BOLETIN

Resolver conflicto agrario
demandaron legisladores
La LXI Legislatura exhortó a los gobiernos federal y estatal para que a la brevedad implementen medidas que garanticen la paz, la seguridad y la solución del conflicto agrario entre las localidades de San Miguel Tecuiciapan y San Agustín Oapan, en el municipio de Tepecoacuilco de Trujano.
Lo anterior como parte de un Acuerdo Parlamentario propuesto por la Junta de Coordinación Política y leído en tribuna por la diputada Flor Añorve Ocampo, quien señaló que desde 1987 dichas comunidades  presentan un conflicto agrario por la posesión de 3 mil 130 hectáreas de tierra.
Explicó que el 19 de febrero de 1987 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo con el que se dio inicio al procedimiento de conflicto por límites de tierra entre las localidades mencionadas y en 1997 el Tribunal Unitario Agrario 12 dictó sentencia definitiva, declarando que las 3 mil 130 hectáreas pertenecen a la localidad de San Agustín Oapan.
Sin embargo, derivado de la inconformidad presentada por San Miguel Tecuiciapan, en febrero del 2014 el Tribunal Unitario Agrario 51 resolvió que sólo se le debían entregar a la
localidad de San Agustín Oapan 2 mil 717.93-85 hectáreas. Ante ello se dio una inconformidad, que ha llegado a presentar otros conflictos de carácter social entre los pobladores de ambas comunidades.
Entre esos problemas está el cierre del camino que comunica a ambas comunidades, lo que ha generado malestar entre pobladores de la región y provocado que habitantes de doce localidades, el 16 de marzo del 2017, se presentaran al Congreso solicitando se les resuelva el problema para evitar llegar a situaciones lamentables.
La también presidenta de la Junta de  Coordinación Política destacó que el problema principal está resuelto y aceptado por las localidades en conflicto, por ello es necesario que los pobladores de ambos lugares, con la intervención de autoridades federales y estatales, se sienten a resolver sus diferencias y eviten dañar a terceros con sus desavenencias.
Dictámenes
En la sesión ordinaria, los diputados aprobaron dictámenes donde se emite juicio a favor de Francelia Sánchez Jiménez para desempeñar funciones docentes y edilicias como síndica del municipio de Mochitlán; las licencias por tiempo indefinido de Cristóbal Salado Agatón y Salvador Noyola Álvarez al cargo y funciones de regidores de los municipios de San Marcos y Marquelia, respectivamente, y donde se erige en Comisaría Municipal la comunidad de Santa Anita, del municipio de Copanatoyac.
Acuerdos
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propuso exhortar al Congreso de la Unión para efecto de que legisle y haga que el delito de extorsión merezca prisión preventiva de forma oficiosa y que los delincuentes no se escapen del manto de la justicia.  
El diputado Isidro Duarte Cabrera propuso exhortar al Ejecutivo estatal para que instruya al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, que realice gestiones ante la Federación para incrementar los recursos que mejoren las condiciones productivas y sociales de los campesinos de la entidad.
La diputada Carmen Iliana Castillo Ávila propuso al Pleno solicitar al secretario de Salud que atienda la demanda de medicamentos, materiales, suministros y equipos médicos y se informe sobre los procedimientos, licitaciones y acciones para garantizar el abastecimiento efectivo en los centros de salud de la entidad.
Asimismo, el diputado Ociel Hugar García Trujillo planteó exhortar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que emita los lineamientos y metodología para desarrollar el proceso de consulta y mediación del proceso de elección municipal de Ayutla, mismo que habrá de regirse mediante el sistema normativo interno (usos y costumbres), durante la próxima elección del Ayuntamiento de esa demarcación territorial.
En otros asuntos, la diputada Eloísa Hernández Valle planteó  exhortar al Ejecutivo federal para que requiera al secretario de Desarrollo Social que cada uno de los 1, 200 comedores comunitarios de la entidad se supervisen en forma exhaustiva, se eliminen deficiencias y se logre operar conforme a las disposiciones federales, en beneficio de la población más vulnerable.