NOTA

Desaparición de 6 en la PGR
atora el amparo contra Zerón

El amparo indirecto que interpusieron los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en contra de la resolución de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR), que deslinda de responsabilidades penales al extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, está atorado por la supuesta “desaparición” de seis funcionarios de la dependencia.
Y es que, según el titular del Juzgado Tercero de Distrito, Martín Adolfo Santos Pérez, “no se ha podido localizar” el domicilio de cuatro peritos y dos policías

ministeriales.
“Lamentablemente ha sido complicado el proceso para notificar a la gente de la PGR. El juzgado informó que ha hecho todos los trámites legales, pero se ha complicado. Ahorita se está haciendo el emplazamiento a juicio a estas personas mediante edictos publicados en diarios nacionales y el Diario Oficial de la Federación. Una vez agotado este proceso ya se estaría resolviendo el juicio de amparo”, precisó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
Luego de la reunión que sostuvieron los familiares de los normalistas con Santos Pérez, el abogado indicó que el costo por la publicación de los edictos, “que asciende a 100 mil pesos cada uno”, también ha entorpecido el desahogo del amparo con el que exigen se impongan sanciones penales a Zerón de Lucio por ocultar las diligencias en el río San Juan.
Al respecto, el juez aseguró que han solicitado al Consejo de la Judicatura que cubra el costo de dichos edictos o, en su defecto, se publiquen de manera gratuita.
De acuerdo con Rosales, la publicación de los dictámenes “es otro trámite que está dilatando un poco el proceso. Nos preocupa que de manera deliberada la PGR haya ocultado los domicilios de estos servidores públicos, como una estrategia para dilatar el amparo y poner obstáculos al procedimiento”, subrayó.
El encuentro con el juez, además de un mitin afuera de los juzgados administrativos –localizados en el bulevar Adolfo López Mateos–, forma parte de la “jornada de lucha” que realizan familiares y compañeros de los normalistas en la capital mexicana desde el pasado lunes 20.
A partir del mediodía se concentraron afuera de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, donde protestaron con altavoces y mostraron mantas con las imágenes de sus desaparecidos. Posteriormente una comisión ingresó al recinto para reunirse con el juez. El encuentro duró alrededor de una hora.
A su salida, Vidulfo Rosales se manifestó conforme con lo que se habló en la reunión, pues si bien no se dio un plazo para el desahogo de los emplazamientos, al menos en el juzgado se avanza de acuerdo con los plazos legales, apuntó.
En marzo pasado los padres de los normalistas y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan interpusieron un amparo en el Juzgado Tercero de Distrito Administrativo en la Ciudad de México, bajo el número 195/2017, contra la resolución de la Visitaduría General que deslinda de responsabilidades penales graves a Tomás Zerón y sólo le atribuye responsabilidades administrativas.
La acción legal se presentó después de que en abril de 2016 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) evidenció que la visita del extitular de la AIC al río San Juan no estaba registrada en el expediente.
Pero ese lugar es clave en las pesquisas, toda vez que ahí se encontraron restos del único normalista que ha sido identificado: Alexander Mora Venancio.