POLICRÓNICA

  Exhibidos…Sólo son golpes mediáticos de distracción ante incapacidad de gobernar, con la detención de los 60 uniformes el martes pasado en José Azueta (Zihuatanejo), al acusarlos de “narcopolicías”,  pero al concluir el fin de semana solo quedaban 20 presos en Acapulco.

La masiva detención de 60 policías en José Azueta (Zihuatanejo), el martes 16 de mayo a las 7:00 de la mañana y acusarlos de tener vínculos con el crimen organizado, en un municipio en donde gobierna Gustavo  García Bello del Partido de la Revolución Democrática (PRD), nos recuerda aquel negro y fallido episodio, coincidentemente en mayo que ordenara el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa del Partido Acción Nacional cuando fueron arrestados el 26 de mayo del 2009 a por lo menos 30 servidores y ex servidores públicos del estado de Michoacán casualmente en aquel momento gobernaba el PRD, teniendo a la cabeza como gobernador a Leonel Godoy Rangel, y desde el centro del país se armó todo un espectacular operativo a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), en la que participaron elementos de la  Policía Federal Preventiva y el Ejército mexicano. En aquel año del 2009, entre los que recordamos que fueron detenidos los presidente municipales en funciones de Apatzingán, Uruapan, Buenavista Tomatlán, Coalcomán, Nuevo Urecho, Arteaga, Tepalcatepec, Aguililla, Tumbiscatío y Ciudad Hidalgo. También estaban la ex secretaria de Seguridad Pública estatal, Citlalli Fernández González, asesora del gobernador Leonel Godoy y Ramón Ponce Ponce, ex subprocurador estatal y coordinador de asesores del procurador general de Justicia de la entidad. Así como el director Instituto Estatal de Información Policial, Mario bautista Ramírez, el jefe de agentes de la Dirección de Gobernación Estatal, Juan Gaona Gómez. En el grupo también están los directores de Seguridad Pública Municipal de Arteaga y Tumbiscatio, Victorino Jacobo Pérez y Roberto Rubio Vázquez; dos jefas de grupo de la Policía Ministerial de Morelia, Gabriel Amata Chávez e Irlanda Sánchez Román, así como el encargado de la Comandancia de Lázaro Cárdenas, José Lino Zamora Hernández. Tan fallido fue, que poco a poco fueron saliendo de la cárcel todos aquellos arrestados, porque nunca se les pudo comprobar esos vínculos con el crimen organizado. Esa historia se repite con el gobierno federal por el Partido Revolucionario Institucional, encabezado por Enrique Peña Nieto, y Guerrero por Héctor Antonio Astudillo Flores, por el PRI, y se fueron los policías estatales y militares a José Azueta (Zihuatanejo), región de la Costa Grande,  gobernador por el PRD, el pasado 16 de mayo, con un espectacular operativo en la que participaron policías federales, estatales y ejército. El gobierno de Guerrero a través del vo-cero, Roberto Alvarez Heredia, nuevamente mintió dando información falsa, inicialmente afirmó categóricamente de que todos los 60 detenidos eran falsos policías, pero al llegar el fin de semana, de esos, 40 ya están en libertad y los 20 restantes están presos en el penal de Acapulco, porque supuestamente los está investigando la Procuraduría General de la República (PGR), y seguramente habrán de salir libres porque no les van a probar esos supuestos vínculos con la delincuencia organizada. Lo único que hicieron los tres niveles de gobierno—federal, estatal y municipal—es evidenciarse como desinformados, incapaces de tener una investigación  certera, pero lo más grave, afirmaron que no eran policías, sino que estaban usurpando las funciones. Por ello, se les está cayendo a pedazos su teatro y el mismo alcalde perredista, Gustavo García Bello, ya no sabe cómo justificarse, ahora inventa que, “por temor a ser asesinado” y falta de dinero, no despidió a los policías municipales que reprobaron los exámenes de control y confianza, cifra que representa 60 por ciento de los 240 elementos que conforman la corporación. Total mentira, porque si eso fuera, en muchos municipios del país, ya hubieran asesinado a los presidentes municipales, gobernadores y hasta el presidente de la república, por cumplir con la ley que los obliga a someter a los policías a examen de control y confianza. Por ello sostenemos que es un teatro del gobierno federal y estatal, avalado por el alcalde perredista, quienes se están exhibiendo como improvisados y que les gusta lo mediático para justificar tanto dinero que gastan para el rubro de seguridad que no existe por ningún lado. En el caso de los detenidos y acusados de “narcopolicías” también fueron exhibidos groseramente, porque ya están en libertad 40, sólo faltan 20, pero ni un ápice dudamos de que en las próximas horas y días también estén gozando de plena libertad. No solo los exhibieron, sino también les violentaron sus derechos humanos, por lo que ahora con una buena asesoría jurídica, podrán demandar por daño moral a los tres órdenes de gobierno para que paguen, pues muchos elementos policiacos han acreditado legalmente que tienen antigüedad que van desde los 10, 15 y más de 20 años de servicio. Entonces queda demostrado que todos fueron exhibidos, las autoridades de incapaces de tener una carpeta de investigación para proceder jurídicamente contra sus acusados, en tanto que los uniformados les violentaron sus derechos fundamentales al exhibirlos ante la prensa nacional e internacional. No descartamos que estén reprobados en los exámenes de control y confianza, que el Ayuntamiento de José Azueta, carezca de presupuesto para indemnizar a los policías, pero dista mucho que estén infiltrados con la delincuencia  tanto que están saliendo, pues es un delito difícil de probar, porque hoy en día desde el 18 de junio del 2016 en que entró en vigor en todo el país el nuevo sistema acusatorio oral, es más riguroso para probarle los delitos al presunto imputado. Esto ya está quedando demostrado, al poner en libertad a los 40 supuestos “narcopolicías”. Hablar de múltiples irregularidades” sin explicarlas, y que la reducen, diciendo, entre ellas no traían credencial, y que obliga la licencia colectiva 110 traerla con la información del arma que portan, pues eso no es un delito, más bien, es una falta administrativa. Esa es responsabilidad del director de Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, David Nogueda Salmerón, quien por cierto no fue llamado a cuentas, mucho menos detenido, porque si se habla de “infiltración” y así como lo tratan magnificar las autoridades, que ya estaban operando por lo menos tres personas a la policías, debió estar enterado el servidor público y para ello tuvo conocimiento de la incorporación de nuevos elementos. Pero como es todo un teatro, difícilmente, podrán probar que los uniformados tengan vínculos, por el contrario, ellos si tienen manera de demostrar que son efectivos, pues deben estar inscritos en el Sistema Nacional de Seguridad, porque también ahora la ley obliga a las autoridades para tener mejor control. No hay nada serio en este caso, sólo es algo mediático.…Pozo…A casi un mes de que un motociclista perdiera la vida al caer en un pozo sobre la avenida Gobernadores en Chilpancingo, hasta el momento el lugar sigue sin ser cerrado, y los automovilistas corren el riesgo de sufrir algún accidente.  Por las noches el riesgo es mayor para los conductores y transeúntes pues la zona carece de alumbrado público, y pese al accidente, el ayuntamiento de Chilpancingo tampoco instaló luminarias. Eso demuestra falta de autoridad en la capital del estado, en la que el alcalde del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marco Antonio Leyva Mena, está simulando que gobierna. Ya hubo un muerto y otra persona lesionada en ese pozo, pero no lo han reparado. Como se recordará en la noche del 24 de abril un hombre, y su esposa circulaban en una motocicleta por la avenida y cayeron al pozo debido a la falta de señalamientos, y alumbrado público. El hombre perdió la vida de manera instantánea. Con todo cinismo el alcalde priista Leyva Mena se deslindó, después de la desgracia, afirmando que dicha excavación no había sido hecha por  una brigada de trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), como se manejó en un primer momento. Sin embargo tampoco se impuso como autoridad, por el contrario se volvió cómplice de esos supuestos particulares que abrieron el pozo y sigue ahí porque no hay gobierno municipal en Chilpancingo, se puede hacer lo que quiera el ciudadano. Leyva Mena ha argumentado que el agujero no ha sido cerrado porque se realizará un peritaje para determinar quién realizó las excavaciones, sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha emitido un informe sobre las supuestas diligencias. Todavía el pasado martes Leyva Mena adelantó que dicha zanja pudo haber sido realizado por los responsables de la construcción de una gasolinera que se encuentra en el lugar debido a la tubería que se encuentra en la perforación. Pero tampoco los ha llamado a cuentas, porque se supone que para hacer cualquier obra en Chilpancingo, se tiene que pedir permiso y se paga para ello, pero antes tienen que informar que tipo de obra van a ejecutar precisamente para ver si procede o no la licencia. Leyva Mena, como todo un neófito, y sin tener nada preciso, afirma estúpidamente: “Mucha de la tubería que existe en ese pozo al parecer son tuberías conectadas o que exige Pemex para el asunto de un buen funcionamiento de la gasolinera, sin adelantar de ninguna manera ningún tipo de situaciones, pero hasta donde nosotros tenemos entendido, y lo tendrá que aportar el peritaje va en este sentido”. Ya hubo un muerto, y a casi un mes, ya debió haber actuado la autoridad a fin de que se deslinden responsabilidad, pero no ocurre, porque parece que hay complicidad. ¿A caso es intocable el dueño de la obra?, ¿Es familia del alcalde? o ¿está recibiendo dinero para no proceder legalmente? Leyva Mena reconoció también que tampoco se ha reunido con la viuda, ni con los familiares de la víctima. Esa es la calidad de autoridad que tiene Chilpancingo, que le vale un soberano sorbete lo que le suceda a cada uno de sus gobernados.  En tanto en el lugar los familiares de la víctima colocaron una cruz de madera sobre la banqueta. El agujero y escombro obstruyen uno de los carriles de la vía, y se encuentra señalado con una cinta amarrilla. Es lo único que hay del caso y la autoridad municipal no existe, por ello hay total impunidad, pese a que hay muerto de por medio.