PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA

 ASF:Probable daño en hacienda
pública federal hicieron 50 ediles

Javier Francisco Reyes.—En 50 de los 81 municipios de Guerrero, incurrieron en presumibles irregularidades al ejercer presupuestos en rubros no autorizados, incumplieron con el porcentaje para localidades de zonas de atención prioritaria y hasta probable daño a la hacienda pública federal.

Son inobservancias en el ejercicio de los recursos municipales  en la entidad guerrerense, producto de las auditoría correspondiente al ejercicio fiscal de 2015 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y fueron publicados el 15 de febrero del 2017 en la página de Internet de la ASF (http://informe.asf.gob.mx/#0), y es publicada cada Febrero.
De acuerdo a un reporte  de “Borde Político A.C.” elaborador para La Crónica, Vespertino de Chilpancingo, indica los rubros en la que las autoridades fiscalizadoras encontraron irregularidades cometidas por los Ayuntamientos de Guerrero.
La ASF, encontró que 17 Ayuntamientos guerrerenses ejercieron más de un 15 por ciento de los recursos auditados del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) en rubros no autorizados.
El Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) es uno de los dos fondos que pertenecen al Fondo de Aportaciones para  la Infraestructura Social (FAIS) cuyo objetivo fundamental es el financiamiento de obras, acciones  sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social.
Los 17 Ayuntamientos que violentaron las reglas de operación del FISMDF, son el de Alcozauca de Guerrero, Atlixtac, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de  los Bravo, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Eduardo Neri, José Joaquín de Herrera, Metlatónoc, Ometepec, San Luis Acatlán, Taxco de Alarcón, Tecoanapa, Tepecoacuilco de  Trujano, Tixtla de Guerrero, Tlapa de Comonfort y Xochistlahuaca.
Igualmente los  municipios guerrerenses no cumplieron con el porcentaje de recursos ejercidos establecidos para la  atención de localidades ubicadas Zonas de Atención Prioritaria, están Acatepec, Atlixtac, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Huitzuco de los Figueroa, Olinalá, Ometepec, Petatlán, San Luis Acatlán, Taxco de Alarcón, Técpan de Galeana, Tepecoacuilco de Trujano, Tixtla de Guerrero y Tlapa de Comonfort.
Este recurso financiero se invierten para que se desarrollen en las Zonas de Atención Prioritaria (Descripción del fondo en SEDESOL), a su vez el ejercicio de los recursos tiene que observar la normativa que está determinada por la Ley  de Coordinación Fiscal, los Lineamientos generales para la operación del FAIS, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios, entre otros. 
También 19 presidentes municipales surianos ejercieron más de un 15 por ciento de los recursos auditados del FISMDF en  inobservancias de la normativa con probable daño a la Hacienda Pública Federal, entre ellos están los de Alcozauca de Guerrero, Atlixtac, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Eduardo Neri, Huitzuco de los Figueroa, José Joaquín de Herrera, Metlatónoc, Olinalá, Ometepec, San Luis Acatlán, Taxco de Alarcón, Tecoanapa, Tepecoacuilco de Trujano, Tixtla de Guerrero, Tlapa de Comonfort y Xochistlahuaca.
El ejercicio de los recursos del FISFMDF es auditado cada año por la Auditoría Superior de la  Federación, la ASF (http://www.asf.gob.mx), en aproximadamente 20 por ciento de los municipios de cada  estado.
El objetivo es determinar: si los recursos ejercidos beneficiaron directamente a grupos de población en rezago social y pobreza extrema; si los recursos ejercidos fueron en los rubros que se encuentran en el catálogo de proyectos establecido por SEDESOL o los autorizados por la Ley de Coordinación Fiscal.
Asimismo si se cumplió con el porcentaje de recursos ejercidos establecido para la atención de  localidades ubicadas Zonas de Atención Prioritaria y los recursos ejercidos en inobservancias de la normativa con probable daño a la Hacienda  Pública Federal.