NOTA

Riesgo de socavar la libertad de
expresión Gobiernos y empresas

CIUDAD DE MÉXICO.--David Kaye, relator especial de Naciones Unidas para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, advirtió que los gobiernos y empresas están en riesgo de socavar la libertad de expresión en internet, por lo que urgió a atender problemas tales como discursos de odio y desinforma

ción en línea.
“Los gobiernos tienen la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales, pero también deben actuar ahora para asegurar que la capacidad de las plataformas de internet para proveer un espacio seguro para la libertad de expresión no se vea socavada”, puntualizó en un informe ante el Consejo de Derechos Humanos.
Añadió: “Desafortunadamente, los gobiernos se están moviendo en la dirección equivocada y a menudo ello implica amenazas directas para la libertad de expresión en línea”.
De acuerdo con Kaye, las peores amenazas incluyen la criminalización de la crítica en línea hacia el gobierno, la religión u otras instituciones públicas.
“Hay reglas que responsabilizan a las empresas para determinar qué es ilegal en línea, a riesgo de sufrir multas financieras, sin el tipo de rendición de cuentas públicas que dichas decisiones requieren”, abundó.
Los gobiernos deberían evitar ese “enfoque de regulación” y dirigir sus esfuerzos regulatorios, en el caso que existan, hacia incentivos para que divulguen información acerca de la implementación de sus reglas, dijo.
En su histórico informe –según un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH)–, el relator especial también provee una evaluación sin precedentes de cómo las compañías de internet regulan el contenido en línea, y hace un llamado para que los estándares de las empresas se basen en el derecho internacional de los derechos humanos y para que implementen los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.
“Las empresas de internet proveen un espacio sin precedentes para la comunicación y el acceso a la información, pero también son los reguladores del discurso de nuestro tiempo”, apuntó.
“Los gobiernos y los usuarios individuales merecen saber no sólo las reglas que operan, sino también cómo y por qué dichas reglas son adoptadas y aplicadas, y qué formas de reparación y rendición de cuentas existen cuando las empresas se equivocan,” enfatizó.
De igual manera, destacó que los estándares y procedimientos de las empresas, particularmente en el contexto de las redes sociales, son preocupantes en términos de derechos humanos. “Éstos incluyen una falta de claridad y transparencia en el proceso de creación e implementación de reglas, una débil e inconsistente consideración del contexto, demasiada confianza en la automatización y una falta de procesos de reparación y apelación significativos”, sostuvo.
En su informe, Kaye hace un llamado a las empresas para adoptar enfoques radicalmente diferentes para transparentar en todas las etapas sus operaciones, desde la creación de reglas hasta la implementación y para el desarrollo de un enfoque de “caso por caso” para la interpretación de lineamientos privados. También pide cumplir con la rendición de cuentas, incluyendo monitoreos de terceras partes para verificar el respeto de los derechos humanos.
“Apoyarse en los estándares de derechos humanos les daría a las empresas las herramientas para articular sus políticas de manera tal que se respeten las normas democráticas y se contrarresten las demandas autoritarias,” añadió.
Finalizó: “Los Estados son responsables de asegurar que sus políticas sobre libertad de expresión en línea generen ambientes propicios para la libertad de expresión. Lo mismo aplica para las empresas de redes sociales, que deberían incorporar los principios relevantes del derecho de los derechos humanos al contexto de los estándares de moderación”.