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Los vamos mandar a chingar con
el narco, la UPOEG a periodistas
Jonathan Cuevas.--Policías Comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), amenazaron a una reportera y un voceador del diario “Alternativo”, con detenerlos y mandarlos a “reeducación”, o “mandarlos a chingar con el narco”, por haber publicado y difundido denuncias de abusos.
Antonio Julián Chepe, director y editor del periódico de circulación diario, se presentó en las oficinas de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, en Chilpancingo, para hacer pública la denuncia en contra de la agrupación comunitaria y el Gobierno del Estado encabezado por Héctor Astudillo Flores, por financiar, promover y respaldar las acciones ilegales.
Explicó que el problema surge a raíz de notas publicadas sobre denuncias ciudadanas en contra del actuar de la Policía Ciudadana adherida al Sistema de Justicia Comunitario de la Unión de Pueblos, cuyos elementos, amparados en este sistema y en la Ley 701, cometen abusos que van desde amenazas, detenciones ilegales, agresiones físicas y extorsiones.
La primera amenaza se recibió el día 16 de Marzo por la mañana,
relató Julián Chepe, luego de que el comandante Mariano Torres le realizó una llamada telefónica para exigirle que se presentara en la comandancia de la UPOEG en Marquelia, pero al responderle que no estaba en el municipio, el policía ciudadano le solicitó enviara a la reportera Yanely Fuentes, quien había publicado las notas.
La comunicadora fue enviada pensando que le pedirían un derecho a réplica, pero al llegar, se encontró con un grupo de civiles armados que forman parte de la policía comunitaria, quienes humillaron, presionaron y amenazaron a la reportera.
“Al ingresar a la comandancia pudo notar la presencia de varios integrantes: la profesora Leticia Justo, el profesor Manuel Álvarez, los pseudo consejeros Leonides Santana y Jesús Pérez Rodríguez, a quienes les llamamos pseudo consejeros porque no son comisarios y el reglamento de la UPOEG establece que para poder ser consejero tienes que ser comisario de tu municipio, y en este caso Jesús Pérez no es comisario y tampoco es del municipio, es de Copala”, dijo.
Y agregó: “También se encontraba el comisario de El Polvorín, Antonio Fuentes Morales, el de Pantitlán, Jaime Medel, así como el comandante Mariano Torres acompañado de elementos de la Policía Ciudadana, armados”.
Dijo que en un principio, Jesús Pérez Rodríguez quien “se hace pasar por abogado y periodista”, empezó a hostigar a la reportera acusándola de alterar información y exigiendo que las notas “sean más suaves para ellos”.
En ese momento la presionaron para revelar el nombre de sus fuentes (personas que le hicieron denuncias contra la UPOEG), pero ella se negó a hacerlo. Ante esto, fue amenazada con detenerla y enviarla al proceso de reeducación.
“Para muchas personas la reeducación tal vez no signifique nada, pero en la Costa Chica sabemos que es algo realmente grave porque te detienen, te llevan a otra comunidad o municipio donde estás incomunicado totalmente. Tenemos casos donde son enviados uno o dos años, o incluso como ayer que sentenciaron a unas personas a diez años, sin habérseles comprobado nada”, acusó.
Alertó que hay una preocupación por esa amenaza y desde el mismo día tomaron acciones al respecto, lanzando un comunicado a la opinión pública, pero en reacción, el viernes 17 cuando publicaron una nota en relación a la amenaza, al estar voceando el periódico, el señor Jesús Pérez Rodríguez interceptó a uno de los voceadores y lo agredió verbalmente.
“Sus palabras textuales, dice: `hijos de la chingada, lo primero que le dijimos a esa vieja (refiriéndose a la reportera), eso que vienes anunciando es mentira, les vamos a tomar el periódico´. Y lo más grave, compañeros, que es lo que nos tiene hoy aquí, dijo también: `Y los vamos a mandar a chingar con el narco. A ellos si les tienen miedo´. Un integrante de la UPOEG amenaza con mandar a chingarnos con el narco, Jesús Pérez Rodríguez”.
Alertó que “por lo que se comenta (entre la gente) en Marquelia”, saben que la amenaza puede hacerse realidad y, sobre todo porque hoy la policía ciudadana de la UPOEG representa más temor que seguridad, motivo por el cual las denuncias son anónimas. 
Dijo que es algo complicado y grave que un grupo armado utilice a la delincuencia organizada para amenazar, pero además, porque ese grupo no debería tener presencia en Marquelia al no ser una zona indígena, y más aún, que el propio gobernador Héctor Astudillo Flores esté solapando estas acciones al respaldar y financiar a la UPOEG.
Ante esta situación interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Nosotros queremos hacer una denuncia, principalmente a nuestro gobernador del Estado, Héctor Astudillo, por permitir, apoyar y por financiar al movimiento de la UPOEG, porque Marquelia no pertenece a la zona indígena”, acusó, y exhibió la Ley 701 que indica que en la Costa Chica, solamente Ometepec y San Luis Acatlán son incluidos en esta Ley.
Y por permitir y apoyar la presencia de la Policía Comunitaria en Marquelia, dijo, se interpuso también una queja ante CNDH y una denuncia en PGR contra el Gobernador.
“Hacemos directamente responsable a Bruno Plácido Valerio, a Jesús Pérez Rodríguez, a Mariano Torres Cabrera, a Leticia Justo, a Manuel Álvarez Martínez, a Leonides Santana, a Jaime Medel Santos y a Antonio Fuentes Morales, de cualquier cosa que llegue a pasarle al equipo de reporteros y a las instalaciones del diario”, concluyó. (Agencia Periodística de Investigación).