POLICRÓNICA

  Sentencias…Los Centros de Reinserción Social (CERESO) del estado de Guerrero, enfrentan dos principales problemas, que el gobierno estatal no busca encontrar una solución de fondo: la sobrepoblación y el 50 por ciento de los presos siguen esperando ser sentenciados por el Poder Judicial que ha caminado como tortuga, pero con un obeso presupuesto anual de cerca 650 millones de pesos.

Desde nuestro punto de vista de prospectiva, podemos afirmar que la sobrepoblación y la ausencia de sentencias, ha generado hacinamiento de los 15 Centros de Reinserción Social en el estado de Guerrero, en la que están encerrados las personas acusadas de cometer un delito del orden federal. Una de las soluciones para bajar el hacinamiento de los penales, es necesario que el gobernador del estado, el priista, Héctor Antonio Astudillo Flores  se asesore puntualmente y decida hacer las gestiones ante las altas esferas gubernamentales federales para que se lleven de las cárceles de Guerrero a todos los acusados de delitos del orden federal a los  Centros Federales de Reinserción Social, más conocidos como CEFERESOS. Sería una forma de disminuir un poco la población carcelaria, en lugar de estar pensando en gestionar la construcción de nuevos penales o un CEFERESO, porque sería otro problema mayor, por estar en tierras surianas. La queja principal de todos los directores de cada uno de los penales es que tienen que cuidar reos federales y son los que ponen en riesgo a la población carcelaria. Otro de los puntos importantes para bajar los índices de hacinamiento, es que el Poder Ejecutivo, exhortara y respetando la división de poderes, al Poder Judicial que se ponga a trabajar con seriedad y apegado a las leyes con cada una de las causas penales y sentencien a los justiciados. Hasta el momento, no hay un trabajo eficiente del Tribunal Superior de Justicia, no obstante que ejerce cada año un obeso presupuesto cercano a los 650 millones de pesos, pero no se ve reflejado en la administración de justicia. Actualmente está a punto de cumplirse el primer año de que entró en vigor el Nuevo Sistema Acusatorio, y uno de sus objetivos, es precisamente bajar los índices de presos de los penales no solo de Guerrero, sino de todo el país, porque con el viejo sistema provocaba precisamente el hacinamiento, aunado a la flojera de jueces y magistrados para sentenciar a los imputados. Se calcula que hay una población carcelaria del orden de los 5 mil 500 presos en promedio que hay en los 15 penales de Guerrero, el 50 por ciento desde hace años están en espera que sean sentenciados, muchos de estos hasta porque se robaron un par de huevos de gallina para alimentar a su familia están presos y muchos de ellos no tienen dinero para pagar los servicios de un abogado, mucho menos la fianza. Es un problema viejo que han enfrentados los gobiernos estatales de Guerrero, tanto del Partido Revolucionario Institucional, es el que más años ha gobernado y el Partido de la Revolución Democrática que estuvo frente al Poder Ejecutivo, por 10 años y medio. Pero ninguno de ellos se ha ocupado y preocupado de que los 15 penales son verdaderas hoyas exprés, que pueden explotar en cualquier momento y ya está demostrado. Ahora se espera que después de la masacre de 28 presos del CERESO de Acapulco el pasado 6 de julio, el gobierno Astudillista se ponga a trabajar en esta materia y logre abatir los rezagos que por culpa de los jueces y magistrados del Poder Judicial están llenos los penales. Para demostrar nuestra afirmación, hoy de manera responsable ofrecemos retrospectivamente una biografía general de cómo está la población carcelaria en el estado de Guerrero. Oficialmente se reconoce que el 46.3 por ciento de los presos de las cárceles en Guerrero están en espera de que se les dicte sentencia, de acuerdo con el reporte mensual de información estadística penitenciaria nacional de la Comisión Nacional de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación (Segob). El reporte, que corresponde a julio 2016, que no varía mucho, con el de julio del 2017, se informa que 2 mil 367 reos están en proceso y 2 mil 740 ya están sentenciados, todos viven amontonados en alguna de las 15 cárceles del estado. Por delitos del fuero común, mil 992 reos están en proceso, de los cuales mil 853 son hombres y 139 son mujeres. Por delitos federales, 349 reos están en proceso, de los cuales, 349 son hombres y 27 son mujeres. Los que están sentenciados por delitos del fuero común son 2 mil 225 presos, de los cuales 2 mil 109 son hombres y 116 mujeres. Por delitos federales, los sentenciados son 515 reclusos, 488 hombre y 27 mujeres. El problema que comentamos inicialmente, es precisamente  la sobrepoblación en los penales. En la cárcel de Acapulco, más del 50.3 por ciento de los internos esperan que se les dicte sentencia, es decir, mil 126, de un total de 2 mil 235. La cárcel de Acapulco tiene capacidad para mil 676 reos, pero en ella viven 2 mil 235, su capacidad está rebasada en 50. 2 por ciento. En el reclusorio de Chilpancingo, el 45 por ciento de los presos están en espera de sentencia, 449 de un total de 981. Esta cárcel tiene capacidad para 624 reos, pero en ella viven 981, con una sobrepoblación de 357.En el penal de Iguala de la Independencia, el 49 por ciento de los presos están en espera de sentencia, 223 de un total de 450. Esta cárcel tiene capacidad para 412 internos, pero viven ahí 450, con una sobrepoblación de 38 internos. En la cárcel de Tlapa de Comonfort, el 46.3 por ciento de los presos esperan sentencia, 121 de un total de 261. Esta cárcel tiene una capacidad para 60 internos, pero viven en ella 261, tiene una sobrepoblación de 201 reos, y está rebasada en 335 por ciento. En la prisión de Zihuatanejo, el 24 por ciento de los presos están en espera de recibir sentencia, 66 de 275. Tiene capacidad para 67 internos, pero viven en ella 275, es decir, una sobrepoblación de 209 reos, está rebasada en 410.4 por ciento. En la cárcel de La Unión, 14.8 por ciento de los presos están en espera de recibir sentencia, 37 de 250. Con una capacidad para 200 internos, hasta julio de 2016 había 250. En el penal de Chilapa de Alvarez, 15.17 por ciento de los presos están en espera de recibir sentencia, 44 de 290. Tiene capacidad para 92 internos, una sobrepoblación de 198 reos. En el reclusorio de Ayutla de los Libres, el 23.18 por ciento de los presos esperan sentencia, 32 de 138. Con una capacidad para 131, viven ahí 138 reos, tiene una sobrepoblación de ocho presos. En Tecpan de Galeana, el 15.22 por ciento de los internos no han sido sentenciados, 44 de 289 reclusos. En esta prisión, con capacidad para 56 internos, viven 289, tiene una sobrepoblación de 233 reos. En San Luis Acatlán, el 58.75 por ciento de los presos no han sido sentenciados, 47 de 80. Esta prisión, tiene capacidad para 55 reos, tiene 80, una sobrepoblación de 25 presos. En la cárcel de Coyuca de Catalán el 43.95 por ciento de los presos no ha sido sentenciados, 40 de 91. Esta penitenciaria tiene capacidad para 36 internos, pero en ella viven 91, una sobrepoblación de 55 reos. En la prisión de Arcelia, el 57.81 por ciento de los presos no ha sido sentenciados, 37 de 64. Este reclusorio tiene capacidad para 38 internos, pero ahí viven 64, tiene una sobrepoblación de 26 presos. En Taxco de Alarcón, el 36.35 por ciento de los presos no han sido sentenciados, 32 de 88, hay una capacidad para 69 presos pero en ella viven 88, tiene una sobrepoblación de 19 reos. En la penitenciaría de Teloloapan, el 21.66 por ciento de los presos no han sido sentenciados, 13 de 60. Este reclusorio tiene capacidad para 52 presos, pero en él viven 60, tiene una sobrepoblación de ocho presos. En la prisión de Ometepec, el 48.8 por ciento de los presos no han sido sentenciados, 61 de 125. Este penal tiene capacidad para 52 presos pero viven ahí 125, con una sobrepoblación de 73 presos. En Guerrero, el 46.8 por ciento de los presos están en espera de que les dicten sentencia, de acuerdo con el reporte mensual de información estadística penitenciaria nacional de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación (Segob). El reporte que corresponde a noviembre de 2015, informa que 2 mil 550 reos están en proceso y 2 mil 898 ya están sentenciados, todos viven amontonados en alguna de las 15 cárceles sobrepobladas del estado, según el informe. Por delitos del fuero común hay en proceso 2 mil 185 internos, de los cuales 2 mil 22 son hombres y 163 mujeres. Por delitos federales 365 reos están en proceso, de los cuales 336 son hombres y 29 mujeres. Los que están sentenciados por delitos del fuero común son 2 mil 342 presos, de los cuales 2 mil 222 son hombres y 120 mujeres, por delitos federales los sentenciados son 556 reclusos, 535 hombres y 21 mujeres. En las cárceles de Acapulco, Zihuatanejo, Tlapa, San Luis Acatlán, Arcelia y Ometepec, más del 50 por ciento de los internos no han sido sentenciados, mientras que en las prisiones de Chilpancingo, Iguala de la Independencia, Ayutla de los Libres y Coyuca de Catalán el porcentaje de internos sin sentencia rebasa el 40 por ciento. Es hora que el mandatario estatal, el priista Héctor Antonio Astudillo Flores se ponga a trabajar en serio y pronto, antes de que le surjan más complicaciones en el manejo de los penales. Para lograr bajar los índices de ocupación, está obligado en asesorarse en la materia, para que no vaya a cometer yerros que al rato tenga que arrepentirse. Las cárceles de Guerrero, urgen sean desocupadas en un gran porcentaje y evitar problemas como ya quedó demostrado con el caso de Acapulco.…3d3…Lo que al principio parecía que habría complicidad del Poder Judicial para encubrir a los servidores públicos, para que no hicieran su declaración 3 de 3, pues ahora con su nueva resolución,  la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la ley que obliga a todos los órganos de gobierno de la Ciudad de México, incluido el Poder Judicial capitalino, difundir en sus portales de internet la versión pública de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de los funcionarios. Este martes, por mayoría de seis votos, a propuesta del ministro José Ramón Cossío, el pleno rechazó los argumentos de jueces y magistrados de la capital del país que alegaban que la legislación en materia de transparencia de la CDMX excedía lo previsto en la Ley General de Transparencia, que permite a los servidores públicos elegir sobre la publicación de sus declaraciones. Los ministros que integraron la mayoría sostuvieron que la transparencia y la certeza de datos en las declaraciones patrimoniales no afectan la independencia judicial ni la función de todo juzgador de impartición de justicia. Y es que el Tribunal Superior de Justicia, así como el Consejo de la Judicatura, Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tribunal Electoral de la Ciudad de México habían, a través de la controversia constitucional 62/2016 el artículo 121, fracción XIII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. En octubre pasado los integrantes del Poder Judicial local libraron, de momento, revelar sus declaración 3de3 pues la Segunda Sala SCJN les concedió una suspensión sobre la obligación de publicar en internet las declaraciones de los jueces y magistrados que lo conforman hasta que se resolviera el litigio que habían impulsado, lo que sucedió este martes. Con esa decisión de alto tribunal de este país, ahora los ciudadanos mexicanos ya tendremos la oportunidad de conocer los salarios de cada uno de los funcionarios de alto nivel que hay en México. Ahora están obligados a transparentar sus bienes, por ende estarán más vigilados, con ello se combatirá en parte la corrupción galopantes que existe en México. Es un avance y que bueno que los magistrados del Poder Judicial hayan determinado el camino de la legalidad y de la transparencia que tanto están demandando los mexicanos.