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No hay justicia, solos
buscan sus familiares

Erendira Aquino.--“En Guerrero estamos totalmente perdidos”, sentencia Guadalupe Rodríguez, madre de Josué Molina Rodríguez, un joven de 30 años, originario de Chilapa de Alvarez, desaparecido desde el 4 de junio de 2014, en Chilpancingo, capital del mismo estado. Un grupo de hombres armados “lo levantó” después de dejar a su novia en la puerta de la escuela.
Los videos donde se observaba cuando se llevaban a su hijo no pudieron

ser recuperados, pues aunque ella solicitó al Ministerio Público que los requiriera a los locales comerciales cercanos a la zona donde Josué fue “levantado”, “no los pidió en su momento, sino después de un mes, cuando dijeron que no podían dar los videos porque los van borrando”.
A más de tres años de que Josué desapareció, su madre dice sentirse desilusionada y decepcionada. “Yo llevaba y llevaba pruebas a la Fiscalía, porque aquí las autoridades no investigan. Aquí tienes que investigar tú si quieres encontrar a tu familiar”. Guadalupe lamenta que “aún así no se hace justicia”.
Guadalupe no es la única que en esta zona reclama a las autoridades que investiguen qué pasó con un hijo, un padre, un hermano, un esposo.
En los últimos 10 años en Guerrero han desaparecido 1,294 personas de los 32,277 casos registrados en todo el país, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto lo coloca en el noveno lugar a nivel nacional, por debajo de Coahuila (1626), Puebla (1633), Chihuahua (2002), Nuevo León (2567), Jalisco (2782), Sinaloa (2852), Estado de México (3832) y Tamaulipas (5943).
La situación ha sido tan crítica, que el 21 de enero de 2016 el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que se construiría un cuartel militar en Chilapa, el tercer municipio con mayor número de casos de desaparición forzada en el estado. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas reporta 134 personas desaparecidas entre 2010 y mayo de 2017, seguido de Chilpancingo con 226 casos y Acapulco con 424.
En ese entonces, el titular de la Segob afirmó que la construcción de la instalación militar comenzaría “lo más pronto posible”, y que los gobiernos estatal y federal colaborarían en la búsqueda de personas desaparecidas en la región.
Seis días después, el 27 de enero, el gobernador del estado, Héctor Astudillo, anunció un operativo de tres mil militares para vigilar los municipios de Chilapa, Zitlala y las partes altas de Chilpancingo, a petición de las familias que pidieron buscar a los jóvenes desaparecidos en la zona. Pero no sólo eso, también “tratarían” de ubicar a quienes se los llevaron, “para meterlos a la cárcel”.
“LE MARQUÉ TODA LA NOCHE Y NUNCA CONTESTÓ”.
Año y medio después de ambos anuncios, aún no hay cuartel, aunque sí operativo. Sin embargo, los dos hijos de María del Carmen Abarca continúan desaparecidos básicamente porque ninguna autoridad los busca, sólo ella.
Héctor Jaimes Abarca, el mayor de ellos, tiene 31 años y es antropólogo. Desapareció el 18 de marzo de 2015, cuando regresaba en una Urvan a Chilapa de Alvarez desde Chilpancingo.
“Él era una persona que cuando daban las seis o siete de la noche, me marcaba para decir ‘mamá, voy a llegar tarde’, pero ese día dieron las 7:30 y él no llegó. Fue entonces cuando tomé el teléfono y le marqué, pero ya no me contestó… le marqué toda la noche y nunca contestó”, cuenta su madre.
De acuerdo con las últimas personas que lo vieron, Héctor acudió a la capital del estado a hacer un cobro, y a las siete de la noche abordó una Urvan rumbo a Chilapa.
“Como a los tres meses de su desaparición, unas amigas de Héctor me dijeron que él y otra compañera se vinieron juntos y bajaron en la entrada de Chilapa, pero que como a los cinco minutos, cuando mi hijo cruzó la carretera, una camioneta blanca lo atajó. Cuatro hombres armados lo subieron”, narra María del Carmen.
“De ahí yo no he sabido nada de él… nada. Pero a los dos meses, el 12 de mayo se llevaron a mi otro hijo, Jorge, de 19 años”.
Jorge, quien trabajaba en una tortillería, salió en una moto a entregar pedidos y “se lo llevaron”.
“Ese día vino gente de comunidades, entonces estaba la suegra de mi hija, y ella me dijo que uno de sus hermanos le contó que vio a mi hijo en la entrada de Chilapa. Lo subieron a una camioneta y se lo llevaron”, explica su madre.
Desde entonces, varias personas le han dicho que ven a su hijo, y que no la visita “porque lo tienen retenido, lo cuidan”. Pero, hasta ahora, no ha sabido más.
Manuel Olivares, integrante del Centro José María Morelos, organización defensora de derechos humanos en Chilapa, explica que de los 134 casos de desaparecidos se presentaron pocas denuncias formales ante la autoridad “por temor”.
Cuenta por ejemplo cómo en mayo de 2015 un grupo armado tomó la ciudad. “Como 300 personas armadas llegaron de diferentes comunidades del lado sur y hubo 30 o 31 desaparecidos, entre ellos el hermano de Héctor”.
De acuerdo con su versión, “lo más grave de todo es que había gendarmería, policía federal, militares, policías ministeriales y municipales, y todos coexistieron de manera pacífica con la gente armada que llegó”. Y aunque “muchas mamás fueron con militares y gendarmes a suplicar que intervinieran para que no se llevaran a sus hijos, les negaron el apoyo”.
“Entre el miedo y la preocupación se nos pasaron los días”.
Silvana Sixtos busca a su hermana Esmeralda, de 35 años, y a su sobrino Erik Giovanni, desaparecidos desde el 20 de octubre de 2016.
Erik Giovanni García, de 19 años, fue visto por última vez con su madre, a quien acompañó a un Conalep donde estudiaba enfermería.
“Los vecinos dicen que los vieron juntos como a las 11 de la mañana. Mi hermana se dirigió a la escuela y de mi sobrino ya no supimos toda la tarde”, cuenta Silvana.
Esa noche, cuando Esmeralda Sixtos volvió a su casa, a las 8 de la noche, no encontró a Erik, por lo que preguntó a su hermano menor si sabía de su paradero.
A las 11 de la noche “le empezó a marcar a su teléfono y ya no contestaba, y en su desesperación como madre se cambió de ropa, se puso sandalias, tomó su bolsa y su teléfono, y salió a buscarlo, pero ya no regresó”, explica Silvana.
Ella y su madre se enteraron de lo sucedido hasta el día siguiente, cuando el hijo menor de Esmeralda fue a buscarlas a su casa.
“Nuestra sorpresa fue cuando llegó el niño y mi mamá le preguntó por Esmeralda, y él dijo ‘no sé, abuelita, mi mamá no llega desde ayer y mi hermano tampoco aparece’; fue ahí cuando empezó nuestra preocupación”, narra.
Un mes después de la desaparición de sus familiares, Silvana acudió a denunciar los hechos “por todos los contratiempos que se dan en el momento, y a lo mejor el nerviosismo, la impotencia, el coraje… un montón de sentimientos encontrados a los que se agrega la inseguridad”.
Sin embargo, hasta el día de hoy, tampoco tiene noticias sobre Erik y Esmeralda.
A más de veinte meses de que el secretario de Gobernación y el gobernador del estado se comprometieran con los guerrerenses a encontrar a los desaparecidos y hacer valer la justicia, cuestiona Manuel Olivares: “¿Se detuvo la violencia? ¿Pararon las desapariciones o ejecuciones? No, han continuado día con día, y es por eso nuestra preocupación”.(animalpolitico.com).