NOTA
GobiernoEspía para
GIEI del caso Ayotzi
GIEI del caso Ayotzi
Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que podrían haber sido víctimas de los ataques de mensajes espías, presuntamente emitidos del software espía Pegasus, que el gobierno mexicano compró.
El GIEI explicó ante la comisión que mientras investigaron la desaparición y ataque de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014, recibieron mensajes semejantes a los denunciados por periodistas, activistas e incluso políticos del PAN
para ser espiados.El GIEI explicó ante la comisión que mientras investigaron la desaparición y ataque de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014, recibieron mensajes semejantes a los denunciados por periodistas, activistas e incluso políticos del PAN
The New York Times publicó el pasado 19 de junio un informe en que organizaciones ciudadanas, periodistas y activistas, documentaron intentos de espionaje hechos a varios dispositivos móviles, a través de un software espía llamado Pegasus, que la empresa NSO Gruop vendía exclusivamente a gobiernos para investigar actos terroristas.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) informó que al menos tres dependencias del gobierno federal cuentan con el software espía Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group.
Tras los señalamientos en contra de su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto rechazó las acusaciones y prometió una investigación del caso.
“El gobierno estuvo entretenido en espiarnos y a nuestros representantes y no en encontrar a nuestros hijos”, dijo Cristina Bautista, mamá de Bejamín Ascencio, uno de los jóvenes que siguen desaparecidos durante la audiencia de la CIDH realizada en Lima, Perú.
“Venimos a denunciar que el GobiernoEspía en vez de investigar el paradero de los 43 normalistas”, reclamó, Mario Patrón, Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Esmeralda de Troitiño, comisionada especial para México y titular del Mecanismo de Seguimiento del GIEI cuestionó al Subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno Federal, Roberto Campa, sobre la ilegalidad de los intentos de espionaje. Detalló que ha entregado al Estado Mexicano un segundo cuestionario para dar seguimiento a temas puntuales.
Francisco José Eguiguren Prael, presidente de la CIDH advirtió que existe “preocupación” porque el malware haya sido usado en contra de los expertos del GIEI, que dependen del organismo internacional.
Durante la audiencia “Justicia e impunidad en México” en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las organizaciones sociedad civil como Fundar y Artículo 19 reprocharon la falta de respuesta por parte del gobierno a la exigencia de que la investigación sea llevada por grupo independiente de expertos internacionales.
Roberto Campa Cifrián dijo que sí habrá expertos para acompañar la investigación sobre la presunta intervención de la comunicaciones privadas de periodistas y activistas, pero no será internacionales como han pedido las organizaciones de la sociedad civil.
Campa Cifrian retrasó hasta el último minuto la respuesta, “reitero la posición, estamos en un proceso de diálogo, lo estuvimos desde la visita del Alto Comisionado de la ONU, quisiera solamente destacar que la recomendación del Alto se refiere a expertos, alguien ha comentado acá que se trata de expertos internacionales, no, la recomendación solo dice expertos”, contestó a la Comisionada Esmeralda de Troitiño.
El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) Ricardo Sánchez Pérez, explicó ante la CIDH que el organismo a su cargo invitó a “un grupo de expertos técnicos especiales: la unión internacional de telecomunicaciones, el Instituto Politécnico Nacional y otro tipo de expertos que pudieran ayudarnos a identificar este tipo de software y de equipo que se utilizan para este tipo de intervenciones”.
Y recordó que se pidió a las personas que han denunciado la intervención ilegal de sus conversaciones que entreguen sus equipos de cómputo y autoricen el acceso a sus sábanas de llamadas.
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