NOTA

Incumple recomendación
Astudillo por negligencia

Bernardo Torres.--Integrantes de la Organización Indígena Mee’pha (OPIM), se plantaron nuevamente en la Residencia Oficial  Casa Guerrero, para exigir al Gobierno del priista Héctor Antonio Astudillo Flores, cumplimiento a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de reparar el daño a familiares de Brígida Campos García, quien murió en un hospital de Copala por negligencia médica.
Familiares, entre quienes estaba la madre de la joven y su suegra, acudieron a Chilpancingo para continuar su exigencia, pues a tres años de emitida dicha recomendación el gobierno no siquiera ha autorizado el pago de la reparación del daño.
Brígida Campos García, perdió la vida en el Hospital
Básico de Copala el 21 de marzo de 2014, tras cinco horas de labores de parto sin atención médica, por lo que el caso fue llevado a la CNDH y concluyó en que hubo negligencia médica en su caso.
La suegra de la joven, Concepción Victoriano Vázquez, relató que después de la muerte de su nuera, los médicos trataron de ocultar el hecho y pidieron a su esposo que dijera, que había muerto por tuberculosis y anemia, además de que el cuerpo fue sacado a escondidas del hospital.
La negligencia médica se confirmó meses después con la exhumación del cuerpo, donde además la CNDH determinó que la reparación del daño debería ser por la madre y el menor, lo que el gobierno de Guerrero se niega a aceptar.
El 29 de julio del año pasado, señaló la dirigente de la OPIM, Obtilia Eugenio Simón, firmaron una minuta con el secretario de Salud del Estado, donde pactaron una indemnización de 370 mil pesos, por una persona, pero hasta el momento no ha sido aprobada por el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame.
Los manifestantes exigieron también que se haga justicia por la muerte de la madre y su bebé, y se castigue a los médicos que incurrieron en esta falta, que costó la vida de dos personas.
Obtilia Eugenio, informó que desde que se interpuso la denuncia en el distrito de San Luis Acatlán, el juez negó la orden de aprehensión en contra de la doctora, privando a las víctimas y familiares del acceso a la justicia.
Tras este caso, exigen a las autoridades de los tres niveles resolver de fondo este problema, pues en toda la Costa Chica no hay un Hospital con especialistas, o por lo menos médicos suficientes para atender a los más de 150 mil habitantes de al menos cuatro municipios. (API).

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