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Javier Francisco Reyes.—“Por más justo y razonable”, es injustificable el aumento salarial de los consejeros del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del estado de Guerrero, luego de pasar de 75 mil a 99 mil 990 pesos mensuales.
El anterior desacuerdo fue expresado por el consejero Edmar León García, luego de que ayer jueves en sesión de Pleno del IEPC aprobó modificar su presupuesto de ingresos y egresos, y el tabul
ador de salarios del órgano electoral.
Destacó el consejero, “Considero que todo aquel que administra dinero público debe actuar desde la racionalidad y la austeridad en el gasto, razón por la cual las y los Consejeros de este Instituto debemos establecer una política de gasto responsable y congruente”.
Comentó que pese a que el aumento salarial de los integrantes del Consejo General de Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) se aprobó por unanimidad, el consejeroEdm
ar León García insistió que no está “justificado”.
El salario de los consejeros era de 75 mil, pero a partir de ayer jueves se modificó con un aumento salarial de 24 mil 525 pesos por cada uno de los seis, de los consejeros, ya que un está vacante.
A partir de este año el consejero presidente consejeros, J. Nazarín Vargas Armenta percibirá al mesa 99 mil 990 pesos, según documentos oficiales, al igual que los consejeros, Roció Calleja Niño, Jorge Valdez Méndez, Edmar León García, Cinthya Citlali Díaz Fuentes, y Vicenta Molina Revuelta.
Durante la sesión, el consejero electoral emitió un voto concurrente en el que argumentó que la aprobación del nuevo acuerdo para acatar una orden del Tribunal Electoral del Estado (TEE) no estaba justificado “por más justo y razonable”.
Puntualizó en su manifiesto, “No existen elementos que permitan votar en contra del presente acuerdo, toda vez que se trata de un acatamiento de sentencia, además que de conformidad con los argumentos analizados y determinados en la sentencia se desprende que se está acatando en sus términos”.
Desde su percepción de León García,, es que no existe un parámetro para determinar los ingresos de los consejeros, y para determinar la cantidad económica que deben percibir de acuerdo a sus funciones, las cuales aparte de ser acompañados de razonamientos jurídicos, requieren otro tipo de criterios como políticos, económicos y sociales.
Antes de finalizar insistió, “Considero que todo aquel que administra dinero público debe actuar desde la racionalidad y la austeridad en el gasto, razón por la cual las y los Consejeros de este Instituto debemos establecer una política de gasto responsable y congruente”.
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