PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA

Denuncian a 3 magistrados del TSJ
por prevaricato, podrían enjuiciarse

Javier Francisco Reyes.--A sabiendas que la resolución era injusta, pese a ello dictaron una resolución arbitraria para favorecer a una de las partes tres magistrados del Poder Judicial del estado de Guerrero, por ello, el miércoles se presentó una demanda penal por el delito de prevaricato  ante la Fiscalía General del estado y si esta instancia confirma una responsabilidad, se solicitará a la LX

I Legislatura el desafuero de los de toga y birrete para someterlos a un juicio político.
La demanda la hizo Yolanda Domínguez, integrante de la Asociación Civil Renacer, acompañado de su abogado litigante, el prestigiado penalista Pedro Ramírez Millán,  quien confirmó que la denuncia penal se hizo el pasado miércoles de la presente semana ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Bravo, con residencia en Chilpancingo.
La actora Yolanda Domínguez presentó la demanda penal por el delito de prevaricato contra tres magistrados a cargo de la segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ),  quienes desestimaron la declaración de una niña de dos años y ocho meses de edad que señaló abuso sexual, y exoneraron al agresor, pero sus argumentos fueron desechados en un tribunal colegiado en febrero de este año.
Los magistrados del Tribunal Superior  de Justicia de Guerrero denunciados ante la Fiscalía General del estado, Miguel Barreto Cedeño, Alfonso Vélez Cabrera y  Vicente Rodríguez Martínez, entonces titulares de la Sala penal, quienes dictaron una resolución arbitraria para favorecer a una de las partes, a sabiendas que la resolución era injusta.
En su momento el abogado litigante, prestigiado de la capital del estado, en materia penal, Pedro Ramírez Millán, destacó que los elementos de prueba contra los magistrados son sus propias valoraciones de la resolución de la Sala, donde se acredita la forma en que los magistrados favorecieron al inculpado.
Explicó que la sentencia del Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación, desechó uno a uno de sus argumentos de los ahora magistrados cuestionados, por lo que calificó que la resolución de la Sala Penal son inmorales, de favorecimiento y de negociación, que son más difíciles de probar en un juicio penal.
Sin embargo Ramírez Millán sostuvo que los denunciantes sostienen que los magistrados desestimaron la declaración de la niña, argumentando que la denuncia se dio en medio de un conflicto de guardia y custodia, y que la menor habría sido manipulada por sus familiares.
En su momento Yolanda Domínguez, sostuvo que la resolución de la Sala Penal evidencia una falta de conocimiento e incapacidad de ser juzgadores, ya que pasaron por alto la jurisprudencia del Poder Judicial que señala que los delitos sexuales son de realización oculta.
Por ello, añadió, por lo tanto, la declaración de la víctima prevalece por encima de cualquier prueba, aun cuando su declaración tenga inconsistencias, porque debe atenderse a la naturaleza del hecho traumático.
Abundó  Ramírez Millán que cuando los familiares de la niña se dieron cuenta del abuso sexual y presentaron la denuncia contra el agresor, el novio de la mamá, ya había acuerdos sobre la guardia y custodia de la pequeña, por lo tanto no había otros conflictos de interés.
El litigante sentenció, que ahora toca a la Fiscalía General del Estado (FGE) integrar la carpeta de investigación y llevar a cabo las diligencias para acreditar el cuerpo de delito y, de confirmar una responsabilidad, solicitar al Congreso local el desafuero de los magistrados para someterlos a un juicio.
El experimentado penalista admitió que la mayor parte de la impunidad la generan precisamente los procuradores y administradores de la justicia, que “se vende como en un mercado, es la realidad que observamos durante años, como abogados, podemos advertir en una resolución, cuando hay equivocación de criterio, y las que llevan tendencias de favorecimiento. El mal está dentro”.
Igualmente cuestionó que los magistrados tienen asegurada su estancia en el Poder Judicial, hasta que se jubilen o fallezcan, mediante la ratificación, y sólo se les puede separar del cargo hasta en tanto no haya una causa de responsabilidad.
Por su lado quien también acompaña en la demanda a la quejosa, el litigante, José Ramírez Villalba denunció que la protección hacia los magistrados viene de los propios gobiernos que “no quieren más escándalos sociales, con tanto problema ya no pueden”.
Pero sentenció que van a insistir en que se analice esta denuncia porque los familiares de la víctima están muy interesados en dejar un precedente para otros casos.
Insistió el postulante que en este caso, existen evidencias de la tendencia a favor del inculpado, aclaró que es muy aventurado decir que hubo dinero de por medio, aunque no lo descarta, en un hecho aberrante.