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Pague Cervantes salarios caídos a
176 policías cesados:Juez federal

Javier Francisco Reyes.—El juzgado séptimo federal con sede en Chilpancingo, falló  a favor y ordenó al gobierno estatal que preside el priista Héctor Antonio Astudillo Flores pague los salarios caídos a los 176 policías estatales cesados hace un año y dos mes

es.
En conferencia de prensa, un grupo de uniformados estatales despedidos en mayo del 2017 por denunciar irregularidades  que ha estado cometiendo, Pedro Almazán Cervantes, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Los despedidos informaron hoy lunes que el juzgado séptimo federal con sede en la capital falló a su favor y ordenó al gobierno estatal que realice el pago de salarios a los 166 efectivos que fueron cesados.
En las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Guerrero, el ex policía José Muñoz Franco leyó parte de la sentencia emitida por el juzgado federal el pasado 9 de agosto, de la que destacó “que se da un plazo de tres días hábiles para cumplir con la recomendación, o de lo contrario se caerá en un desacato federal”.
Explicaron los denunciantes que la sentencia del juez federal va contra el titular de la SSP, Pedro Almazán Cervantes, a quien se le ordenó que autorice el pago de salarios caídos a los agentes despedidos, quienes tienen desde mayo de 2017 sin cobrar, y sin ser liquidados en base a la ley.
El ex uniformado quien en todo momento estuvo acompañado de otros compañeros indicó que a cada uno de los que fueron cesados les corresponden unos 400 mil pesos de salarios devengados.
También aclararon  que la sentencia federal no ordena la reincorporación de los policías a la Secretaría de Seguridad Pública, pero aclaró que aún falta que se cumpla con las dos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las cuales sí prevén la materia laboral.
Recordaron que el 29 de mayo de 2017, unos 600 policías estatales de la región Centro pararon labores y protestaron en el cuartel de Chilpancingo para exigir al gobernador priista Héctor Antonio Astudillo Flores y al secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, un aumento salarial ante la ola de violencia e inseguridad, además una jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo, y un bono de riesgo de 3 mil 500 a 12 mil pesos.
Pero en lugar de obtener una respuesta del gobierno estatal a sus demandas, recibieron la represión al ser cesados 176 policías que incurrieron en conducta violatoria de ley, y por ello ahora están demandando el pago de salarios caídos y su reinstalación a su trabajo.