ARTÍCULO

Acceso a la información pública

Edilberto Nava García
El sábado anterior, al mediodía y en Chilapa de Alvarez asistí a un taller relativo al marco normativo del acceso a la información pública que todo ciudadano tiene derecho y dirigido especialmente a comunicadores. Lo impartió la periodista Josefina Aguilar Pastor, muy conocedora del tema.
Me agrada mucho el cambio que se genera en el gremio periodístico motivado por ese tipo de talleres, y satisface aún más, que los organicen mujeres que demuestran su compromiso de orientar e informar a la sociedad cada vez más con mayor convicción y profesionalismo. No es tarea fácil, pues se requiere de tenacidad, paciencia y de desarrollo de la aptitud gestora, porque han de tocarse puertas y convencer de cuánto valen los alcances de una información seria,

veraz y oportuna que se difunde por los distintos medios ya impresos o bien electrónicos.
Es Guadalupe Jaimes quien encabeza los esfuerzos en la región Chilapa de Alvarez a través de Medios Informativos Unidos del Sur. Hay proyectos, campo fértil sin ausencia de riesgos, pero sobre todo elementos con capacidad y notoria experiencia individual que se hace necesario unificar para un mayor rendimiento en beneficio de todos los sectores de la sociedad. Es indispensable la actualización profesional de los comunicadores, como sucede con el magisterio, los médicos y los licenciados en derecho, sólo por citar a algunos, dado que las variadas ramas del conocimiento están en constante avance.
Retomando el tema del marco legal que rige a los entes públicos y ciudadanos en materia de transparencia en el ejercicio de los fondos públicos, gracias a la experiencia en el ramo por parte de la compañera Aguilar Pastor, el taller fue muy provechoso, pues los informadores despejamos dudas y comprobamos a la vez, que la ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero tiene sus virtudes y adefesios, pues en la exigencia ciudadana por obtener información gubernamental se observa en dicha ley una sombra proteccionista hacia los sujetos obligados, al concederles largos plazos en la entrega de información; luengos plazos que inhiben y frenan especialmente a los comunicadores, al establecer mucho tiempo para cumplir con la entrega de la información solicitada.
Los legisladores establecieron en el artículo 21 de la carta constitucional local que “. . .Los procedimiento de acceso y protección de datos personales se regirán por los principios de acceso universal, rapidez, disponibilidad, simplicidad, máxima publicidad y gratuidad”. Y en el inciso tercero del artículo 23 constitucional local, establece respecto del órgano garante de la información que ha de “implementar, políticas, lineamientos y recomendaciones en favor de la transparencia en el ejercicio de la función pública, y la adecuada y oportuna rendición de cuentas a través de la apertura informativa”. Sin embargo, quizá porque los diputados han sido funcionarios con opacidad en la rendición de cuentas, contravinieron a conciencia lo establecido en el marco constitucional en este rubro. Se impide así que los periodistas obtengamos información oportuna y veraz para su difusión que ha de ser base confiable que oriente debidamente a la sociedad.
No se vale que actúen así los representantes populares. Ello frena y detiene el proceso de transparencia de la función pública, pues es en pro de la opacidad y la omisión; es decir, es todo lo contrario al propósito original de la citada ley. A ello se debe que los ciudadanos desconfíen en las instituciones, y al comprobar que los trámites no son expeditos, sino engorrosos, optan por mediadas que de momento creen son más eficaces. Todavía más, el ahora instituto es opaco y omiso en su deber de verificar que los sujetos obligados coloquen su información pública en sus respetivos portales electrónicos, conforme a los establecido en el artículo 123, así como sancionar la inobservancia a las disposiciones de la citada ley, pues hay dependencias y muchos ayuntamientos que omiten dolosamente el cumplimiento en materia de información pública y no pasa nada.
Empero, hemos de leer, informarnos e interpretar cada vez mejor el marco legal, pues aún conservamos la paciencia, pese a los muertos que aparecen o tiran en todo lugar de Guerrero.