NOTA

Deuda de Enrique Peña Nieto con
Los Otros Desaparecidos en Guerrero

Margena de la O.--Además de su gran pendiente con el caso Ayotzinapa, el gobierno de Enrique Peña Nieto termina sin respuestas a familiares de miles de desaparecidos documentados en Guerrero en los últimos años.
En Iguala, justo este 27 de noviembre que significó el segundo día de jornadas por los 50 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, miembros del colectivo Los Otros Desaparec

idos, quienes pusieron al descubierto la gran fosa clandestina en la que se convirtió esa ciudad, marchó para recordar que llevan cuatro años en movimiento en busca de los suyos.
El caso Ayotzinapa, que se resume en los hechos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, en donde asesinaron a tres normalistas y desaparecieron a 43 más, no fue resuelto por este gobierno. La investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), registrada como “La Verdad Histórica”, frase con la que el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, quiso dar por cerrado el hecho, no satisfizo a los padres de familia y abogados que continúan pidiendo justicia.
El caso exhibió un problema mayor de desaparición forzada en Iguala y en ese contexto surgió este colectivo de familiares de desaparecidos que cumple cuatro años y al que se sumó mucha gente de Iguala aun sin tener familiares en esa situación.
Con el tiempo surgieron más colectivos que exhibieron la misma condición de desaparición forzada en Acapulco, Chilpancingo y Chilapa. Algunos de estos grupos surgidos son el Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas, Secuestradas y Asesinadas de Chilpancingo, y Siempre Vivos de Chilapa.
Cifras documentadas por el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) y publicadas por algunos medios de comunicación, dan cuenta que de 2007 a 2017 están desaparecidas en Guerrero mil 728 personas. Esta cifra es la suma de las bases de datos del fuero común y del fuero federal que son parte de un registro nacional que depende de la Secretaría de Gobernación.
Adriana Bahena, vocera de Los Otros Desaparecidos informó que en estos cuatro años dedicados a pedir justicia, localizar fosas clandestinas y a desenterrar cadáveres, han descubierto 168 cuerpos, de los cuales 43 fueron identificados por miembros del colectivo. El último caso, es decir el número 43, aún está en proceso de qué Servicios Periciales de la PGR se lo entregue sus familiares.
El número de víctimas de desaparición documentada por esta organización es de 500 personas. Con las 43 identificadas, todavía buscan a 457.
La marcha de ayer, expuso la vocera de Los Otros Desaparecidos, tuvo como propósito insistir en que la atención a los familiares de las víctimas de desaparición forzada debe ser integral, es decir, que el acompañamiento institucional no termina con la identificación y un proceso de investigación. Exigió opciones de empleo y becas para esposas e hijos de desaparecidos.
Con el surgimiento del colectivo de Los Otros Desaparecidos hubo anuncios institucionales o de gobierno para los familiares de las víctimas, como parte de una supuesta estrategia integral de asistencia y acompañamiento. Ciudad Víctima fue la obra anunciada, pero todavía no la inician.
En octubre de 2016, el comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Julio Hernández Barros y el gobernador Héctor Astudillo Flores hicieron una especie de inauguración del proyecto con la presentación del predio en donde construirían el edificio. A la vez le hicieron una entrega simbólica del lugar a los miembros del colectivo para que realizaran ahí sus reuniones.
Rellenan con piedras fosas con cuerpos desaparecidos
El lote de casi una hectárea, ubicado en la colonia María del Carmen, que colinda con la colonia Juan Álvarez, donde ocurrió el ataque a los normalistas de Ayotzinapa, sigue con unos baños y unas bodegas que fueron construidas desde antes en el terreno donado por el municipio, según consignaron los reporteros durante la presentación.
Cuando Iguala quedó al descubierto como un cementerio clandestino, mucha gente se sumó a la búsqueda.
Xitlali Miranda, quien fue integrante del colectivo Los Otros Desaparecidos, está convencida de que todo lo que se ha conseguido en estos cuatro años es por la presión ciudadana. A su juicio, los mismos familiares de las víctimas de desaparición presionaron para que existiera certeza jurídica, con una ley federal sobre desaparición forzada.
“Con la desaparición de los normalistas se hizo visible el problema de desaparición forzada, problema que las autoridades ya no pudieron seguir ocultando”, comentó.
Aun con el avance, la activista observa “un enorme vacío de justicia” que, opinó, desde las instituciones de la actual administración federal quisieron ocultar a través de la manipulación beneficios a los que las familias de víctimas ya tienen derecho.
De este manera resumió la respuesta de gobierno en estos cuatro años: “Lo eterno: no hay justicia, ninguna protección. Un vacío de autoridad”. (lasillarota.com).