NOTA CON FOTOS

Ni seguridad, ni ayuda
ofrecen las autoridades

Desde mediados de febrero pasado, al menos unas 380 personas desplazadas de Guerrero esperan a la sombra de Palacio Nacional, en la Ciudad de México, una solución para el regreso a sus comunidades.
Un retorno en el que se garantice la seguridad de las familias; las respuestas han llegado a cuentagotas; mientras, mujeres, niños y ancianos viven en más de una veintena de coloridas tiendas de campaña.
Crescencio Pacheco González, ex comisario de la comunidad “Los morritos”, es desplazado de la comunidad de Campo de Aviación, municipio de Leonardo Bravo, desde que salieron de sus comunidades el 17 de febrero pasado se contabilizaban aproximadamente 320 personas, estos últimos días se incorporaron 60 personas de Heliodoro Castillo, en la parte alta de la sierra, así que al momento, viven unas 380 personas en el campamento.
En entrevista, explicó que con este plantón buscan solución a la violencia que se vive en Guerre

ro; el desplazamiento surgió el 11 de noviembre del año pasado a raíz de un grupo delictivo que opera en la sierra y se les denomina como Comunitarios, el problema, dijo, es por el libre paso de este grupo a las mineras de la región.
Expuso que desde el comienzo de las mesas de trabajo con autoridades federales se habían informado acciones por dos vías, la primera referente a la ayuda humanitaria, mientras que la segunda por la seguridad y definir las estrategias para que regresen a casa, sin embargo, “ni hay condiciones humanitarias, ni de la estrategia de seguridad, seguimos como estábamos en Guerrero”.
Dijo que antes, durante y después del desplazamiento buscaron audiencia con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, pero fueron tres meses de ir y venir con las autoridades locales y federales, sin obtener respuestas.
Bajo el intenso sopor generado por las coloridas lonas de plástico, explicó que tuvieron un primer acercamiento con el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien a su vez designó a Neftalí Granados y Félix Santana para realizar acciones en favor de estas comunidades; sin embargo, dijo que ante la oleada de violencia es necesaria mayor intervención.
En ese sentido, explicó que solicitan la firma de un acuerdo que les garantice la seguridad para volver a sus comunidades, porque “le están dando más importancia al dinero que al sufrimiento de la gente, nos han criminalizado que somos un grupo delictivo y que es el gobernador del estado el que debe hablar con las dos partes”.
Consideró necesario contar con las condiciones para que regresen a sus comunidades, buscan la renta de una vivienda personal por familia, una ayuda para alimentación y otra para adquirir algunos enseres mientras se restablece la seguridad en sus comunidades.
“Somos víctimas de un grupo armado, somos víctimas de desplazamiento forzado interno, pero ellos no lo ven así, si supieran lo que ha pasado en estos cuatro meses, meses atrás estar sumiendo las costillas y con el miedo de las balaceras, nuestros hijos vienen mal, porque oyen ruido fuerte y salen corriendo y está la lloradera, las mujeres se ponen en pánico, ya pasamos un proceso de violencia, balaceras en todos lados”.
Añadió que las autoridades ofrecieron la renta de un hotel, en Chilpancingo o en Chichihualco, pero no se trata de uno o dos días de estancia, sino de un proceso de varios meses, de entrada dos, para que comience a llegar la ayuda humanitaria a Chichihualco.
Luego, comentó, establecer registros de las personas afectadas, el ingreso de las mismas en programas sociales, la revisión de las estrategias de seguridad y la realización de denuncias para ser acreedor a programas del Registro Nacional de Víctimas (Renavi) y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Las comunidades que viven a la sombra del Palacio Nacional en la actualidad son originarias de los poblados Carrizal, Campo de Aviación, Filo de Caballos, Morros, Tres Cruces y La Escalera.
Así como de Pueblo Viejo y Vuelta del Sur, con comitivas que pudieron salir de los pueblos, pero el riesgo es para los que se quedaron, ya que viven obligadas y amenazadas de que deben estar del lado de los Comunitarios, señaló.
Asimismo, refirió que los cambios drásticos de clima en la capital mexicana ya han afectado a los más pequeños, además de que cada comunidad tiene una responsabilidad en el campamento; hay quienes se organizan para preparar los alimentos, otros que verifican los servicios de baños, del agua, ir por el mandado y la seguridad de quienes por el momento viven ahí.
Además, buscan que las soluciones sean calendarizadas, aunque señaló que autoridades del gobierno federal les ofrecieron transporte para regresarlos a Chichihualco para ser acreedores a los beneficios del programa de Atención a Víctimas y al Renavi, mediante una denuncia cuyo tiempo de resolución es de un promedio de dos meses, a lo que los integrantes de estas comunidades accedieron.
Sin embargo, solicitaron además la firma de un compromiso que les garantice lo anterior, debido a que consideran que si se van del campamento instalado a las afueras de Palacio Nacional sin un documento, podrían ser olvidados de nueva cuenta en sus comunidades violentadas.(Notimex).