NOTA

Notifican hacer cumplir los
amparos y C. de la Verdad

La mañana de hoy miércoles, un magistrado federal de Reynosa, Tamaulipas, notificó el primer requerimiento oficial a las autoridades para que cumplan cuatro sentencias de amparo que desconocen la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, y ordenan la creación de una Comisión de la Verdad y la Jus

ticia para indagar el caso.
Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, comunicó los fallos del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, según los cuales en 10 días tiene que estar lista la Comisión, que deben integrar representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR), pero sin que puedan participar fiscales o peritos que indagaron previamente el caso.
El plazo de 10 días corre a partir de hoy, pero PGR podría intentar impugnar la orden de crear la Comisión por invadir la esfera de atribuciones exclusivas para investigar los delitos, que le otorga el Artículo 102 de la Constitución.
Lo anterior, ya que los amparos ordenan que “las líneas de investigación y pruebas a practicarse, serán determinados por la representación de las víctimas y la CNDH”, dejando al Ministerio Público como un mero asistente.
Los amparos incluyen una “petición” al Presidente de la República para que su gabinete colabore con la Comisión, y otra a la Cámara de Diputados, para que le autorice presupuesto.
La supervisión del cumplimiento del amparo corresponde al magistrado Pérez García, pero la logística podría ser complicada y prolongarse durante meses, pues todos los desacuerdos o dudas sobre el funcionamiento de la Comisión tendrían que ventilarse ante el Tribunal unitario en Reynosa.
La otra parte de los amparos, que la PGR no puede impugnar, anula los autos de formal prisión por delincuencia organizada contra Salvador Reza Jacobo, El Wereke; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo; Gildardo López Astudillo, El Gil, y Miguel Ángel Bahena Landa, El Chequel, presuntos integrantes de Guerreros Unidos que confesaron el secuestro, asesinato y quema de los normalistas en septiembre de 2014.
En este caso, Pérez García requirió el cumplimiento a su colega Arturo Morales Serrano del Segundo Tribunal Unitario en Matamoros, quien tiene que dejar sin efecto los autos de prisión.
Acto seguido, Morales ordenará al juez Primero de Procesos Penales en Matamoros, David Calderón Blanc, que reabra el proceso contra los acusados desde la preinstrucción, durante la cual se tendrán que desahogar múltiples diligencias.
La más importante es que PGR presente un dictamen independiente con base en el Protocolo de Estambul para aclarar si los acusados fueron torturados.
De no presentarse este dictamen en diez días, el tribunal colegiado ordenó tener por hecho que hubo tortura.
Además del Protocolo de Estambul, el juez tendrá que valorar de nuevo y eliminar múltiples elementos que presentó PGR contra los acusados, de acuerdo a lineamientos que fijó el Tribunal colegiado, por lo que lo más probable es que les dictará autor de libertad.
La semana pasada, Calderón absolvió a otros cuatro involucrados en el caso Ayotzinapa, tres de Guerreros Unidos y un policía de Iguala, al quitar valor probatorio a prácticamente todos los elementos que había contra ellos.
No queda del todo claro si el magistrado Morales Serrano, como autoridad responsable de ejecutar el amparo, también tendría funciones de supervisión sobre la Comisión de la Verdad, o si esto solo corresponde a Pérez García como Magistrado de amparo.