NOTA

Atiendan presidenciables el
asunto de los desaparecidos

Cerca de una veintena de demandas que deben ser consideradas por los actuales cuatro candidatos presidenciales de México y quien llegue al cargo, las reflexionen sobre la problemática de las desapariciones y se instrumenten mecanismos para dar con el paradero de las pers

onas.
Mediante una carta abierta que compartieron con La Crónica, Vespertino de Chilpancingo, el Movimiento por Nuestros Desparecidos en México está conformado por 55 colectivos de familias de personas desaparecidas (provenientes de 18 entidades federativas de México y de tres países de Centroamérica) y por más de 30 organizaciones de la sociedad civil.
La tarde de hoy martes habrán de debatir en Mérida, Yucatán, los los candidatos presidenciables Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya Cortés,  José Antonio Meade Kuribreña y Jaime Rodríguez  Calderón.
A ellos, hoy les hacen llegar la carta pública, en la que los emplazan los integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México a comprometerse públicamente con esta agenda imprescindible para la viabilidad de la democracia.
Indican en la carta “Esperamos recibir sus respuestas antes del 20 de junio del 2018, pasada esa fecha, el Movimiento hará públicas las respuestas recibidas”.
Recordaron que desde el año 2015, el Movimiento impulsó una legislación general en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares para contar con herramientas que aborden la grave crisis en materia de Desaparición de Personas que atraviesa el país. Dicha Ley se promulgó en noviembre de 2017.
Las elecciones presidenciales en México que se celebrarán el primero de julio marcarán el rumbo del país durante los próximos seis años. México vive actualmente una grave crisis de derechos humanos, que queda reflejada en las más de treintaisiete mil personas desaparecidas que reconoce el Estado y las muchas más que no reconoce, en las cientos de miles de muertes violentas de los últimos años, y en el temor con el que vivimos la mayoría de las familias mexicanas a ser víctimas de la violencia, la inseguridad y las interminables violaciones a los derechos humanos.
Quienes aspiran a la Presidencia de la República tienen el deber de comprometerse a cambiar esta situación y explicar al país de qué forma pretenden hacer que cese la violencia, que exista búsqueda e investigación efectiva, verdad y justicia para las víctimas y sus familias, dar garantía de no repetición, y detener las desapariciones que aún están sucediendo. Las familias de personas desaparecidas nos negamos a tener una vez más un proceso electoral que olvide a nuestros desaparecidos y nos olvide a nosotras, dónde exista ausencia de propuestas concretas y se propongan estrategias ambiguas para combatir la inseguridad. Las familias queremos un proceso electoral que nos tome en cuenta como sujetos sociales fuertes y capaces de aportar, acompañar y asesorar a las instituciones encargadas de garantizar la verdad y la justicia.
Las desapariciones en México no son nuevas, y vienen, al menos, desde la denominada “Guerra Sucia”, y continúan produciéndose todos los días a lo largo del país. Y durante mucho tiempo las familias hemos asistido a discursos vacíos, compromisos incumplidos y una negación absoluta del derecho a la justicia y a la verdad, que para nosotras pasa por la búsqueda efectiva y localización de nuestras personas queridas.
El sistema de seguridad y la procuración de justicia están en crisis. Hoy son parte del problema, no de la solución. Las vías institucionales abiertas por diferentes gobiernos federales y estatales no han servido para la búsqueda y  localización de nuestros seres queridos, no han generado estrategias contundentes para la prevención de las desapariciones, no han garantizado la sanción de los culpables y mucho menos han respondido a la atención de las familias y reparación a las víctimas.
Por ello, nos dirigimos a Uds., como candidatos que aspiran a presidir México, para pedirles que con urgencia den prioridad a la protección de los derechos humanos, y en especial a la atención de la terrible tragedia de las desapariciones, comprometiéndose públicamente con acciones concretas.
Como Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México consideramos que es esencial que reflexionen sobre la problemática de las desapariciones y se comprometan públicamente, como mínimo, con los siguientes puntos y expongan de qué forma los harán realidad:
Garantizar la plena y efectiva participación de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en todas las acciones y políticas relacionada con las desapariciones; Garantizar la implementación efectiva de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.
Igualmente asegurar el presupuesto amplio y necesario para la implementación adecuada de la Ley General; Fortalecer las instituciones encargadas de atender las desapariciones, principalmente la Fiscalía Especializada y la Comisión Nacional de Búsqueda.
Liderar desde la Federación los esfuerzos necesarios para combatir la impunidad y garantizar la búsqueda de las personas desaparecidas en todo el país; Desarrollar políticas específicas para atender las desapariciones forzadas cometidas durante la denominada “Guerra Sucia”.
También promover la reforma integral al artículo 102 constitucional, que nos garantice una fiscalía que sirva para acceder efectivamente a la justicia y romper el círculo de impunidad;Crear un mecanismo internacional contra la impunidad; garantizar la desmilitarización de la seguridad pública, privilegiando un enfoque de seguridad humana y ciudadana.
Asimismo demandan a los presidenciables a que  acepten y promuevan los compromisos internacionales de México en materia de Derechos Humanos, especialmente: Aceptar de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU para recibir comunicaciones individuales.
También deben aceptar de la visita al país del Comité, solicitada desde el año 2014; Desarrollar un plan de acción para la implementación de las Acciones Urgentes emitidas por el Comité;    Participar en el dialogo de seguimiento al que el Comité ha invitado al Estado mexicano sobre la implementación de las Observaciones Finales adoptadas en 2015 y fortalecer la relación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.