NOTA
Contra las mineras
indigenas de Malina
Para impedir que empresas nacionales e internacionales explotadoras de minerales, representantes de la localidad de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, demandaron a la juez Primero de Distrito, Estela Platero Salgado, que resuelva el amparo 429/2016.
Esto luego que interpusieron el amparo a la declaratoria de libertad de terreno emitida por la Secretaría de Economía, en dicha comunidad de La Montaña alta de Guerrero, informaron hoy miércoles en conferencia de prensa, Miguel Santiago, representante del Consejo de Autoridades Agrarias; Valerio Mauro Amado Solano, presidente del núcleo agrario de San Miguel del Progreso; la abogada Maribel González, Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan, y Manuel
Olivares de la Red Guerrerense de Derechos Humanos.
En su diesertación rechazaron la declaratoria de libertad de terreno emitida por la Secretaría de Economía en diciembre del 2015, que abre la posibilidad de que particulares obtengan concesiones de exploración y explotación de recursos naturales en la comunidad indígena me’phaa de San Miguel de Progreso.
Maribel González, abogada de Tlachinollan, informó que el amparo 429/2016 es la segunda acción legal que la comunidad presenta ante la justicia federal para proteger su territorio de las mineras transnacionales y argumentó que dicha declaratoria debe ser anulada, porque la Secretaría de Economía no realizó una consulta ciudadana a la comunidad de San Miguel y sus pueblos vecinos.
Por su parte Miguel Santiago señaló que son 24 núcleos agrarios de las regiones La Montaña y Costa Chica que se han organizado para defender sus tierras.
La representante legal recordó que hasta noviembre del 2016 existían 44 concesiones mineras en ambas regiones, las cuales suman un total de 142 mil 430 hectáreas, sin embargo, sólo 22 concesiones, que equivalen a 32 mil 616 hectáreas, siguen vigentes.
Los inconformes manifestaron que es preocupante que el gobierno federal y estatal intenten meter a las mineras, y señaló que sólo han causado divisiones y violencia como en el caso de Carrizalillo, en el municipio Eduardo Neri.
indigenas de Malina
Para impedir que empresas nacionales e internacionales explotadoras de minerales, representantes de la localidad de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, demandaron a la juez Primero de Distrito, Estela Platero Salgado, que resuelva el amparo 429/2016.
Esto luego que interpusieron el amparo a la declaratoria de libertad de terreno emitida por la Secretaría de Economía, en dicha comunidad de La Montaña alta de Guerrero, informaron hoy miércoles en conferencia de prensa, Miguel Santiago, representante del Consejo de Autoridades Agrarias; Valerio Mauro Amado Solano, presidente del núcleo agrario de San Miguel del Progreso; la abogada Maribel González, Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan, y Manuel
Olivares de la Red Guerrerense de Derechos Humanos.
En su diesertación rechazaron la declaratoria de libertad de terreno emitida por la Secretaría de Economía en diciembre del 2015, que abre la posibilidad de que particulares obtengan concesiones de exploración y explotación de recursos naturales en la comunidad indígena me’phaa de San Miguel de Progreso.
Maribel González, abogada de Tlachinollan, informó que el amparo 429/2016 es la segunda acción legal que la comunidad presenta ante la justicia federal para proteger su territorio de las mineras transnacionales y argumentó que dicha declaratoria debe ser anulada, porque la Secretaría de Economía no realizó una consulta ciudadana a la comunidad de San Miguel y sus pueblos vecinos.
Por su parte Miguel Santiago señaló que son 24 núcleos agrarios de las regiones La Montaña y Costa Chica que se han organizado para defender sus tierras.
La representante legal recordó que hasta noviembre del 2016 existían 44 concesiones mineras en ambas regiones, las cuales suman un total de 142 mil 430 hectáreas, sin embargo, sólo 22 concesiones, que equivalen a 32 mil 616 hectáreas, siguen vigentes.
Los inconformes manifestaron que es preocupante que el gobierno federal y estatal intenten meter a las mineras, y señaló que sólo han causado divisiones y violencia como en el caso de Carrizalillo, en el municipio Eduardo Neri.
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