electoral 2019. En primer lugar, el pasado 17 de julio el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), anunció la presentación de un programa de austeridad, en el que se plantea la reducción de gastos de alimentación, gasolinas, telefonía celular, energía eléctrica y agua potable, sin embargo, no se contempla una reducción salarial. No lo hacen, porque es la única oportunidad para llevarse el presupuesto con la fachada de salarios, por ello anuncian los consejeros electorales que  la nueva política de gasto y disciplina presupuestaria del órgano electoral de Guerrero sería turnada al pleno, pero hasta la fecha nada se sabe. Sin embargo en los últimos meses, se ha cuestionado el actuar de los integrantes del Consejo General, quienes no han transparentado temas relacionados con salarios y prestaciones. Solo se ha informado que el salario neto mensual ascienda a unos 90 mil pesos al mes. Se ha cuestionado al IEPC por mantener una partida de 62 mil pesos, que, aunque es una cantidad baja, se destina para gastos de lavandería sin más especificaciones. También cuentan con otra bolsa, para realizar mejoras a las áreas verdes del edificio, que, aunque no cuentan con dichas áreas, se le destina 85 mil pesos. Uno de los planteamientos en el proyecto de acuerdo, es que habría una «restricción permanente» en cuanto a la contratación de personal, salvo casos específicos donde se justificara el ingreso de nuevos trabajadores. A partir de ahora, el Consejo General del IEPC tendría la atribución directa de asignar tarjetas o vales de despensa a trabajadores. Además, de que se señala que los empleados deberán hacer uso racional de material de papelería y útiles de escritorio. Otro de los puntos es limitar los gastos de impresión, así como disminuir al «mínimo» la organización de los llamados «coffee break. El pleno del IEPC plantea disminuir los gastos de energía eléctrica y el uso responsable de agua potable, para ello plantea dar indicaciones a los trabajadores para apagar equipos de cómputo y verificar fugas de agua. Asi  lo  dio a conocer que el órgano electoral destinó cinco millones 480 mil pesos para el servicio de alimentación de su personal. Pará disminuir ese gasto, ahora sólo se otorgarán alimentos a aquellos trabajadores que desarrollen actividades fuera del horario laboral. También se especifica que no habrá incremento a gasolinas y lubricantes para la flota de vehículos del órgano electoral, sin embargo, para este rubro el instituto desembolsa alrededor de siete millones 796 mil 550 pesos. Solo se agrega que, a partir de la aprobación del acuerdo, el funcionario que resguarde un vehículo se hará responsable de reparaciones básicas, así como de verificar que la unidad se encuentre en óptimas condiciones. Entre otras cosas se contempla disminuir la contratación de servicios de telefonía móvil y, de manera progresiva, abrir paso a su cancelación. Aunque no se dan más detalles, otro de los puntos es recortar los servicios de asesores, y contratar solo a «dispensables y de cuyos servicios sean justificadas con base en el presupuesto del presente año.Hasta hoy 24 de julio, solo ha quedado en puro anuncio mediático y buenas intenciones, pero nada concreto, nada de transparente, ni un compromiso de bajarse sus elevados salarios en tiempo no electorales como es el año 2019, en que no hay nada de ese tipo de actividad. También en el terreno suriano, en donde se andan peleando por el presupuesto, inventando cargos para la familia y amigos, es el caso del Tribunal Electoral del estado de Guerrero, es otro caso más de corrupción e impunidad, en donde sin convocatoria, ni criterios de selección, contratos de primer nivel en la estructura del órgano jurisdiccional, con salarios que alcanzarían los 50 mil pesos mensuales. Magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEE) se repartieron de manera discrecional, sin convocatoria, ni criterios de selección, contratos de primer nivel en la estructura del órgano jurisdiccional, con salarios que alcanzarían los 50 mil pesos mensuales. Con base a la solicitud de información, número TEE/SA/087/2019, de la Coordinación de Contabilidad y Recursos Humanos de la secretaría de Administración del Tribunal Electoral con fecha 8 de julio, el magistrado presidente, Ramón Ramos Piedra, obtuvo la mayor cantidad de contratos.En segundo lugar, el magistrado J. Inés Betancourt Salgado, en la misma condición el expresidente del TEE, René Patrón Muñoz e Hilda Rosa Delgado Brito; mientras que al magistrado Emiliano Lozano Cruz, cuyo periodo fenece en septiembre próximo, se le asignó un secretario técnico, categoría “B”. Dentro de la estructura en el Centro de Capacitación, Investigación y Difusión Electoral integraron a 18 personas, entre capacitadores, investigadores, coordinación de transparencia, coordinador de comunicación social y ocho secretarios auxiliares; todos contratados de manera discrecional, sin previa convocatoria, ni criterios de selección. Lo anterior, pese a que según fuentes internas que en lo que va de este año, el Centro de Capacitación no ha desarrollado ninguna actividad que justifique la cantidad de personas que le fueron asignadas. Esta instancia, dentro del TEE es encabezada por Jacqueline Carranza Reyes, designada por el magistrado René Patrón Muñoz, expresidente. Presuntamente la contratación del personal es excesiva, luego de que órgano obtuvo para este ejercicio presupuestal un monto de 80 millones de pesos, pese a que no es un año electoral. El magistrado Ramos Piedra contrató a Magaly Duarte Bañuelos, como “coordinadora de grupos vulnerables”, figura que no tiene sustento en el organigrama del Tribunal Electoral; también designó a un coordinador de Informática, un secretario particular y tres secretarios auxiliares, así como a Rodolfo Montes Alcántara, como coordinador de Estadística y Jurisprudencia Electoral. A su vez, el secretario de Administración, Miguel Ángel Rabadán Delgado, quien depende de Ramos Piedra, contrató a uno de sus hijos con la categoría de auxiliar administrativo. El titular del Órgano de Control Interno, José Ángel Mendoza Juárez, también fue designado por el magistrado presidente. A los magistrados Ramón Ramos Piedra, René Patrón Muñoz, J. Inés Betancourt e Hilda Rosa Delgado Brito, les correspondieron por lo menos tres capacitadores y tres investigadores a cada uno. Así es como se reparten de manera impune el dinero del pueblo de Guerrero, en año no electoral y todavía con cinismo, reclaman que no se les cuestione, que se pone en peligro su integridad física por lo que gana. Si esa misma actitud la asumiera el presidente de México, Andrés Manuel López Obrero no revelara su ingreso mensual de 108 mil pesos desde que inició su responsabilidad el 1 de diciembre del 2018, por el contrario lo ha repetido miles de veces para que los mexicanos sepan exactamente cuánto le cuesta a México mantener al presidente en su cargo. El primero de julio del 2018 la elección fue históricamente holgada, evitó que las trapacerías y los grandes errores de las autoridades electorales se notaran. La tendencia de las elecciones tienden históricamente a ser cerradas. Diversos factores emplazan una nueva y seria reforma. Reducir costos de la democracia electoral; tiempos de campaña, procedimientos con menos costosos, implacable vigilancia fiscalizadora, uso de tecnologías confiables ¿Urna electrónica?  Límite al financiamiento a los partidos políticos que deben sujetarse a una real transparencia y funcionamiento interno regulado, evitando tanto los grotescos chapulinazos y predominio antidemocrático de camarillas; revisar también las conformación de coaliciones. Vencer la desconfianza como motor de las embrolladas de las leyes electorales, es decir, simplificar la normatividad electoral. Muchos procedimientos carísimos se agilizarían si se eliminaran candados de vigilancia innecesarios. Desaparecer Oples y Tribunales locales, éstos últimos no tienen autoridad moral y se han convertido en ventanillas; o construir una ingeniería federal electoral que debería prescindir del INE. Recuperar los consejeros ciudadanos con ciudadanos leales reconocidos y evitar la burocratización electocrática. Repensar y en su caso legislar la segunda vuelta. Finalmente, la tarea no es sencilla pero muy necesaria a corto plazo, para ello se plantea que antes de que termine el 2019, se tenga una nueva reforma electoral en México. Con la eliminación de los Oples en este país, se calcula que habría un ahorro de entre 5 mil y 9 mil millones de pesos.Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena y promotor de la reforma electoral, ya que el presupuesto para el Instituto Nacional Electoral (INE) aumentaría en un año con proceso electoral, pero si no lo hay no se incrementaría. El legislador aseveró que con estas medidas no pondrá en riesgo la efectividad y certeza de los procesos electorales, “Vamos a revisar el gasto; no se va poner en riesgo nada”. Con la eliminación de los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLEs) se generaría un ahorro de entre 7 mil y 9 mil millones de pesos en un año sin proceso electoral y con proceso, el ahorro sería de 5 mil millones. Con esa cantidad de dinero alcanzaría para hacer mucho por los más pobres, entre ellos de las regiones de la montaña y la costa chica.…Apeg2º…Con motivo del segundo aniversario de su refundación, la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG) lo invita para hoy miércoles 24 de julio a la presentación del libro: “La fosa de agua: Desapariciones y feminicidios en el río de los Remedios”. El libro será presentado por su autora, la periodista, especializada en feminicidios y derechos humanos Lydiette Carrión a las 18:00 horas, en el museo universitario “José Juárez”, ubicado en el andador Zapata colonia centro. Entrada es libre, todo mundo está invitado a participar en el festejo de la APEG2º aniversario. Un evento que nadie debe dejar pasar y asistir para convivir con los periodistas capitalinos en un evento netamente cultural, en la que se puede asistir sin mayor tramite que llegar y participar. Asiste, no te arrepentirás. Se agradece su asistencia.