CONGRESO BOLETÍN

Designe el Congreso
Fiscal anticorrupción

Para fortalecer la Fiscalía Anticorrupción del Estado, el diputado J. Jesús Villanueva Vega propuso que la designación de su titular la haga el Congreso del Estado por mayoría calificada, que rinda un informe periódico de sus actividades, además de dotarla de autonomía presup

uestaria.
Esto, a través de una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado, que tiene como objetivo principal coadyuvar en el combate a la corrupción.
En su documento, el diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena enfatizó que el Sistema Estatal Anticorrupción tiene limitaciones, una de ellas es que la Fiscalía de Combate a la Corrupción es reducida a una instancia de tercer nivel dentro de la estructura de la Fiscalía General del Estado, que la hace dependiente de ésta, además de que no puede investigar a su titular, como lo establece la Ley Orgánica. 
Por lo antes mencionado, Villanueva Vega expuso la necesidad de hacer adecuaciones al marco normativo y diseño institucional, para generar una Fiscalía Anticorrupción con autonomía técnica y presupuestaria para ejercer sus funciones y atribuciones constitucionales y legales, para evitar cualquier presión jerárquica administrativa por parte de la propia Fiscalía General del Estado y generar certeza y confiabilidad.
El diputado agregó que no se debe olvidar que el principio de división de poderes es un mecanismo de racionalización del poder público, con el fin de garantizar el principio democrático, los derechos fundamentales y sus garantías, a través de un régimen de cooperación y coordinación de competencias, a manera de control recíproco, limitando y evitando el abuso en el ejercicio del poder al interior de las instancias de gobierno.
Por lo anterior, considera el legislador que se deben hacer las adecuaciones necesarias a la Constitución Política del Estado de Guerrero en materia de la Fiscalía Especializada en Combate a la corrupción, para alcanzar los fines por los que fue creada, cumpliendo como un órgano constitucional autónomo que realice acciones para inhibir la corrupción en todos sus ámbitos.