SEGUNDA PRINCIPAL PRIMERA PLANA

Opacidad de MAL, gastó en el 2016
sólo en 14 periódicos $3.4 millones

Ezequiel Flores Contreras.--El alcalde de Chilpancingo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marco Antonio Leyva Mena, destinó el año pasado más de 3.4 millones pesos para promocionar su imagen personal en medios de comunicación local, incluso algunos inexistentes.
Ello pase a que la capital de la entidad es considerada como “el peor lugar para vivir” y se encuentra en los primeros lugares de violencia a escala nacional porque bandas criminales operan impunemente.
El gasto utilizado para publicidad en medios supera la cantidad que la regidora perredista Nancy Soraya Cruz García denunció públicamente que fue utilizada para la reparación de seis patrullas “inexistentes” y que las autoridades reportaron un gasto de 2.7 millones de pesos en la cuenta pública de 2016.
A través de una solicitud de información, Apro obligó al ayuntamiento de Chilpancingo a informar sobre los recursos públicos utilizados para publicidad oficial durante el año pasado y lo que va del presente.
No obstante, la respuesta del sujeto obligado

fue parcial pues solo exhibió algunos contratos con medios de comunicación impresos y omite los convenios con empresas radiofónicas y de televisión, donde diariamente difunden boletines de las actividades del alcalde priista de Chilpancingo.
Al respecto, la unidad de transparencia del ayuntamiento de Chilpancingo informó que el año pasado gastaron 284 mil 460 pesos mensuales en 14 periódicos.
Algunos medios beneficiados por Leyva Mena simplemente no existen como el caso de “Editoriales Tiempos del Sur”, propiedad de Andrés Campuzano Bailón, que recibe 3 mil 480 pesos al mes, es decir 41 mil 760 pesos al año.
El informe oficial en poder de Apro indica que la cantidad mensual destinada a los 14 periódicos para promocionar la imagen del alcalde capitalino sumó 3 millones 413 mil 520 pesos en 2016.
Los principales medios beneficiados por el alcalde priista son El diario de Guerrero, un medio local que se caracteriza por difamar y violar derechos humanos de víctimas, quien recibió un contrato mensual por 81 mil 200 pesos, es decir, 974 mil 400 pesos al año.
Le sigue, El Sur, con un convenio mensual de 43 mil 500 pesos, un promedio de medio millón anual.
El Sol de Chilpancingo, propiedad de Pedro Julio Valdez, exdirector de comunicación social durante la administración de Ángel Aguirre Rivero, recibió 417 mil pesos el año pasado por un contrato de 34 mil 800 pesos.
El semanario Interacción, de Rogelio Agustín Esteban, fue beneficiado con un convenio por 17 mil 400 pesos, cifra que representa la cantidad de 180 mil anual.
Otro diario denominado El Vocero de Guerrero, de Ulises Olivares Rodríguez, recibió 69 mil pesos el año pasado y el semanario No que no, de José Luis González Cuevas, 111 mil pesos durante el mismo periodo.
El diario Ecos de Guerrero, de Héctor Arriaga Tapia, ganó 208 mil pesos anuales y El despertar del Sur, de Misael Tamayo, recibió 139 mil pesos en 2016.
Estas cifras exhiben la disparidad y falta de criterios para otorgar publicidad oficial en medios de comunicación de las autoridades municipales de Chilpancingo, municipio considerado como la capital política de Guerrero, donde diariamente hay protestas ciudadanas por la deficiencia de los servicios públicos y la sociedad vive aterrorizada y secuestrada por la ola de violencia.
La opacidad y resistencia del gobierno del priista Héctor Antonio Astudillo Flores en el tema de transparencia del gasto en publicidad oficial, es replicado por los 81 ayuntamientos que conforman la entidad.
Los alcaldes postulados por el PRI, PRD, MC, PAN y PT se han caracterizado por destinar recursos públicos para promocionar su imagen en medios de comunicación, sin informar los gastos y criterios a la sociedad y contribuyentes, en las mismas condiciones que lo hace el gobierno estatal, violando de manera sistemática la normatividad aprobada por diputados federales y locales de sus mismos partidos.
El próximo jueves 4 se vence el plazo para que los sujetos obligados en el país -más de ocho mil del gobierno federal, estatal y municipal-, incorporen a sus portales de internet y a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la información catalogada como publica de oficio por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.(proceso.com.mx).