COLUMNA

Guerrero, presa de la ingobernabilidad
José Fernández Santillán

El centro de distribución de Coca-Cola FEMSA, en Ciudad Altamirano, Guerrero, sufrió desde enero una serie de ataques armados y extorsiones por parte del crimen organizado. La empresa, por razones de seguridad, decidió cerrar durante dos meses esas instalaciones. El miércoles 21 de marzo reabrió. Dos días después, un grupo de hombres armados atacó de nuevo esas

instalaciones. El viernes 23 de marzo, por la tarde, FEMSA determinó cerrar de manera indefinida ese centro de distribución. Argumentó que no hay condiciones para operar de manera eficiente en esa zona de Guerrero. (Reforma, 24-III-2018).
La explicación de los ataques a Coca-Cola FEMSA es que, ante la falta de autoridad y seguridad en el estado y, en especial, en la región de Altamirano, ha surgido un mercado negro de refrescos. El precio normal de una Coca-Cola en envase de vidrio es de 7 pesos; en el mercado clandestino se vende en 15 pesos y hasta en 20.
El obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, encabezó una marcha de más de mil feligreses el Domingo de Ramos, luego de oficiar una misa en el Zócalo de la capital guerrerense. En su homilía afirmó que la situación en Ciudad Altamirano es terrible: “Desgraciadamente están ahogando (las organizaciones criminales) las industrias que traen progreso al estado y yo creo que las autoridades deben poner todo su empeño para protegerlas”. (Reforma, 26-III-2018) 
Valga otro ejemplo del desgobierno que priva en Guerrero: el 20 de marzo, alrededor de las 9:40 am, un grupo de diez rufianes a bordo de dos camionetas Ford se estacionaron afuera de la telesecundaria Cuitláhuac, ubicada en la colonia Frontera, en las afueras de Acapulco. Diez ampones armados irrumpieron en la institución para robar pertenencias y rapar a las alumnas y maestras. Padres de familia y maestros advirtieron que las clases no se reanudarían hasta que hubiese condiciones de seguridad. (El Universal, 20-III-2018).
Existen muchos otros casos que muestran el desgarriate que priva en esa entidad federativa. Valga un ejemplo: en la zona de Tierra Caliente, que abarca nueve municipios, quienes imparten “justicia” son los propios delincuentes: “En caso de que algún ciudadano cometa un delito grave lo someten a un juicio sumario y lo ejecutan”. (Reforma, 24-III-2018). En Otlatepec, municipio de Tlachapa, la policía municipal desapareció desde 2015 debido a que sus elementos desertaron porque nunca se aplicaron los exámenes de control de confianza.
Guerrero ocupa el tercer lugar en pobreza (65.2 por ciento de la población) y el primero en homicidios (2 mil 844 en 2016) a nivel nacional. Con la presencia de al menos 10 cárteles, cinco de “primer nivel”, Guerrero es la entidad más disputada por el crimen organizado. El centro de la entidad es escenario de combates entre dos bandas, Los Rojos y Los Ardillos. Conviene proporcionar un dato respecto de Los Rojos: esta organización era comandada por Crisóforo Rogelio Maldonado Jiménez, alias El Bocinas. Resultó herido en un enfrentamiento, fue trasladado a la Ciudad de México y fue asesinado dentro de las instalaciones del Hospital Médica Sur. Esto sucedió en 2012. Su lugar lo tomó Santiago Mazari, El Carrete, que está involucrado en la desaparición y muerte de los 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa.
Además de Los Rojos y Los Ardillos en la contienda por Guerrero también están inmiscuidos el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los Beltrán Leyva, Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana y, al menos, cinco organizaciones locales. Este conflicto ha provocado 18 mil ejecuciones desde 2006.
En Guerrero sólo 12 de los 81 municipios son considerados zonas neutrales. Uno de los centros operativos más codiciados es Chilapa porque es una vía esencial del trasiego de estupefacientes y porque en ese lugar se cultiva la amapola. Allí, en lo que va del año, se han registrado 48 ejecuciones relacionadas con la disputa de los grupos delictivos. Lo curioso es que el alcalde Jesús Parra García responsabilizó a las redes sociales y a los medios de comunicación de “inventar hechos que afectan la imagen del municipio”. (www.sinembargo.mx, 19-III-2018).
En Guerrero la violencia parece incontenible. No hay día en que no haya noticia de asesinatos y atrocidades. Sobran ejemplos: el domingo 25 de marzo cuatro jóvenes fueron asesinados a balazos en la zona de bares, en Iguala, ubicada en la calle de Aldama en el propio centro de la ciudad. (www.suracapulco.mx 25-III-2018).
Lo que pocos saben es que con la situación de inseguridad que hay en Guerrero se ha producido un fenómeno demográfico: el desplazamiento de la población hacia lugares más seguros dentro y fuera del Estado. Mientras el arribo de cruceros a puertos nacionales se ha incrementado en un 12%, en Acapulco ha descendido en un 44% (La Crónica de Hoy, 28-III-2018, p. 2)
Es evidente que la administración del gobernador Héctor Astudillo ha sido ampliamente rebasada por la violencia desatada por los cárteles y bandas del crimen organizado. Su ineptitud queda de manifiesto en el caos que prevalece en la entidad.
La federación debe intervenir en Guerrero con más determinación para proteger a los guerrerenses. (Comentarios: jfsantillan@itesm.mx, @jfsantillan).