NOTA

Exigen justicia para las mujeres
indígenas OCNF y Tlachinollan

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan exigen acceso a la justicia para mujeres indígenas del estado de Guerrero.
En el marco del 25 de noviembre “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, víctimas, familiares de víctimas y defensoras de derechos humanos se reunieron con el Presidente de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado

de Guerrero (TSJE) Miguel Barreto Cedeño, para exponer su preocupación ante los obstáculos que han identificado para el acceso a la justicia y los procesos penales a los que se enfrentan mujeres indígenas de Guerrero.
Elvia Méndez Castillo y Juana Ramírez Marcos, sobrevivientes de violencia sexual y familiar,  Catalina Prisciliano Elidia y Florentina Sánchez Joaquín, madre y hermana de Florencia Sánchez Joaquín, víctima de violencia sexual y feminicidio, viajaron desde la Montaña para hacer escuchar su voz y clamor de justicia.
“Me acusan de lesiones contra mi ex pareja cuando él fue quien me agredió en la calle mientras estaba borracho”, dijo ante funcionarios del TSJE Elvia Méndez Castillo, indígena naua, sobreviviente de violencia familiar, acusada por el delito de lesiones y condenada a un año de prisión. Elvia se inconformó y su caso está a la espera de que se turne a un magistrado de la Cuarta Sala de lo Penal para su análisis y resolución. Cabe mencionar que la ejecución de la orden de aprehensión contra la ex pareja de Elvia continúa pendiente.
“Limpios y transparentes, que no reciban dinero para que tengamos justicia, es lo que pedimos”, dijo Florentina Sánchez Joaquín, hermana de Florencia Sánchez indígena me’pháá víctima de violencia sexual de manera tumultuaria -entre ellos su ex pareja Marcelino de la Cruz Sánchez - y feminicidio  perpetrado el 24 de agosto de 2014. Hasta la fecha únicamente ha sido detenido Marcelino de la Cruz Sánchez, mientras que tres de los otros responsables continúan libres.
Si bien Marcelino enfrenta un proceso legal por el delito de feminicidio, preocupa que la posible manipulación de pruebas periciales promovida por su defensor pueda hacer que quede en libertad, siendo el único procesado por este delito.
En esta búsqueda de justicia, la madre y hermana de Florencia, quienes se quedaron a cargo de sus dos hijas, han recibido amenazas y hostigamiento por parte del agresor detenido y de las tres personas más que aún no han sido detenidas.
“Fui víctima de violencia sexual y familiar por parte de mi ex pareja, despojada de mi casa y acusada falsamente de lesiones agravadas, a pesar de que cuando sucedieron los hechos me encontraba trabajando en los campos agrícolas de Sinaloa. Las autoridades me confrontaron incluso con mi agresor, preguntándome que si yo quería podrían traérmelo para que me ‘arreglara con él´ y pusiera fin al asunto”, afirmó Juana Ramírez Marcos, mujer naua, sobreviviente de violencia familiar y violación sexual por parte de su ex pareja.
Juana fue condenada por la jueza, quien restó valor a todas las pruebas que acreditaban su inocencia. Con el acompañamiento de Tlachinollan, apeló la sentencia y está a la espera de que los magistrados emitan una resolución adversa, sin que esto la revictimice y violente sus derechos, particularmente su derecho a vivir una vida libre de violencia. Cabe mencionar que la denuncia contra su ex pareja por violación estuvo llena de vicios e irregularidades, lo cual derivó en su absolución.
“Que vayamos a la cárcel o  que vayamos a la tumba es a lo que nos enfrentamos las mujeres por omisiones del estado”, afirmó Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del OCNF, quien reiteró a magistrados del TSJE la obligación de las autoridades de juzgar con perspectiva intercultural, de género y derechos humanos en los casos de violencia sexual, familiar y feminicidio que le fueron expuestos a los magistrados, incorporando los estándares nacionales e internacionales en la materia, identificando el contexto de desigualdad y la violencia en la que viven las mujeres en México.
De enero a junio de 2017 el OCNF registró 784 asesinatos de mujeres  en tan sólo 13 estados del país entre ellos el Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco. Tan sólo el 49% es investigado como feminicidio, lo que evidencia el contexto de violencia que viven las mujeres en México.
Cabe mencionar que el estado de Guerrero es omiso no sólo en la prevención, atención y sanción en los casos de feminicidios sino que no cuenta con información y banco de datos que pueda dimensionar la problemática del feminicidio.
Por su parte Neil Arias Vitinio, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan solicitó que los magistrados de la Primera y Cuarta Sala Penal del TSJE emitan las resoluciones de estos casos tomando en consideración el contexto fenomenológico de violencia en el que se encontraban, así como los obstáculos e irregularidades que las mujeres han enfrentado en la búsqueda de justicia.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan exhortamos al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero a que:
-Resuelva los procesos penales y de denuncia de Elvia Méndez Castillo, Juana Ramírez Marcos y Florencia Sánchez, conforme a los principios de imparcialidad e independencia, con la debida perspectiva de género y los estándares internacionales más altos en materia de derechos humanos y de protección a los derechos de las mujeres.
Como organizaciones defensoras de los derechos humanos reconocemos la persistente lucha de las mujeres indígenas para acceder a la justicia, por lo que estaremos atentas de las acciones y resoluciones que en su momento emita el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, a fin de que los derechos al acceso a la justicia y a una vida libre de violencia  para las mujeres sean garantizados.
En la conferencia las mujeres sobrevivientes y familiares de víctimas tuvieron el respaldo y la presencia de Inés Fernández Ortega, mujer indígena mé pháá víctima de tortura sexual por elementos del Ejército y cuyo caso fue juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien dirigió palabras de solidaridad y apoyo para la exigencia de justicia de Elvia Méndez Castillo, Juana Ramírez Marcos y la madre y hermana de Florentina Sánchez Joaquín.