POLICRÓNICA

Incumplió…Sin pena ni gloria los dos años, cuatro meses y 15 días  fueron para Xavier Ignacio Olea Peláez, como Fiscal General del estado de Guerrero,  renunció repentinamente “por motivos personales” quien había sentenciado de que echaría a policías “haraganes” y “faltos de huevos”, todo eso incumplió, seguramente estaba borracho.

En medio de una crisis de inseguridad en Guerrero, y se coloca en uno de los estados  más violentos del país, se va el cuestionado Fiscal General del estado de Guerrero (FGE), Xavier Ignacio Olea Peláez, quien definitivamente llegó solo a vegetar. En dos años, cuatro meses y 15 días, prácticamente no hizo nada, todo este tiempo se la llevó de declaracionitis, confrontación permanente con los diversos actores, investigaciones truncas, no hubo investigación, ni persecución del delito. Lamentablemente ningún asunto de alto impacto resolvió, por lo menos habría ofrecido terminar de esclarecer el crimen del que fuera Coordinador del Congreso del estado de Guerrero, el perredista, Armando Chavarría Barrera y otros más, el último asesinato  del que había ofrecido dar con el paradero de los responsables, fue el del secretario general del comité estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Demetrio Saldívar Gómez, quien está cumpliendo un año de impunidad, sus familiares y amigos reclamaron justicia. Cuando llegó al cargo, había muchas expectativas de los ciudadanos de que como prestigiado litigante y conocedor de las leyes, haría excelente papel como el primer abogado de los guerrerenses. Lamentablemente  al estar al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE) no hubo investigación y muchos casos siguen en la impunidad y ahora que haya presentado su renuncia irrevocable al cargo, misma que hoy jueves durante la sesión habrá de leerse en el pleno de la LXI legislatura local se le dará el trámite. Habría que reconocer como una sana decisión su separación del cargo, porque ya se esperaba desde el año pasado, inclusive hubo muchos “borregazos”, y ahora de manera repentina se conoció ayer miércoles por la mañana de que dejaba el cargo. Ahora se espera que el gobernador  del Partido Revolucionario Institucional (PRI),Héctor Antonio Astudillo Flores envíe al Congreso local una terna para elegir al nuevo fiscal, sea analizada e incluya a personas capacitadas, con experiencia y voluntad de investigar los delitos y detener a los responsables para llevarlos ante la ley. Infinidad de casos quedan sin resolverse,  otro más es la del diputado local del PRI, Saúl Beltrán Orozco, quien hasta la fecha está prófugo de la justicia, pese a que el mismo Olea Peláez lo clasificó como “El Tequilero número 1”, ya que Raybel Jacobo Almonte, es el brazo ejecutor de la banda criminal “Los Tequileros” que opera en el municipio de San Miguel Totolapan. Por cierto, hasta el día de hoy, el cubículo del diputado con licencia Beltrán Orozco, luce su personificador en la puerta, no ha sido retirado, ni se ha nombrado a nadie en su lugar, su suplente, Modesto Catalán Mendoza, fue asesinado a los pocos días de que se anunciara su licencia, cuando se supone la LXI legislatura debió haber hecho la “prelación” para completar los 46 integrantes del Congreso local. Tampoco se ha informado la partida presupuestal destinada para pagar las “dietas” de ese legislador siniestro y acusado de haber mandado a matar a gente cuando fue presidente municipal de San Miguel Totolapan. Este caso, Olea Peláez lo había sentenciado de que lo arrestaría, ya se fue del cargo, e incumplió, en tanto el legislador sigue escondiendose, porque ya no aparece por ningún lado. El fiscal deja muchas carpetas de investigación, en este tiempo quedó evidenciado de que nunca hubo investigación de los delitos, mucho menos  su persecución y castigo de los responsables. El gobernador ya debe tener una visión clara de lo que necesita Guerrero, por lo cual debería enviar una terna para el nuevo fiscal al Congreso que incluya a personas capacitadas, con experiencia y voluntad de servicio. La renuncia debe ser para mejorar, las instituciones requieren ser renovadas, y una de ellas es precisamente la Fiscalía General del estado en beneficio de los justiciables. Lo más que se conoció de la renuncia de Olea Peláez, utilizó el argumento “motivos personales”. Recordamos el 10 de diciembre del 2015, fue nombrado por el pleno por las dos terceras partes de la LXI Legislatura del Congreso local, con 36 votos,  de los 46. Esa misma noche esta noche rindió protesta de ley el destacado abogado Xavier Ignacio Olea Peláez, como nuevo Fiscal General del Estado por un periodo de 6 años a partir de su nombramiento, iniciando a partir de esa noche una nueva etapa de transformación en la Fiscalía General del Estado, había la esperanza de la consolidación los cimientos en una nueva impartición y procuración de justicia. Sin embargo un día antes, el 9 de diciembre del mismo año, compareció ante la Comisión de Gobierno del Congreso local, el aspirante más polémico, Xavier Ignacio Olea Peláez, había criticado que a los policías “les faltaban huevos” para hacer su trabajo, por lo que de llegar a ser el Fiscal Estatal, sería inminente el despido de los policías a los que se refirió como “haraganes”.  Era un día miércoles del 9 de diciembre, cuando  presentó su plan de trabajo ante diputados locales, igual que lo hicieron Rogelio Parra Silva y Héctor Salvador Calleja Paniagua, quienes también integraron la terna enviada por el gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores al Congreso del Estado, y de entre la cual se eligió el Fiscal General, que también fue un miércoles 24 de abril cuando presentó su renuncia ante el mandatario y luego por la tarde la hizo llegar al Congreso local, misma que este jueves ya estaba contemplada para  su lectura en la orden del día. En ese momento a Olea Peláez había sido criticado por una parte del Congreso debido a su trayectoria que se ha marcado con la defensa a narcotraficantes, estuvo ante los miembros de la Comisión de Gobierno, y había dicho que contaba con un diagnóstico de la presencia de por lo menos 50 grupos delictivos en Guerrero. En ese fecha, recordamos que afirmó que contra éstos, “hay que hacer frente con valor y capacitación”, pero a la vez dijo que les hacen “falta huevos” a los policías para hacer su trabajo. También lamentó que de 300 elementos policíacos ministeriales en nóminas, 200 tenían permiso por problemas de salud o están comisionados con algún funcionario público, estos últimos, advirtió serán cesados. En esa comparecencia decembrina, había asegurado el ahora ex fiscal “barrilito” con mucha inteligencia y estrategia se podría enfrentar el crimen y agregó que de ser designado por el Congreso local como fiscal de Guerrero, trabajaría en la creación de un instituto de capacitación para los policías ministeriales. En el marco de esta comparecencia, el Comité Directivo Estatal del PRD emitió un comunicado en el que rechazó la incorporación de Xavier Ignacio Olea Peláez a la terna y la posibilidad de que fuera designado fiscal guerrerense, por considerar que en su trayectoria profesional no ha reunido los requisitos mínimos para ocupar ese cargo. El documento explicaba: “son conocidos sus actos de tráfico de influencias, ejercicio o escrupuloso de la abogacía y sobornos, así como falta de ética”. Este aspirante había sido cuestionado también por ser recomendado de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Manuel Añorve Baños y de Manlio Fabio Beltrones Rivera, sin embargo estuvo en la lista de los tres finalistas y el Partido Movimiento Ciudadano ha advertido que hay dados cargados a su favor. Los aspirantes se pronunciaron por una urgente capacitación de los elementos ministeriales, para terminar con la impunidad y corrupción. Para designar al fiscal deberá contar por lo menos las dos terceras partes de los votos de los legisladores, es decir, por lo menos 31 diputados deberán votar por él.  Cuando se hizo la votación en la tarde noche del 10 de diciembre del 2015, de la terna, Olea Peláez fue de 36 de los 46 diputados locales. Nada cumplió de todo lo que ofreció, es más a quien le faltaron huevos, fue al mismo Olea Peláez, porque nunca cesó a nadie, los haraganes siguen en la Fiscalía General del estado haciendo de las suyas, la impunidad y la corrupción creció a la infinita potencia. Con la presencia del ahora ex fiscal, fue una pérdida de tiempo, esperanzas frustradas de los guerrerenses y nunca se convirtió el “fiscal de hierro” como se esperaba, quedaron a la deriva todas las carpetas de investigación como el asesinato de más de 20 políticos que se registraron durante su fracasada gestión, así como las masacres y otros hechos delictivos.…Corrupción…Primero se ha denunciado que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC)  ha sido refugio de ex funcionarios corruptos, y hasta el día de hoy no han respondido los consejeros electorales. Tristemente el IEPC se ha ido convirtiendo en una guarida de personas de dudosa reputación, en lugar de ganar terreno por la dignificación. Todo esto es por los millones de pesos que se manejan sin transparentarse, en la que los siete consejeros hacen lo que les viene en gana. Por ejemplo, lo último, ayer se tenía programado durante la sesión para designar a  21 titulares de áreas de dirección, incluido Jesús López Lobato, que en junio de 2017 fue cesado de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Morelos por presuntos actos de corrupción y que hoy asumiría la jefatura del área jurídica del órgano electoral. No se hizo, se pospusieron los nombramientos,  al inicio de la cuarta sesión ordinaria de este día, a petición de los consejeros electorales Edmar León García, Vicenta Molina Revuelta y Cinthya Citlali Díaz Fuentes, fue retirado del orden del día el punto de acuerdo por el que serían designados los titulares de áreas de dirección, con el argumento de que se realizaría un análisis profundo de los perfiles. “Creo pertinente que podamos retirar el punto del orden del día para fortalecer la argumentación, y, sobre todo, en el acuerdo precisar algunas cuestiones del reglamento de elecciones”, señaló Calleja Niño. Se conoció que quien estaba siendo contemplado para ocupar el cargo de director general jurídico y de consultoría del IEPC, había sido destituido de la dependencia de movilidad y de transporte de Morelos, por solapar el “pirataje” de unidades del servicio público. 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