POLICRÓNICA

    Damnificados…Se fueron, llegaron nuevas autoridades municipales y estatales, en tanto las federales, siguen y es la hora que no han terminado  el “Plan Nuevo Guerrero”, para dejar la entidad suriana sin damnificados de hace casi 4 años.

Han transcurrido  alrededor de 41 meses de la tragedia por los fenómenos meteorológicos devastadores en el estado de Guerrero de “Ingrid” y “Manuel”, se fueron los 81 presidentes municipales, y dos gobernadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angel Heladio Aguirre Rivero (constitucional) y Salvador Rogelio Ortega Martínez (sustituto-interino) y llegó otro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Antonio Astudillo Flores y no se termina de concluir el “Plan Nuevo Guerrero”. En tanto sigue hasta el 2018 como presidente de la república, el priista Enrique Peña Nieto, quien ha nombrado al menos dos titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), por ende igual número de delegados federales en Guerrero, el primero fue Héctor Vicario Castrejón,  quien fue el responsable de comprar los terrenos y aprobar las cientos de constructoras para levantar cientos de miles de casas, hasta llegó a declarar con cinismo a La Crónica, Vespertino de Chilpancingo, de que  podrían pasar los temblores y no se caería ninguna vivienda de las  más mil que se levantarían en “Nuevo Mirador” localizado en el sur de Chilpancingo, pero la mala noticia es que  por lo menos un centenar se van a demoler, una parte afectadas por los sismos y por la otra por su pésima construcción de las cuales 54 serán demolidas y 32 más están a punto de colapsarse y hasta el día de hoy tampoco se le ha fincado responsabilidades, pero eso si está cobrando orondamente jugoso salario como diputado local y para que sus malquerientes,  también es el presidente de la Comisión de Justicia de la LXI legislatura local. Vicario Castrejón tiene mucha responsabilidad para que hoy en día no les haya llegado la justicia gubernamental a los miles de guerrerenses que perdieron desgraciadamente su vivienda en septiembre del 2013. Se fue de candidato a legislador camuflado del Partido Verde Ecologista de México, y se olvidó de todos los cuestionamientos,  y problemas que generó como delegado federal de la SEDATU y luego llegó José Manuel Armenta Tello, quien recibió la dependencia embarrada de la corrupción con la que se manejó el ahora legislador. Por el cochinero que dejó Vicario Castrejón, ahora el actual delegado, está luchando a viento y marea para medio salvar los cientos de conflictos, todos reclaman cumplimiento de las acciones que anunció con bombo y platillo Peña Nieto en su visita en Chilpancingo y Acapulco, principalmente con su “Plan Nuevo Guerrero”. Ya se van a cumplir 4 años el 13 de septiembre del 2017, desde que pasaron los destructores fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel”, y nada del “Plan Nuevo Guerrero” que se quedó trunco. Desde luego que fueron puros anuncios espectaculares por el priista Peña Nieto, porque la restauración en todos los órdenes, ha sido hecho por los mismos guerrerenses. No es una falacia lo que estamos afirmando, porque la verdadera responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, simplemente se ha dado de puras limosnas y los afectados exigiendo mediante bloqueos de carreteras, toma de oficinas y hasta retención de funcionarios para que les hagan caso. Con cientos de protestas de las familias damnificadas siguen esperando les resuelvan sus demandas legítimas. A casi 41 meses de la tragedia natural, ahora el delegado de la SEDATU, Armenta Tello, solo revela que tres empresas huyeron—pero hasta donde sabemos son decenas--con más de 120 millones de pesos, que ejecutaban en obras del “Plan Nuevo Guerrero”, razón por la cual no se han terminado los fraccionamientos “Nuevo Mirador” y “Nuevo Azinyahualco”, esto solamente en Chilpancingo, pero ¿el resto del estado? En el caso de “Nuevo Azinyahualco”, la constructora “15”, se llevó 15 millones de pesos, con los cuales de construirían las obras de drenaje, agua potable y electrificación, que hasta ahora no hay certeza que se puedan recuperar. Lo mínimo que debió hacer el delegado de SEDATU en Guerrero, ya hubiera hecho procedimientos penales en contra de estas tres empresas fraudulentas, las cuales tenían a su cargo ocho contratos, la mayoría de los cuales ejecutaban obras en el Fraccionamiento “Nuevo Mirador” de Chilpancingo y uno para la reubicación de Azinyahualco. De esta misma municipalidad. La empresa “15”, abandonó los trabajos en el Fraccionamiento “Nuevo Azinyahualco” a finales de 2015, y es la hora que no hay castigo, esperando que actúen las autoridades burocráticas y desprestigiadas  de la Procuraduría General de la República (PGR), aunque la empresa también se ha defendido.  Otro problema acentuado, es el que viven en la región de la montaña,  para esa  parte se necesitan unos 200 millones de pesos de presupuesto adicional, para resolver al menos 2 mil 800 acciones de vivienda para damnificados de los fenómenos meteorológicos “Manuel” e “Ingrid” de 2013 y desde ese año, el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña presentó los casos de 4 mil 500 familias que habían resultado con daños graves o pérdida de sus viviendas, y pedían reubicar sus localidades. Estas familias no fueron contempladas en un primer momento, en el censo del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), pero la dependencia confirmó que más de 2 mil de estas sí necesitaban el apoyo, por lo que se creó un subregistro que hoy es catalogado como “un error”, para el que no hay recursos institucionales. Este punto, es responsabilidad de Vicario Castrejón, porque se supone que con su equipo de trabajo debió  haber hecho una investigación de las zonas damnificadas para su atención. No hay duda, el llamado “error del 2013” fue cometido por el entonces delegado de la SEDATU, Héctor Vicario Castrejón, quien siempre demostró incapacidad administrativa para manejar una delegación de ese tamaño, pues toda su vida  ha sido un político mantenido del erario público, por lo que debería ser llamado a cuentas por la Función Pública federal y la Auditoría Superior de la Federación para que responda por sus excesos como servidor público federal, pero hasta el día de hoy, el diputado no ha sido molestado, ni siquiera llamado para que explique  porque el “Plan Nuevo Guerrero” no ha dado frutos en el rubro de vivienda al ciento por ciento como era la esperanza de miles de familias guerrerenses damnificadas que siguen esperando que el gobierno federal Peñanietista cumpla a cabalidad. Si en este año no se concluye ese plan, para el 2018, será menos probable, porque el gobierno federal y todos los políticos del PRI estarán más ocupados y preocupados por retener la presidencia de la república. Solo en el caso de la montaña, se han identificado 12 municipios y aproximadamente 200 localidades que necesitaban acciones, para ello se necesita un presupuesto adicional por cerca de 200 millones de pesos a las oficinas centrales de la SEDATU, o de lo contrario realizar las gestiones correspondientes ante el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO). Ha sido tanto la desesperación que el pasado 17 de este mes, familias damnificadas de los municipios de Acapulco, Juan R. Escudero (Tierra Colorada) y Tixtla, desalojaron al personal y tomaron las oficinas centrales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), para exigir la entrega de 80 viviendas. Los manifestantes pertenecen a la organización “Alianza Ciudadana Democrática”, aglutinada al Partido de la Revolución Democrática (PRD). Denunciaron que el delegado José Manuel Armenta Tello no ha cumplido con la construcción y entrega de las 80 viviendas, pues desde que pasó la tormenta “Manuel” y el huracán “Ingrid” ocurridos en septiembre de 2013, de las localidades de Acatempa, municipio de Tixtla; Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero, los km 38, 21, Los Órganos de San Agustín, El Papagayo, El Quemado del municipio de Acapulco., han sido prácticamente olvidados, por ese famoso “error”. Para completar la desgracia, Héctor Vicario Castrejón autorizó como delegado de la SEDATU, la construcción de 29 de 34 viviendas en lo que se conoce como “Papagayo”, municipio de “Juan R. Escudero”, en terrenos inhabitables, además se levantaron las construcciones sobre palizadas totalmente de papel y madera. Por esos materiales, el pasado domingo 12 de febrero se registró un incendio, en la que fueron consumidos por lo menos un total de 16 viviendas ubicadas a la altura del  km 73 de la carretera federal Chilpancingo-Acapulco, en donde se habrían invertido 7 millones de pesos, dinero tirado a la basura literalmente, como si se estuviera viviendo en la abundancia. Estas casas, fueron construidas hace poco más de dos años, por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), para reubicar a 29 familias, pero de acuerdo con un nuevo dictamen las viviendas no eran habitables, y el fraccionamiento se reubicaría en otro sitio. La obra de reubicación del fraccionamiento en la comunidad de Papagayo, fue clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) el 06 de abril de 2016, al no cumplir con los permisos ambientales correspondientes y serias deficiencias en su construcción. Allí se construyeron 29 de las 34 casas destinadas para familias damnificadas por los fenómenos meteorológicos “Manuel” e “Ingrid”. Las viviendas con paredes de madera y techos de láminas de asbesto fueron sobrepuestas en tablas embarradas de cemento que simulan un piso firme, pero éste fue colocado sobre troncos de madera de 10 a 15 centímetros de diámetro y aproximadamente un metro de alto, y la mayoría de ellos han comenzado a podrirse antes de que las casas sean entregadas a las familias. Son algunos casos que están documentados y se conocen, porque han estado haciendo protestas en sus zonas y en Chilpancingo, para que les hagan caso, pero hay otros lados, que se desconocen en qué condiciones están las familias damnificadas de la comunidad de San Marcos Majada de Toro en Chilapa de Alvarez, en donde apenas en enero 2016, les entregaron 50 de las 317 viviendas que les prometió el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Sin embargo, de estas 50 casas entregadas y que fueron edificadas por la Constructora Grupo de Oro, 17 tienen deficiencias físicas como grietas por donde se filtra el agua, además carecen de un muro de contención. Los ciudadanos de San Marcos Majada del Toro reubicados en Xicahuixtlahuac, han acudido a la delegación de Sedatu en Chilpancingo, para volver a firmar una minuta de acuerdos con la dependencia “sobre la construcción de las casas”. Por estas y otras deficiencias que se vienen arrastrando desde  la administración de Héctor Vicario Castrejón, como delegado de la SEDATU, hoy en día está obligado moralmente el actual, José Manuel Armenta Tello, presentar demandas de responsabilidad y penales en contra del legislador priista-ecologista, porque fue quien estuvo dando el visto bueno de la compra de los terrenos y de la licitación de las constructoras que se encargaron de la edificación de los cientos de miles de viviendas. Si no lo hace, Armenta Tello, será el cómplice y tapadera de las corruptelas del político de Chaucingo, municipio de Huitzuco de los  Figueroa…Suicida…Las consecuencias están llegando al extremo con las medidas diabólicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien a más de 33 días de haber asumido el poder, están a la orden las deportaciones, principalmente los que están resintiendo son los mexicanos, y el gobierno de la república encabezado por Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional, solo está a la exceptiva, es más es tan insensible, que ni siquiera aborda el tema con énfasis el tema de los migrantes. Ahora debería ser de mayor preocupación con el mexicano que se suicidó, tras ser deportado por tercera ocasión. El pasado martes Guadalupe Olivas Valencia, el hombre que se suicidó  minutos después de ser deportado  de la garita El Chaparral, en Tijuana, Baja California, tenía tres hijos y su familia vivía en el ejido 20 de noviembre en Los Mochis, Sinaloa. Irma Delgado,  prima de Guadalupe y quien en nombre de la familia realiza los trámites de defunción, dio a conocer  que los tres hijos;  José Roberto, Omar Guadalupe y María Cristina,   “están desconsolados ante la muerte de su padre”. Olivas Valencia, originario del ejido 20 de Noviembre, de 44 años de edad, dejó al cuidado de su hermana Noemí, a sus tres hijos, antes de partir a Tijuana, por donde cruzó en tres ocasiones a los Estados Unidos para trabajar en el corte de pinos. El cuerpo del suicida por culpa de las políticas diabólicas de Trump, será llevado a su tierra natal,  más porque sus hijos vivían en ese ejido con una tía. Debe ser una voz de alerta para otros mexicanos que con ilusiones de ayudar a su familia se fueron para cumplir con el sueño americano. El pasado 21 de febrero, el ahora occiso volvió a ser deportado por las autoridades de los Estados Unidos vía Tijuana, por lo que este se lanzó al vacío desde un puente, ubicado a un costado de la puerta que utiliza el Servicio de Inspección de Adunas, para expulsar a ciudadanos mexicanos que viven en forma indocumentada en el país. Ese debe ser un mensaje  contundente para el gobernador de Guerrero, el priista Héctor Antonio Astudillo Flores, quien ha estado en la Unión Americana, con los migrantes, entonces debe pasar del discurso “no están solos”, por la de que están protegidos en el momento de que sean deportados y lleguen a suelo guerrerense tenga una real oportunidad para ocuparse y no sigan engrosando las filas del desempleo. Además el trabajo que se realiza con los gringos, es muy diferente en tierra suriana. Por ello es urgente que el gobierno Astudillista ponga en serio un programa de atención a migrantes con recursos económicos para evitar que nuestros paisanos entren en pánico al ser deportados, al ver un panorama desolador. Debe ofrecer Astudillo  Flores certeza para todo aquel guerrerense que sea deportado y arribe a tierras de Guerrero de que será recibido con una oferta de trabajo seguro para continuar con su vida de un país a otro que es el suyo y que seguro que ya no tendrá más inquietudes para regresar a los Estados Unidos.