PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA

Shaila Rosagel.--El hedor de los 600 cadáveres hacinados en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Guerrero provocó hace un poco más de una semana que los trabajadores de la Fiscalía General de Justicia de la entidad, ubicados a un lado del inmueble, hicieran un paro de labores para protestar por la peste.
Temerosos por las posibles enfermedades que pudiera acarrearles permanecer expuestos a los gases de los cadáveres en descomposición, se pusieron mascarillas, cubrebocas y le exigieron a su actual Gobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI),

Héctor Antonio Astudillo Flores remediar la emergencia sanitaria.
Pero la emergencia en Guerrero no es sólo sanitaria. Los muertos del Semefo son producto de la violencia que se vive a diario y que entre enero y septiembre de este año, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dejó ya mil 726 homicidios dolosos.
Guerrero, según las cifras, va a la cabeza a nivel nacional, incluso sobre otra entidad que le pisa los talones: el Estado de México que cuantifica mil 495 homicidios dolosos en el mismo periodo, pese a que su población en 5 veces mayor.
“El problema de Guerrero es estructural. Hay una línea de carácter histórica y política en que por un lado, es una entidad con una característica social y política de violencia social, violencia política.
En un principio de cacicazgos, con problemas de tenencia de la tierra, de desigualdad social que no son de ahora, sino desde los años 60. Nuestros brotes guerrilleros rurales, una buena parte de ellos vienen de ahí, porque responden a esa simbología de retraso político, económico y social”, dice Erubiel Tirado Cervantes, miembro del Seminario de Investigación y Educación en Estudios de Defensa y Seguridad y especialista en Relaciones Civiles Militares de la Universidad Iberoamericana (UIA).
El experto expone que además Guerrero por su cartografía se presta para la siembra de mariguana y amapola por la inaccesibilidad a la región y la dispersión de la población. A este conjunto de factores, el experto suma uno más: Guerrero está gobernado por una clase política rapaz, no importa el partido en turno.
“No importa el color que sea. Después de Ayotzinapa se nos muestra de una manera grosera que no sólo es de un grupo político la rapacidad. Si a eso le añadimos la incapacidad del estado para satisfacer las necesidades básicas de la población, tenemos ese coctel. En Guerrero tenemos varias zonas militares con un enfoque antiguerrillero, que no ha sido eficiente para evitar que en la entidad se presente en fenómeno del crimen organizado y narcotráfico que se trasmina a las estructuras políticas”, explica.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en Guerrero más del 60 por ciento de la población vive en situación de pobreza. Aunque de 2010 a 2016 la pobreza disminuyó al pasar de 67.6 por ciento a 64.4 en 2016, la cantidad de personas en pobreza es de 2 millones 314.7 mil. Una diferencia de apenas 15 mil con respecto a 2010.
Los datos indican que en 2016, el 23 por ciento de los guerrerenses vivían en pobreza extrema y sólo el 8.6 por ciento de la población es no vulnerable.
La medición del Coneval indica que la población con al menos una carencia social disminuyó de 90.5 por ciento en 2010 a 88.2 por ciento en 2016, y también el rezago educativo al pasar de 28.4 por ciento al 25.2 por ciento.
La población con carencias a acceso a servicios de salud disminuyó de 38.9 por ciento en 2010 a 13.3 por ciento en 2016, mientras que en el acceso a la seguridad social pasó de 78.5 por ciento a 73.9 por ciento.
En general, los indicadores muestran una disminución en las carencias por calidad y espacios básicos de vivienda, en acceso a la alimentación y con un ingreso inferior a la línea de bienestar. Sin embargo, los porcentajes siguen manteniéndose elevados sobre la media nacional de pobreza.
Anselmo Chávez Capó, doctor de la Escuela de Negocios de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y estudioso de la pobreza en la región, explica que los indicadores sólo muestran tendencias, pero no el comportamiento de la población en su conjunto.
“Es una medición de la pobreza que probablemente no refleje la realidad que se vive en la actualidad. Es evidente que la realidad nos dice que la situación en Guerrero es mucho más complicada que lo que nos dicen los indicadores. Nos estamos encontrando con una realidad apabullante: crimen organizado, disminución de la actividad económica y turística. Vas a Guerrero y te encuentras de manera directa con la pobreza, inseguridad, crimen organizado en todas sus expresiones”, argumenta.
Chávez Capó explica que en Guerrero hay oportunidades para hacer negocios, pero los empresarios se exponen a que, una vez obtenidos beneficios de sus inversiones, ser víctimas de los criminales.
“Los empresarios no quieren invertir y no pueden, solo que te guste mucho arriesgarte, porque seguramente hay muchas oportunidades de negocio; el único problema es que cuando tengas beneficios los criminales van a voltear a verte para ver que te pueden sacar. No hay estado de derecho y eso permite la actividad delictiva”, precisa.
EL PRI NUNCA DEJÓ GUERRERO
Desde 1928 hasta 2005 en Guerrero gobernó el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ese año el tricolor perdió la gubernatura en manos del empresario Carlos  Zeferino Torreblanca Galindo, quien arribó al poder abanderado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Era 2005 y oficialmente hubo alternancia, pero para los expertos y activistas consultados por SinEmbargo, sólo fue un cambio de color. El dinosaurio tricolor se maquilló de amarillo, pues durante los años que gobernó el Sol Azteca 2005-2015, los gobernadores estuvieron ligados desde sus orígenes con el priismo.
Ocurrió con Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien tuvo como jefe político a Rubén Figueroa Alcocer, Gobernador de Guerrero entre 1993-1996 y destituido por ser el autor de la masacre de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995.
La carrera política de Aguirre  Rivero se hizo en el seno del PRI. Entre 1981 y 1987 fue secretario particular y Secretario de Gobierno del ex Gobernador Alejandro Cervantes Delgado. Con José Francisco Ruiz Massieu, fungió como Secretario de Desarrollo Económico y después como Coordinador del Programa Nacional de Solidaridad en la Costa Chica.
Ángel Heladio Aguirre Rivero cubrió a su amigo Rubén Figueroa Alcocer al ser destituido y fue Gobernador interino por el PRI en el periodo 1996-1999. Y aún así, con esa trayectoria, fue abanderado por un partido de izquierda, por el PRD.
En 2014, tras el escándalo de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” (Ayotzinapa) en Iguala de la Independencia, Aguirre Rivero dejó el poder y fue sustituido por otros dos perredistas hasta las elecciones de 2015 en donde la alternancia perdió frente al candidato del PRI: Héctor Antonio Astudillo Flores.
Pero para Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), en la entidad nunca hubo una alternancia real y la izquierda nunca gobernó: siempre fueron los mismos, los del PRI, los caciques.
“Si hacemos un recuento de la acción letal del Gobierno, está el asesinato de estudiantes en 2011, la masacre de Aguas Blancas, el asesinato de campesinos de El Charco por el Ejército. Lo de los 43 fueron policías quienes accionaron armas contra estudiantes, estamos hablando de una macrodelincuencia, un problema estructural. Hasta hoy no hemos visto que sea llamado a cuentas ningún Gobernador, o condenado por sus crímenes”, explica.
Guerrero, agrega, está viviendo el resultado de una estrategia del Gobierno federal y estatal que se enfocó en acabar con la guerrilla y la organización popular en contra de los cacicazgos políticos.
“El Gobierno mandó al Ejército para destruir cualquier brote de guerrilla y desde ahí se rompió el tejido de las comunidades. Esto ha hecho que la población pobre, indígena, campesina tenga que resistir y pelear a brazo partido para irse abriendo espacios de participación política.
El otro factor es este continuo de impunidad por el Gobierno caciquil que se ha asentado en nuestro estado y que hace un uso desproporcionado de la fuerza pública apoyado por el Ejército”, dice.
La destrucción de la guerrilla ha dejado “el campo abierto” para que “todas las actividades posibles, legales e ilegales se puedan realizar en nuestro estado. En esta permisividad empieza a florecer la siembra de la mariguana y la amapola; la lucha en contra de la guerrilla vino aparejada con la incursión de estas actividades ilícitas.
Se dio mano ancha a los actores del estado armados para que pudieran aprovechar el territorio para estas siembras consentidas desde el poder”.
Los partidos, dice Abel Barrera, están regidos por ese “macropoder” que representa el crimen organizado, lo que les resta fuerza y legitimidad para estar “por encima de este macropoder que le está chupando la sangre a los guerrerenses, con un poder político al servicio de los delincuentes”.
ANTES DE IGUALA: OTRAS MATANZAS DE GOBERNADORES
Antes de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala de la Independencia, en Guerrero hay masacres emblemáticas en las que estuvieron involucrados gobiernos del PRI, entre ellos, Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien era gobernante cuando se dieron dos de las masacres.
Durante el Gobierno del priista Rubén Figueroa Alcocer, el 28 de junio de 1995 en el vado del río Las Hamacas, muy cerca de Aguas Blancas 400 policías del agrupamiento motorizado esperaron a los campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) que se dirigían a un mitin para demandar la liberación de Gilberto Romero Vázquez, un miembro de su organización desaparecido, además de servicios básicos, escuelas y hospitales. Los policías les dispararon y el resultado fue 17 muertos y 21 heridos. Sobrevivientes de la masacre afirman que hubo ejecutados con el tiro de gracia.
En junio de 1998, con Ángel Heladio Aguirre Rivero como Gobernador sustituto de Guerrero, se dio la matanza de El Charco que dejó como saldo 11 muertos, supuestos guerrilleros, ejecutados por las fuerzas castrenses.
Un informe de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos narra que elementos del Ejército “rodearon la escuela primaria Caritino Maldonado, en la cual se encontraban dormidos varios indígenas, quienes participaban en una asamblea para tratar asuntos relacionados con proyectos productivos para sus comunidades.
Según los sobrevivientes el Ejército Federal rodeó el lugar e irrumpió, disparando y lanzando dos granadas de fragmentación, lo que provocó 11 muertos y 5 heridos que quedaron detenidos junto con otras 22 personas, quienes fueron trasladadas a las instalaciones de la Novena Región Militar, en Cumbres de Llano Largo, lugar donde fueron retenidas y sometidas a tortura por dos días”.
Entre los detenidos, dice el informe, había cinco menores de edad. Uno de ellos fue herido y permaneció un mes en el Hospital Naval.
La Liga Mexicana establece que al lugar se impidió la entrada a periodistas, organizaciones civiles, defensores de los derechos humanos hasta dos días después de la masacre.
“Tiempo en el cual las autoridades se encargaron de borrar todas las evidencias de los hechos”, dice.
Una segunda matanza, también durante la gestión de Ángel Heladio Aguirre Rivero, ocurrió el 2 de diciembre de 2011 cuando el Gobernador mandó desalojar la Autopista del Sol con violencia y cobró la vida de dos estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Durante su gestión Ángel Heladio Aguirre Rivero se distinguió por perseguir a las policías comunitarias. Antes de 2014, el año parteaguas para la administración de Enrique Peña Nieto y del propio Aguirre Rivero, la delincuencia había golpeado a todas las zonas de la entidad y la policía comunitaria se había extendido a la Costa Chica y el Centro.
En 2011, el entonces Secretario de Gobernación Francisco Blake Mora anunció la operación “Guerrero Seguro” en Acapulco, debido a que los asesinatos relacionados con el narcotráfico aumentaron casi el triple en relación con 2010 al pasar de 289 a 884 en un año.
Pero a un año de su anuncio las ejecuciones habían crecido. Según datos oficiales del Gobierno del estado entre octubre de 2011 y septiembre de 2012 se registraron 936 ejecuciones. Un total de 38 más que en el mismo periodo de 2010.
Entre 2010 y 2012 las cifras de ejecutados solo en Acapulco se incrementaron oscilando entre los 50 y los 142 asesinatos mensuales.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal colocó en el segundo lugar de su ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo 2012 a Acapulco, después de San Pedro Sula, Honduras.
Pero los muertos no sólo se contaban en el puerto. En las poblaciones de la región de La Montaña, Tierra Caliente y Costa Chica, los crímenes eran invisibles para las autoridades estatales y federales.
La población abandonada a su suerte empezó a armarse y fue la policía comunitaria que se gestó en La Montaña, la que abonó a que la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerreo (UPOEG) creciera y se fortaleciera.
Las policías comunitarias fueron creadas en 1995 por el sacerdote Mario Campos Hernández, párroco de Tlapa de Comonfort, en La Montaña de Guerrero en contra de la impunidad y la inseguridad.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Guerrero se creó para luchar en contra de los asaltos, las violaciones sexuales y los asesinatos. De acuerdo con Campos Hernández la medida logró contener la delincuencia de aquellos años.
Fueron la UPOEG y la CRAC, los movimientos que bajaron de la sierra a Costa Chica en 2013 y ayudaron a la población a levantares en armas en contra del crimen organizado que mantenía a varios pueblos secuestrados.
En Xaltianguis, El Ocotito, Ayutla de los Libres y varios municipios de la Costa Chica había un control total de la población por parte de los miembros del crimen organizado, quienes secuestraban, violaban y asesinaban a su antojo a la población. En enero de 2013 siete municipios establecieron sus policías tradicionales, sumando a la Costa Chica, La Montaña y el Centro de Guerrero.
En febrero de 2013 seis turistas españolas fueron violadas cerca de Acapulco y para agosto de ese año, más de 100 mujeres se levantaron en armas a unos cuantos kilómetros del puerto. Xaltianguis se levantó en armas en abril. La UPOEG avanzó entre 2013 y 2014 e hizo “limpia” de criminales en varios pueblos.
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública la entidad fue la más violenta del 2013 al registrar 2 mil 87 homicidios. Además de ser el estado con más plagios, al contabilizar 207 casos, sólo después de Tamaulipas. Para enero de 2014, el año de la desaparición de los 43 normalistas, Guerrero estaba en llamas y las policías comunitarias avanzaban en su lucha en contra del crimen organizado.
Unos 500 policías comunitarios ingresaron al pueblo de Chilpancingo a petición de los pobladores. Tras su ingreso realizaron operativos donde detuvieron a 16 presuntos integrantes de la delincuencia organizada que se dedicaban a extorsionar y secuestrar a las personas de esa comunidad.Esa misma semana miembros del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) entraron a la comunidad de Mazatlán, cercana a Chilpancingo, asumir el control y las tareas de seguridad.
Los asesinatos, ejecuciones y el levantamiento de la policía comunitaria vieron llegar su clímax el 26 de septiembre de 2014, cuando 43 normalistas fueron desaparecidos --sin que hasta la fecha se conozca su paradero--, un hecho que sumió en su peor crisis al Gobierno de Peña Nieto y que le costó la gubernartura Ángel Heladio Aguirre Rivero.
LA OPERACIÓN FALLIDA A PARTIR DE IGUALA
En octubre de 2014, días después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, llegaron a Iguala de la Independencia la Policía Federal y la Gendarmería Nacional para tomar el control de la seguridad. En Chilpancingo arribaron cerca de 2 mil policías antimotines para reforzar la seguridad ante la posibilidad de que continuaran las movilizaciones de los estudiantes y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).
Un mes después, en noviembre de 2014, la Gendarmería Nacional reforzó la vigilancia en Acapulco con mil 300 elementos, para brindar seguridad a los turistas que vacacionaron ese fin de año en el puerto.
El 4 de diciembre, el Gobierno federal puso en marcha el Operativo Especial de Seguridad Tierra Caliente en 22 municipios de Guerrero, ocho del Estado de México, cuatro de Morelos y dos de Michoacán con más de 2 mil elementos de la Policía Federal (PF).
Las fuerzas federales asumieron por completo las tareas de seguridad de esos municipios. El objetivo principal era combatir al crimen organizado que golpea a la región. Ese año cerró cerró con 2 mil 197 homicidios, de los cuales mil 514 fueron dolosos.
Pero 2015 fue más sangriento, pues sólo entre enero-noviembre se registraron mil 824 homicidios dolosos.
En octubre de 2015 llegaron a Guerrero más de mil 500 elementos de la Policía Federal como parte del operativo de reforzamiento de seguridad que anunció el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
El 1 de diciembre de 2015 de acuerdo con medios locales, llegaron entre 5 mil y 5 mil federales antimotín a Acapulco y Chilpancingo, sólo para vigilar la jornada de evaluación docente.
Pero el operativo del Gobierno federal poco sirvió para frenar la violencia en la entidad. Durante los primeros 13 días de 2016 se dieron cinco homicidios diarios en promedio y 22 secuestros en ese periodo, 17 de ellos ocurridos en el municipio de Arcelia, en Tierra Caliente.
La estrategia federal contra la inseguridad en Guerrero fracasó.
En total, de acuerdo con las cifras documentadas por diarios locales y nacionales fueron alrededor de 65 homicidios, 50 de ellos entre el 1 y el 8 de enero, 10 el fin de semana del 9 y 10 de enero, y cuatro más el martes 12 en Acapulco y en Ciudad Renacimiento.
Los muertos se reportaron el mismo día que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó en ese puerto el Acuerdo Guerrero Incluyente y Próspero, que es “la siguiente etapa” del Plan Nuevo Guerrero.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en 2015, respecto a 2014, se incrementaron los homicidios dolosos y para 2016 la cifra superó a los del año anterior, pues se cometieron 2 mil 213.
El año 1997 cerró con mil 273 homicidios dolosos, 59 casos de secuestro, 78 de extorsión, mil 905 casos de robo de vehículo con violencia. La tendencia continuó durante 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, pero en 2003 se dio una disminución clara en los homicidios pues ese año cerró con 808 casos, 23 secuestros, 78 casos de extorsión, 634 robos a vehículo con violencia y 863 casos de robos de vehículo sin violencia.
Para 2004, los homicidios dolosos bajaron hasta 539 y sólo se denunciaron 19 casos de secuestro y 31 de extorsión, elevándose más el robo de vehículos con y sin violencia. Lo mismo ocurrió en 20016 donde los homicidios dolosos fueron 837.
Fue a partir de 2008 cuando las cifras del secretariado muestran que los homicidios dolosos empezaron a incrementarse. Para 2009 el año cerró con mil 431 casos de homicidio y más de 3 mil casos de robo de vehículo con y sin violencia.
Desde ese año a la fecha las cifras indican que los homicidios dolosos se incrementaron notoriamente para llegar a un pico en 2016 con 2 mil 213 homicidios dolosos y más de 4 mil 300 casos de robo de vehículo con y sin violencia.
Las cifras indican que entre enero y septiembre de 2017 ya suman los mil 726 casos de homicidio doloso en la entidad, lo que coloca a Guerrero a la cabeza en homicidios, con también 48 casos de secuestro, 132 de extorsión, mil 960 casos de robo de vehículo con violencia y mil 531 sin violencia. Los meses más violentos fueron marzo, mayo y junio; pero en septiembre cerró con 186 casos, más homicidios que en el Estado de México que cerró septiembre con 173 casos y que en lo que va del año lleva mil 495 homicidios dolosos.
En este año tampoco se ha podido contener la violencia del crimen organizado en contra de la comunidades y Chilapa ha retratado lo que vive la población guerrerense en medio de las clase política rapaz a la que se refieren los académicos y activistas, y de ese “macropoder” que constituyen los criminales.
En Chilapa de Alvarez, municipio anclado en la Montaña baja, ha habido un éxodo de habitantes de distintas poblaciones desde mediados de este año por el terror y las amenazas de ataques armados por parte de los delincuentes. El diario El Sur publicó en junio un texto amplio que retrata la salida de Tepozcuautla y Ahuihuiyuco de los pobladores:
“Dicen que se van del pueblo caminando porque desde hace días no hay transporte público, no se sabe si desde hace tres días que inició el éxodo de pobladores o desde que hay filtros de personas armadas que impiden su entrada”, relata el reportero Luis Daniel Nava.
En Chilapa de Alvarez desde hace dos meses hay alrededor de 70 escuelas en paro por la violencia que se vive en la región y que cobró la vida de un ex Alcalde y de un ex dirigente del PRD junto con su esposa, suegra y su chofer. El martes sólo cuatro de las escuelas en paro abrieron tras el llamado de las autoridades educativas de la entidad.
El pasado 13 de noviembre el Héctor Antonio Astudillo Flores anunció una operación militar para contener la violencia en Chilapa de Alvarez y regresar a los niños a las aulas.
Pero no sólo en Chilapa de Alvarez los habitantes huyen de la violencia; en general, la población de Guerrero se siente insegura de vivir ahí. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a septiembre de este año, el 92.4 por ciento de la población de Chilpancingo, la capital del estado, considera que vivir en esa ciudad es inseguro. Un incremento de casi cinco puntos porcentuales respecto a septiembre de 2016, cuando 86.6 por ciento de los residentes dijeron sentirse inseguros de vivir en esa ciudad.
Guerrero también está entre los primeros en victimización y en tasa de delitos. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública (Envipe) 2017 del Inegi plantea que en Guerrero 32 mil 58 personas por cada 100 mil habitantes han sido víctimas de algún delito. Superado por el Estado de México, Ciudad de México, Aguascalientes, Baja California y Sonora.
Guerrero tiene una tasa de delitos de 47 mil 874 por cada 100 mil habitantes, una de las más altas junto con Morelos, Sonora, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California y Aguascalientes.
La violencia en Guerrero ha golpeado al sector turismo. Las cifras de la Secretaría de Turismo indican que Acapulco, Guerrero no se encuentra entre los destinos con mayor ocupación turística en 2016 y 2017. El documento “Reporte Monitoreo Hotelero, 70 centros turísticos enero-septiembre” sólo menciona a las playas de Quintana Roo, Nayarit, Baja California Sur y Jalisco.
Los datos de ocupación en el estado más nuevos que presenta la página de la Sectur datan de 2015, donde se ve un descenso en la llegada de turistas a partir de 2009, con su punto más bajo en 2011, y una caída en la ocupación por debajo del que se registró a nivel nacional.
Aunque la Sectur no muestra estadísticas recientes de Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona, secretario de Turismo de la entidad, dio cifras alentadoras este noviembre.
Según los medios locales, el titular de la Sectur local declaró que los niveles de ocupación durante el primer fin de semana de noviembre en Acapulco fueron de 76.2 por ciento, Ixtapa-Zihuatanejo 86 por ciento, Ixtapa 89 por ciento y en Taxco de Alarcón 86 por ciento.
Los expertos señalan que no observan un proyecto de parte del Gobierno del priista Héctor Antonio Astudillo Flores por rescatar a Guerrero.
“En realidad es un problema estructural en el que se tienen que fortalecer las capacites de los tres niveles de Gobierno y actuar de manera conjunta para contender la situación de violencia. Atajar de raíz el crimen organizado en todos los municipios. Son varios frentes los que se tienen que atacar; sólo con una visión integral sobre lo que está sucediéndole a Guerrero se puede avizorar una solución”, dice el especialista Erubiel Tirado.
Abel Barrera de Tlachinollan considera que se tiene que tomar en cuenta el problema de pobreza extrema que existe en la entidad y la falta de acceso a los derechos básicos a salud, educación, que hoy sólo forman parte del “discurso hueco” de los políticos.(sinembargo.mx).