SEGUNDA PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA

Incumple Astudillo con CNDH
para evitar más autodefensas

Ezequiel Flores Contreras.--La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), denunció en su reciente recomendación sobre el caso Iguala, que el gobierno de Héctor Astudillo Flores y la actual legislatura local no han cumplido las recomendaciones emitidas en 2016, sobre la expans

ión de grupos de autodefensa en la entidad.
Dicha omisión ha provocado una violación sistemática al derecho a la seguridad ciudadana ante “la marginación, inseguridad, así como para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la población guerrerense”, dice el documento.
En su recomendación 15VG/2018, hecha pública a finales del mes pasado, la CNDH dedicó un apartado específico al tema de los grupos de autodefensa.
Al respecto, afirma que a la fecha el gobierno de Astudillo y la LX legislatura local han incumplido la recomendación 9/2016 del Informe Especial sobre la Seguridad Pública y los Grupos de Autodefensa en el Estado de Guerrero.
“En especial, las que fueron dirigidas a instancias como el gobernador y Congreso de Guerrero que están relacionadas con la irrenunciabilidad de las obligaciones estatales en materia de seguridad pública”, expresa el organismo.
Así como con la presentación de iniciativas de ley y reformas, que permitan una plena armonización de los sistemas normativos indígenas con el estatal, a través de una adecuada delimitación de competencias en las materias de seguridad pública e impartición de justicia.
Además del establecimiento de los mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal, refiere el organismo.
En el apartado “Surgimiento de la Policía Comunitaria en el Estado de Guerrero, ante la Ineficacia del Estado para Garantizar la Función de Seguridad Pública en esa Entidad Federativa”, la CNDH afirma que a la fecha se han actualizado violaciones a los derechos humanos con motivo de las acciones y omisiones en materia de seguridad pública y acceso a la justicia en el estado de Guerrero.
Sobre este tema, la CNDH recuerda que aún está presente la problemática relacionada con el respeto a la autonomía y a la autodeterminación de los pueblos indígenas, pues a pesar de las reformas a la legislación estatal, “aún existen deficiencias en la normatividad que dificultan una definición clara de competencias, así como de colaboración y coordinación entre los sistemas normativos indígena y estatal”.
En el “Informe Especial sobre la Seguridad Pública y los Grupos de Autodefensa en el Estado de Guerrero” -publicado el 17 de diciembre de 2013- también se consideró que se violentaron en agravio de la población guerrerense, los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad pública, a la seguridad jurídica, al trato digno y a la seguridad e integridad personales, a causa de un deficiente ejercicio de la función de seguridad pública a cargo de las autoridades estatales y municipales.
A través de estudios, se considera que, imitando a los ciudadanos colombianos, en México, en entidades como Michoacán y Guerrero, nacieron y se desarrollaron grupos civiles armados para defenderse de cárteles del narcotráfico.
Parte de los miembros de estas autodefensas fueron desarmados o habilitados como guardias rurales, pero otra buena parte continúa actuando fuera de la Ley, cometiendo actos que constituyen delitos, indica la CNDH.
Por ello, la CNDH considera que “resulta ineludible que es al Estado al que le corresponde hacer efectiva su obligación de garantizar la seguridad pública de los pobladores de Guerrero, lo que incluye a las comunidades y pueblos indígenas reconocidos y asentados en las regiones de la entidad, a través del gobierno estatal y de los municipios, a efecto de que no se continúe vulnerando en su agravio el derecho a la seguridad ciudadana”.
Actualmente, el gobierno de Héctor Astudillo Flores reconoce oficialmente la existencia de una policía comunitaria que opera en zonas rurales de población mayoritaria indígena y 19 grupos de autodefensa en áreas urbanas y rurales de población mestiza, así como la presencia de 18 organizaciones crimínales.
No obstante, en este año han surgido al menos tres grupos de autodefensa en los municipios de Tlapa, Tlacotepec y Petatlán. (proceso.com.mx).