NOTA

Asesinan a 2 mineros en Media
Luna, ligan matones con la CTM

El Sindicato Internacional de Trabajadores United Steelworkers (USW) condenó este día el asesinato de dos hermanos que mantenían un paro laboral contra la minera canadiense Media Luna en Cocula, Guerrero.
Según informó el USW, la noche del pasado sábado, un grupo armado, supuestamente afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), atacó a los huelguistas de Media Luna en una barricada que los trabajadores habían establecido cerca de la mina.

En ese acto, los hermanos Víctor y Marcelino Sahuanitla Peña perdieron la vida.
“La raíz de estos brutales asesinatos es la represión generalizada de los derechos laborales en México, y en la que también están implicadas las empresas canadienses”, dijo Ken Neumann, director de USW para Canadá. La responsabilidad de este crimen, agregó, recae directamente sobre la CTM y el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
En un comunicado, Neumann instó al Gobierno canadiense a que intervenga ante las autoridades mexicanas para reconocer los derechos básicos de los trabajadores mexicanos y evitar más violencia. “El Estado mexicano y esta empresa canadiense deben garantizar que este conflicto se resuelva sin más derramamiento de sangre”.
Media Luna es propiedad de la firma canadiense Torex Gold. Al igual que muchas compañías extranjeras que operan en México, Torex llegó a un acuerdo con uno de los conocidos “sindicatos de protección” de México (CTM), que no representan legítimamente a los trabajadores, de acuerdo con lo denunciado por ellos mismos.
USW confirmó que es común que las compañías extranjeras firmen acuerdos con sindicatos mexicanos de protección incluso antes de que comience a operar. De esta manera, los trabajadores a menudo no tienen idea de que realmente pertenecen a un sindicato.
Dichos contratos de protección del empleador son ilegales en Canadá y Estados Unidos, pues violan los derechos más básicos de los ciudadanos. Sin embargo, en México sigue siendo una práctica común a pesar de que una reciente reforma de Ley proscribe tales prácticas como “corruptas”.