NOTA

Incumplimiento de 58
recomendaciones:OCS

Javier Francisco Reyes.--El incremento de agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el último sexenio requiere de una política pública integral de protección más allá de un mecanismo así como una erradicación de la impunidad.
De acuerdo a un comunicado entregado en la redacción de La Crónica, Vespertino de Chilpancingo, indica que  a 9 meses de la presentación del Informe “Protección integral para personas defens

oras de derechos humanos y periodistas: la deuda del Estado mexicano”, que diagnostica los avances y limitaciones en materia de protección para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, las autoridades de los tres niveles de gobierno han demostrado una falta de cumplimiento de las recomendaciones emitidas desde la sociedad civil.
Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, un conjunto de organizaciones mexicanas e internacionales que trabajan en México.
Los conformantes de Espacio OSC ha evaluado que de las 58 recomendaciones formuladas por la sociedad civil, las instancias gubernamentales únicamente han cumplido totalmente 2 recomendaciones, mientras que 42 han sido parcialmente cumplidas y en 14 de ellas no ha habido ningún avance.
Preocupa al Espacio OSC la falta de proactividad para la implementación, seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones por parte de instituciones de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas (en adelante Mecanismo de Protección) y de otras instancias clave para generar una política eficaz de protección.
El Espacio OSC resalta que a pesar de existir mesas de diálogo sobre las problemáticas principales en materia de protección con la Comisión Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección de SEGOB y de existir procesos para subsanar algunas fallas, la mayoría de las recomendaciones dirigidas al Mecanismo de Protección no han logrado cumplirse a fondo.
El Espacio OSC también lamenta que instancias señaladas en el informe y con recomendaciones puntuales por su responsabilidad en materia de cooperación,  para la prevención, protección, investigación y reparación del daño en casos de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas hayan hecho caso omiso para cumplir las recomendaciones de la sociedad civil.
Tal es el caso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), la Procuraduría General de la República (PGR) y las entidades federativas.
En su más reciente reporte, las organizaciones del Espacio OSC identifican que el gobierno federal, carece de una estrategia sólida para hacer frente a la impunidad de los delitos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, es decir, no hay acciones contundentes para que las instituciones de procuración de justicia lleven a cabo investigaciones adecuadas y efectivas.
El Mecanismo de Protección de orden federal aún carece de personal adecuadamente capacitado, de presupuesto suficiente, así como de una política de transparencia proactiva y de rendición de cuentas. Aunado a lo anterior, continúa la falta de voluntad política para la corresponsabilidad por parte de la mayoría de las entidades federativas, para la cooperación y el seguimiento efectivo en la provisión de medidas de protección, así como las constantes agresiones por parte de funcionarios públicos tanto estatales como federales en ocasiones en contubernio con el crimen organizado, lo cual impiden la protección real.
Los factores mencionados obstaculizan la generación de condiciones preventivas y ayudan a generar un entorno adverso para el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de derechos.
Las organizaciones que conforman el Espacio OSC hacen un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno y organismos autónomos para implementar  eficazmente las 56 recomendaciones pendientes de cumplimiento emitidas en el diagnóstico de la sociedad civil “Protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas: la deuda del Estado mexicano”.