SEGUNDA PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA

Oculta la Judicatura federal
enorme rezago en tribunales

Olivia Soriano.--El Consejo de la Judicatura Federal oculta deliberadamente el enorme rezago en materia de resolución de expedientes judiciales de los tribunales colegiados de Guerrero -algunos con varios años esperando resultados-, el argumento para no informar es que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) no cuenta con esos campos de captura, es decir, omiten cre

ar estadísticas del atraso que pudiera mostrar ineficacia.
De acuerdo a la respuesta de la secretaría técnica para el trámite de solicitudes de acceso a la información, a cargo de Valeria Soberais Kurczyn, se indica que para obtener datos sobre “asuntos judiciales rezagados”, que debieran ser de uso común, se necesitan involucrar diversas condiciones técnicas que imposibilitarían allegarse de la información en una primer consulta al sistema, por lo que se tendrían que revisar cada uno de los asuntos radicados en los órganos jurisdiccionales, lo que no se encuentra tutelado por la ley de acceso a la información”. La respuesta es un verdadero pretexto y un absurdo.
Pero sumado a subterfugios como el anterior, está el hecho que, según los testimonios y la experiencia de abogados, los tribunales federales de Guerrero son de los que más atraso y arbitrariedades presentan. Varios refieren atrasos de dos a tres años en resoluciones que no deberían pasar de los 90 días hábiles como marca la ley en la materia. Incluso, en expedientes que son retirados por criterios o presiones extrajudiciales, ya sea de carácter moral, político o económico, los magistrados violentan sin ninguna sanción el artículo 34 la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que señala que “los magistrados listarán los asuntos con tres días de anticipación cuando menos, y se resolverán en su orden. Los proyectos desechados o retirados para mejor estudio deberán discutirse en un plazo menor a quince días, no pudiendo retirarse un mismo negocio por más de una vez”, este precepto es constantemente quebrantado sin que medie ninguna sanción.
En cuanto a sanciones, durante el periodo de enero a febrero de este año, la Judicatura informó de 62 casos a nivel nacional que van desde amonestaciones públicas o privadas, suspensión del empleo o cargo, inhabilitación temporal, sanción económica, hasta destitución del puesto, por notoria ineptitud. No obstante, la mayoría de las sanciones son relacionadas por inconsistencias en las declaraciones patrimoniales.
De los 62 casos de este año, destaca Guerrero con seis sanciones, así como tribunales de la Ciudad de México y estado de México.
De Guerrero estos son los sancionados: secretario particular de magistrado de circuito 2do tribunal colegiado en materia penal y administrativa, Acapulco. Amonestación pública.
Secretario del primer tribunal colegiado penal y administrativo, Acapulco. Destitución del puesto.
Secretario del cuarto juzgado de distrito, Acapulco. Amonestación pública.
Actuario judicial juzgado tercero de distrito, Acapulco. Amonestación privada.
Enlace técnico, juzgados de distrito, Iguala, amonestación pública.
Enlace técnico, juzgados de distrito, Iguala, amonestación pública.
Como puede apreciarse, todas las sanciones son contra trabajadores menores pero ningún magistrado o juez ha sido sancionado hasta la fecha pese a las quejas que existen.
Así también, la Judicatura federal informa que en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 se recibieron 10 mil 754 expedientes, de los cuales se resolvieron sólo 252 causas penales y 644 procesos civiles o administrativos, dando un total de 896 resueltos, quedando en rezago 9 mil 858 expedientes.(bajopalabra.com.mx).