POLICRÓNICA
Reprobados…La violencia en Guerrero, está generando incomodidad, molestia, enojo e irritación, por el incumplimiento del “orden y paz” del actual gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en su fallida administración que ya cumplió tres años el sábado 27 de octubre, con el 60 por ciento de policías reprobados.
Cuando estamos a dos días de la segunda parte de la administración estatal Astudillista, no observamos ni cambio de estrategia en materia de seguridad pública, mucho menos de funcionarios, como para medio enderezar la nave en naufragio. Difícilmente se podrá acabar la violencia en Guerrero, porque en tres años el gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores del Partido Revolucionario Institucional, le han sido insuficientes. El pasado sábado 27 de octubre cumplió oficialmente sus tres años de estar al frente de la administración estatal, pero lamentablemente no hay resultados que valgan la pena resaltarlos en esta fallida gestión del Partido Revolucionario Institucional, del cual se tenía una gran esperanza del pueblo de Guerrero, tras haber vivido un fracaso del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por 10 años y medio de gobiernos amarillos. Los policías reprobados en control y confianza, está reconocido ahora por el Gobierno del estado, al revelar que el 60 por ciento de los policías estatales y municipales del estado de Guerrero no están acreditados. Sin duda eso los hace vulnerables para ser cooptados con mucha facilidad por el crimen organizado, el cual está haciendo estragos al gobierno federal, estatal y municipal, y el principal afectado, es el pueblo de Guerrero. En diversos reportajes de medios impresos y digitales han evidenciado de que en Guerrero, se tiene una policía que no ha pasado el control y confianza, por ello es que no se puede garantizar seguridad de los ciudadanos. Tener elementos reprobados, difícilmente se le puede confiar la integridad de la población, por ello la exigencia del pueblo que debe cumplir el actual gobierno que preside Héctor Antonio Astudillo Flores del Partido Revolucionario Institucional quien ofreció en campaña “orden y paz” y por ese incumplimiento ha generado incertidumbre en toda la sociedad, en tanto la delincuencia plácidamente se pasea con toda impunidad por todo el territorio suriano. Es un secreto a voces que los policías están al servicio de la delincuencia, no están cuidado la seguridad de los ciudadanos, esa es la triste realidad que no ha entendido totalmente el mandatario priista Astudillo Flores. Pero bueno, algo se ha avanzado, el fin de semana y lo importante del tema es que el secretario general de Gobierno Florencio Salazar Adame reconoció su incapacidad de contribuir a un excelente gobierno, al revelar que de los 10 mil policías con los que se cuentan en el estado de Guerrero, en las secretarías de Seguridad Pública estatal y municipales, “prácticamente el 50 o 60 por ciento están inhabilitados” porque no pasaron sus exámenes de control y confianza. Lo peor de todo esto, es que sigue en la nómina cobrando puntualmente, con todos los beneficios que les otorga la ley, cuentan con armas, placa y patrullas a su disposición, cuando el mismos gobierno ya debió haberlos capacitado o despedido, porque si ya sabe que están reprobados, no están garantizando seguridad, sino inseguridad en contra de los ciudadanos. Eso debe preocupar a los guerrerenses de los 81 municipios, y lo importante es que lo haya reconocido el responsable de la política interna del Gobierno de Guerrero. También confesó que tampoco tienen capacidad para abatir los altos índices de la delincuencia que se ha disparado en los últimos meses en cualquier ciudad de la geografía suriana. Salazar Adame, hace una justificación burda, al decir que los agentes no pasan las pruebas de confianza porque los estándares de calificación son altos, al parecer el señor todavía no ha entendido para que sirven los exámenes de control y confianza, son precisamente rigurosos para que quien tenga que ser policía sea una persona de confianza, capacitada, que no sea débil ante las ofertas indecorosas del crimen organizado para que estén a su servicio. En otros países del mundo, ser policía es una carrera, por ello sus niveles de control de confianza está sometidos a prueba, porque son personas con nivel académico, no son unos analfabetas, mucho menos improvisados, tienen licenciaturas. En el caso de Guerrero, apenas un policía estatal o municipal, tiene nivel de primaria, secundaria y lo más preparatoria, por ello difícilmente podrán aprobar los exámenes. En otros países a pesar de que los policías son con nivel académico, también son alcanzados por la corrupción, pero no como sucede en Guerrero y en todo México, que está podrida, sin que el gobierno estatal pueda hacer algo. Mientras no se tenga una policía acreditable al ciento por ciento, estará la debilidad del lado de los ignorantes uniformados y lo peor, es que a sabiendas de que no pasaron los exámenes ese 60 por ciento de las corporaciones estatales y municipales se les siga sosteniendo en el cargo. Se vuelven un peligro para la sociedad con uniforme, arma, patrulla y salario, se vuelven en una verdadera amenaza contra la inerme sociedad. Tanto es la incapacidad del Gobierno estatal que preside Héctor Antonio Astudillo Flores, que el mismo Salazar Adame, en su declaración de fin de semana en Acapulco, tiene una esperanza como Gobierno de Guerrero, “nosotros esperamos que con la propuesta que ha hecho el presidente electo Andrés Manuel López Obrador cuando se configure el Mando Único podamos tener mayores fortalezas para tener policías más capacitadas, y tengamos un número mayor de policías eficientes”. Con esta declaración Salazar Adame, evade su responsabilidad en primer término como titular de la política interna del Gobierno estatal, porque no ha pugnado porque ya se tenga nombrado el Secretario de Seguridad Pública del estado, está acéfala desde hace 60 días, pues dejó el cargo desde el 31 de agosto del 2018, y desde entonces el encargado, está atado, no puede hacer nada, ni puede decidir que realizar para mejorar estrategias de seguridad en el estado de Guerrero. Mientras no haya titular de la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad, no se puede aspirar en abatir la violencia. Con esta pachorra, también, evidencia que se tiene a un gobernador timorato, que le tiembla la mano para aplicar la ley contra la delincuencia organizada que está causando inestabilidad política y gubernamental, y lo peor, ahora el gobierno estatal finca su esperanza en el respaldo total del Gobierno de la República que comenzará a partir del 1 de diciembre. Eso es criticable, porque ya lleva tres años en el poder, y no estar esperado un nuevo presidente de la república, pues gobernar Guerrero es responsabilidad directa de Astudillo Flores. Eso de plano ya es un cinismo, cuando se supone que el Gobierno de Guerrero tiene presupuesto para la seguridad tanto del gobierno estatal y federal, precisamente para que cumpla con su responsabilidad. Durante su discurso en la toma de protesta del Consejo Directivo 2018-2020 de la Barra de Acapulco, Colegio de Abogado AC, Florencio Salazar Adame reconoció que los habitantes están “incomodos, molestos, enojados, irritados” por todos los hechos de violencia que se han suscitado en el estado. Claro que todo el pueblo está muy molesto, porque no hay un día en que no se tengan sucesos de sangre lamentables y condenables y a tres años ese tan llevada y traída promesa del actual gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores del “orden y paz”, no se ve por ningún lado, y ahora oficialmente se nos notifica que están reprobados el 60 por ciento de la fuerza pública estatal y municipal. Ante la incapacidad del Gobierno Astudillista, ahora Salazar Adame hace un llamado a la sociedad a que “tengamos una concordancia de respeto a la ley y busquemos la solución de nuestros problemas con la ley y con la fuerza de la ley”, aunque precisó que “es obligación del Estado dar seguridad a los ciudadanos, proteger sus bienes, asegurarle que pueden salir de su casa”. Pero tristemente la realidad es otro, tenemos en Guerrero un gobierno estatal indolente, indiferente y valemadrista, que todavía con total “cinicazo” –como lo dice el futuro presidente Andrés Manuel López Obrador--afirman que no pasa nada, no obstante que los crímenes se están cometiendo en contra de diversas personas trabajadoras, gente que entrega todos los días lo mejor para que se tenga una entidad en mejores estadios. Pero llegó al extremo del “cinicazo” de Salazar Adame al reconocer que sí algo falla por parte de los gobiernos, la sociedad debe ser quien ponga un acento y así poder reconocer la paz y tranquilidad. Se lo recordamos que cada uno de los guerrerenses que trabaja con honestidad, contribuye para que haya paz y tranquilidad, generando las mejores condiciones, pero el Gobierno no pone su parte con su “orden y paz”, los guerrerenses han esperado largos tres años, cuando el mismo Astudillo Flores ofreció primero un año de gracia, y luego en una televisora de la Ciudad de México, rectificó y pidió otro año más, es decir dos años, pero ya se cumplieron tres años el pasado 27 de octubre y no vemos por ningún lado ese “orden y paz”. Esa responsabilidad la está evadiendo desde hace tres años Héctor Antonio Astudillo Flores, como gobernador, quien ya debe demostrarlo con hechos, no con palabras, renunciando a su comodidad como jefe del ejecutivo estatal, quien trae mucho seguridad personal en torno a todas sus actividades, en tanto el pueblo está a la merced del hampa. Tener solamente alrededor de 4 mil policías entre estatales y municipales clasificados y 6 mil reprobados, pues contamina a los buenos, por ello difícilmente se podrá abatir la inseguridad pública, porque son más los que podrían estar al lado de la delincuencia organizada, que los que piensan de que tienen el compromiso de darle seguridad a los ciudadanos guerrerenses. Lo cuestionable de todo esto es que el pueblo está pagando con sus impuestos los salarios de los más de 6 mil policías reprobados, aunque la cifra podría ser mayor, porque es un dato que únicamente manejan internamente en el Gobierno estatal. Si le sumamos también de que en Guerrero enfrenta el problema de robo de armas y municiones, permite a la delincuencia estar mejor organizada con elementos deshonestos sin compromiso con el pueblo y armamento robado, están más potenciados para seguir superando en todo al Gobierno estatal, porque saben que con toda impunidad pueden operar.
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