POLICRÓNICA

  Omisión…Por la agonía de dos jóvenes balaceados el miércoles por la tarde de la semana anterior, hay personal por lo menos de cuatro instancias, tres gubernamentales y una no gubernamental que se les puede fincar responsabilidades por omisión, por lo que se debe proceder legalmente.

Existen evidencias contundentes, y se muestra la insensibilidad cruel, en primera instancia de los policías estatales y ministeriales, quienes llegaron primero a la escena del ataque armado, encontraron al par de jóvenes que se debatían entre la vida y la muerte. La Secretaría de Seguridad Pública del estado y Fiscalía General del estado, en tanto los paramédicos de la Cruz Roja llegaron tarde, argumentando que por las obras que se ejecutan en la ciudad capital les impidió prestar el servicio rápidamente y Protección Civil estatal, además de sus ambulancias, supuestamente cuenta con cuatro “Motocicletas de primer contacto” para prestar los primeros auxilios con rapidez, más eficacia, como este caso de emergencia. El personal de las cuatro instancias, tres del gobierno estatal y una social, tienen que ser llamadas a cuentas por las autoridades investigadoras, por ese exceso de omisión y negligencia ante un cuadro desgarrador, como el que un par de jóvenes cuando se debatían entre la vida y la muerte imploraban auxilio, pero fueron  criminalmente ignorados, pues necesitaban ser trasladados a un nosocomio de urgencia, el más cercano era hospital Militar que está dentro de las instalaciones de la 35 Zona Militar. Quienes asistieron al lugar de la escena, afirman que los dos jóvenes estaban gravemente heridos de bala, pero uno de ellos identificado como estudiante de Arte de la Universidad Autónoma de Guerrero, Darwin Raymundo Barrientos Miranda, desesperadamente con su mano en alto les pedía a los policías ministeriales y estatales que le ayudaran a salvar su vida, pero estos muy insensibles, lejos de cumplir con el protocolo de primeros auxilios le retiraban la mano e ignorándolo de manera criminal. Eso se observa en los diversos videos que están circulando en las redes sociales. Existe la acusación directa de que la Policía del Estado y Ministerial no le brindaron los primeros auxilios, no supieron actuar ante una emergencia y, la ambulancia llegó 40 minutos después; estas fueron las causas que acabaron con la vida de Darwin Raymundo Barrientos Miranda, un joven balaceado la tarde del miércoles sobre el boulevard Vicente Guerrero de Chilpancingo. Darwin Raymundo Barrientos Miranda, joven estudiante de la Unidad Académica de Artes de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), fue atacado junto a su amigo Isaac “El Tiki” Peralta Solís, alrededor de las 3:40 de la tarde, sobre la lateral del Boulevard Vicente Guerrero, en el estacionamiento de una tienda Oxxo. Tras la agresión, a menos de 100 metros de la 35 Zona Militar donde hay un hospital, Darwin Raymundo Barrientos Miranda, estuvo con vida al menos media hora, tiempo en el que sólo fue observado por una multitud de gente sin hacer nada porque lo impedía los elementos de la Policía del Estado y Ministerial, quienes se limitaron a interrogar al herido, cuando en esas circunstancias no era prioritario, sino que estaban obligados a salvarles la vida a como diera lugar con urgencia, pero primero les importó que dijeran quienes eran ellos y quienes fueron los agresores. Esa es una omisión salvaje al no ayudar a salvar la vida quien lo necesitaba en aquella fecha del 24 de mayo del 2017. De acuerdo con los protocolos de Emergencia y Primeros Auxilios, la Policía del Estado como primer respondiente, tenía la responsabilidad de preservar la escena del crimen pero, priorizando la vida del joven que se debatía entre la vida y la muerte, sin embargo no actuaron. En videos que fueron difundidos en redes sociales, los testigos hacían referencia a que Darwin Raymundo Barrientos Miranda, se estaba ahogando, producto de tres impactos que tenía en el abdomen, y bien podrían haberle brindado asistencia. Estuvo más de media hora en agonía, aferrándose a la vida, sosteniendo la bota de un agente que incumplió con su principal encomienda, que era salvarle la vida. Darwin Raymundo Barrientos Miranda, perdió la vida, con apenas 25 años de edad. Una patrulla bloqueó la avenida, dos agentes se pararon al lado, lo interrogaron e ignoraron su petición de ayuda que claramente se distingue en los videos; incluso la camioneta del Estado casi le pasaba encima, de no ser porque otro elemento la detuvo. Al lugar también arribó un médico quien quiso ayudarle de manera voluntaria al joven herido, pero los elementos de la Policía del Estado le impidieron cruzar la cinta amarilla (área delimitada).Esta acción donde los policías dejaron morir a un joven, exhibe la falta de protocolos en la corporación policiaca, encargada de la seguridad en el Estado, aun cuando en los cursos de capacitación y formación policial reciben instrucción para brindar primeros auxilios. En este caso, ni lo más elemental hicieron, que es brindarle los primeros auxilios.  Actores políticos, estudiantes y miembros de clubes de motociclistas a los que estaba aglutinado Darwin Raymundo Barrientos Miranda y su amigo Isaac “El Tiki” Peralta Solís se han manifestado en redes sociales, repudiando la omisión policiaca y para exigir justicia a las diferentes instancias de gobierno. En redes, también se ha alertado del surgimiento de células criminales que se imponen retos para convertirse en “sicarios”, para asesinar personas al azar, y tan solo en esa semana se habían registrado cuatro ataques a motociclistas, y dos han perdido la vida. El asunto está en manos de las diversas instancias, en primer lugar por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, su inútil y zángano presidente Ramón Navarrete Magdaleno, no debe esperar que los familiares presente demanda, sino debe iniciar una investigación por oficio ante esa grotesca omisión y emitir recomendaciones a la Fiscalía General del estado y Secretaría de Seguridad Pública, así como a la Secretaría de Protección Civil estatal, en donde estaban las cuatro motocicletas supuestamente dispuestas en marcha desde el mes de febrero de este año y no las vemos operar con eficiencia, sin embargo se anunció con bombo y platillo el inicio de este novedoso apoyo para el auxilio médico para las personas en desgracias ya sea en balaceras como el caso que nos ocupa, en accidentes, incendios o temblores, entre otras catástrofes naturales o intencionales. Hay muchos cabos sueltos que tienen que atarse, para que las autoridades puedan sancionar con severidad a los omisos ante un hecho a todas luces reprobable.…Brutalidad…Cuando está corriendo el mes 20 del gobierno que encabeza Marco Antonio Leyva Mena, como presidente municipal de Chilpancingo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se declaró incapaz para gobernar, prefiere utilizar la brutalidad para someter a los diversos sectores de la sociedad que supuestamente violenta la ley, en lugar del diálogo, ahora va a utilizar a la policía municipal. El alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena amagó con utilizar la fuerza pública para desalojar a vendedores ambulantes, si no liberan las calles del mercado “Baltazar R. Leyva Mancilla”, que ellos han cerrado por cuenta propia. Reconoció la proliferación de vendedores ambulantes, ante la queja de comerciantes establecidos, quienes advirtieron el pasado lunes que el centro de abastos se está poniendo en riesgo. Y es que los vendedores se han encargado de cerrar las calles Violeta y 21 de Marzo, donde cada día se instalan más comerciantes ambulantes sin permisos oficiales. En su conferencia de prensa de todos los martes en el Ayuntamiento municipal, Leyva Mena dijo que ha platicado con los vendedores ambulantes para retirarlos, porque ellos no pueden quedarse ahí. A la par, le ha dado instrucciones al Secretario de Seguridad Pública, Esteban Espinoza Montoya y al Secretario de Desarrollo Económico, Humberto Peraza Gil, se encarguen de dialogar con ellos. Un grupo de locatarios del mercado pidió al alcalde que regule a los vendedores ambulantes que han invadido calles, banquetas y pasillos, ya que pone en riesgo a todos al estar bloqueadas las salidas ante una emergencia. “Esta semana a través del diálogo podemos quitarlos, pero si no, se empleará la fuerza pública para hacerlo, creo que es necesario que todos tengamos orden, sobre todo en el mercado, y yo creo que todo mundo tiene derecho a ganarse la vida, pero también tiene derecho a respetar las vialidades de tránsito”. Esa advertencia solamente la hacen las personas que son incapaces, como se evidencia Leyva Mena, cuando su trabajo debiera ser de diálogo y más dialogo, sin que haya ese tipo de amenazas, sin embargo ratifica su inoperancia política y capacidad demostrar que es un presidente municipal tolerante, pero prefiere demostrar un exceso de intolerancia: “la ley nos faculta para que, en determinado momento, en un caso estrictamente necesario, se emplee el uso de la fuerza pública para poder desalojar; espero no llegar hasta ese grado”. Eso demuestra que los habitantes de Chilpancingo, tienen como autoridad a una persona que no le importa resolver los problemas mediante el diálogo, sino con la fuerza bruta como el usar la policía. Pero no sabe, que la acción tiene una reacción, entonces está proyectando un Chilpancingo, con más violencia, aparte de la que ya vive con la inseguridad pública, ahora la fomentará más el inútil alcalde que ha demostrado en estos 20 meses que lleva como la primera autoridad.…Allanamiento…A través de su portal la revista “Proceso”, socializa una denuncia del allanamiento a sus instalaciones por tres personas. Nada ha pasado, como siempre las autoridades ofrecen investigar y castigar, pero es un discurso para salir del paso y estamos seguros de que definitivamente no habrá justicia. La nota que se publicó el viernes pasado, lo explica de la siguiente manera. Las instalaciones de Comunicación e Información SA (CISA), empresa editora de la revista Proceso y de este portal informativo, fueron allanadas por tres desconocidos luego de realizar movimientos y comunicaciones en el exterior del inmueble. Una revisión del sistema de video vigilancia de esta casa editorial permitió seguir los movimientos de los tres sujetos el domingo 21, cuando ingresaron por separado a las instalaciones y, minutos después, salieron juntos. Los hechos fueron denunciados hoy ante la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), de la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de que investigue lo ocurrido.De acuerdo con el registro de vigilancia, se pudo observar la incursión de los tres sujetos, cuyo rasgo común era el corte de cabello y botas tipo militar. Un primer hombre, vestido con pantalón y chamarra de mezclilla, ingresó solo y permaneció unos instantes en las oficinas que se encontraban vacías. Cerca de las 12:27 horas el sujeto salió, observó el inmueble, cruzó la calle pero de inmediato regresó, acompañado por otro hombre robusto de camisa rosa, quien llevaba una mochila al hombro y caminaba atento a la pantalla de su teléfono celular. Mientras ambos permanecían en el interior, el tercer hombre, pantalón y camisa de mezclilla, caminó por la banqueta. Llevaba un teléfono en la mano derecha cerca de la boca, hablando como en altavoz, y otro teléfono en la izquierda. De inmediato regresó, allanó también el inmueble para, momentos después, salir seguido por los dos que se encontraban adentro. Este último incluso se mantuvo atento y observando de frente a la cámara de vigilancia. Reporteros y corresponsales de Proceso han sido objeto de distintas amenazas y agresiones, y entre éstas resalta el asesinato de su corresponsal en Veracruz, Regina Martínez, perpetrado en 2012, así como el del fotógrafo colaborador Rubén Espinosa, en 2015. Además, se han registrado ataques cibernéticos e intentos de hackeo a los servidores de este medio de comunicación. Cada uno de esos hechos, como en esta ocasión, han sido denunciados ante la Feadle, sin que hasta el momento se haya esclarecido alguno de ellos.…Solicitud…Luego de que fuera marginado y discriminado un reportero de la ciudad de México, ahora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Secretaría de Defensa Nacional implementar medidas cautelares a favor del periodista Jesús Aranda Terrones y del diario “La Jornada”, con el fin de evitar daños al derecho a la libertad de expresión y derecho a la información. Las medidas solicitadas por la CNDH consisten en que la Sedena asegure que a los medios informativos y reporteros acreditados ante esa dependencia se les invite a los actos organizados por la misma y se les garantice el acceso, sin distinción alguna. También se pidió “evitar que servidores públicos de ese instituto armado nieguen el acceso a los representantes de los medios de comunicación a los actos que se realicen en las instalaciones de la SEDENA, conforme a los procedimientos establecidos para todos”, señala el comunicado. El quinto visitador, Édgar Corzo Sosa, advirtió que la Sedena debe enviar las invitaciones y comunicados al periodista así como al medio para el que trabaja, de lo contrario no existen garantías para que se cumpla sus derechos. “Afectando los derechos a la libertad de expresión y a la información tanto del periodista como del medio de comunicación antes señalado y sus lectores, poniendo en entredicho la garantía de una sociedad plural y diversa”, advierte la CNDH. El pasado miércoles, el reportero Jesús Aranda y la Jornada denunciaron que se le impidió subir al autobús que conduciría a los reporteros a la inauguración del “Congreso Internacional sobre Obesidad y Diabetes”, ya que un oficial le informó que “no podía acompañarlos porque no había sido invitado y que eran órdenes superiores de la Dirección General de Comunicación Social de la SEDENA”. La CNDH dio un plazo máximo de 72 horas a la Sedena, para que informen  la aceptación de las medidas recomendadas.