SEGUNDA PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA

Sancionar a Astudillo y
Salazar, apoyaron al PRI

Ezequiel Flores Contreras.--El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Congreso local y la Contraloría estatal sancionar al gobernador Héctor Astudillo Flores y al secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, por violar la Constitución federal al utilizar las cuentas institucionales en redes sociales para hacer proselitismo a favor del PRI durante el pasa

do proceso electoral.
Desde el comienzo del proceso electoral, Apro informó que el gobierno de Astudillo utilizó sus cuentas oficiales en redes sociales para difundir mensajes de odio contra el actual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, así como para hacer promoción electoral a favor del PRI y difundir propaganda gubernamental en plena veda impuesta por el INE.
Este fin de semana, la autoridad electoral determinó que Astudillo Flores y Salazar Adame violaron el artículo 134, párrafo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso, esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
Por ello, la Sala Regional Especializada del TEPJF emitió su resolución este fin de semana en la que aseguró que el mandatario estatal y el secretario de Gobierno incurrieron en “actividades contrarias al orden jurídico” porque se acreditó que el gobierno de Guerrero utilizó sus cuentas oficiales de Twitter “@SGG_Guerrero” y “@Gob_Guerrero”, para beneficiar con difusión de actividades a los excandidatos del PRI al Senado, Manuel Añorve Baños y Gabriela Bernal Reséndiz.
El Tribunal determinó que “el gobernador Héctor Astudillo Flores y el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame no cuidaron el uso adecuado de las cuentas oficiales de Twitter” y ordenó al Congreso local y la Contraloría estatal, aplicar las sanciones correspondientes.
La sentencia indica que debido a que las leyes electorales no prevén la posibilidad de que el TEPJF imponga sanciones directas al gobernador Astudillo, envió un ordenamiento al superior jerárquico, en este caso el Congreso local, “para que de manera objetiva cumpla con sus deberes, porque los hechos podrían constituir responsabilidades en el ámbito de sus leyes aplicables”.
En el caso del secretario general de Gobierno, Florencio Salazar, el Tribunal ordenó a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental que se aplique la sanción contra el funcionario estatal de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas.
No obstante, Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental depende directamente del Ejecutivo y la bancada priísta es mayoría en la LXI legislatura local.
El pasado 6 de junio, la excandidata al Senado de la coalición Por México al Frente, Beatriz Mojica Morga, denunció ante el TEPJF al gobernador, al secretario general de gobierno y al PRI por incurrir en presuntos delitos electorales al apoyar y difundir desde las cuentas oficiales del gobierno del estado a sus candidatos a senadores.
La perredista consideró que esta acción vulneró el principio de imparcialidad y equidad en la pasada elección.
Luego de la sentencia del TEPJF que ordena sancionar a Astudillo y Salazar, la excandidata perdedora al Senado por el PRD emitió un comunicado donde dijo que los funcionarios de más alto rango del gobierno del estado “violaron principios del servicio público como: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, debido a que el sujeto activo de la conducta está en funciones y tiene acceso a recursos públicos”.
Consideró que el TEPJF exhibió que el gobierno estatal “violó los principios de imparcialidad, igualdad en el acceso a cargos públicos y la equidad en la contienda, mismos que debe proteger, debido a que busca inhibir o desalentar toda influencia que incline la balanza a favor o en contra de determinado candidato, que distorsione las condiciones de igualdad”. (proceso.com.mx).