PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA

 PVS:Crema víctimas crimen;
“justicia  muerta en Gro.”:MOC

Javier  Francisco Reyes.—Guerrero, primer lugar nacional en desapariciones, crimen organizado crema a sus víctimas para que no sean encontradas, sostuvo la fiscal ejecutivo de la Procuraduría General de la República (PGR), Martha Patricia Valadez Sanabria, en tanto la justicia es letra muerta, denunció Martha Obeso Casares.

Actualmente es difícil encontrar a las personas víctimas de desaparición forzada porque son cremados, prácticas que se implementa desde hace cinco años por la delincuencia organizada,  afirmó categóricamente la fiscal ejecutivo de la Procuraduría General de la República (PGR), Martha Patricia Valadez Sanabria.
La también abogada promotora del caso Rosendo Radilla ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), disertó una ponencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde aseguró que el Ejército no aplicó la práctica de la cremación en las desapariciones forzadas.
 “En los contextos actuales de desaparición forzada en los que ocurren en la actualidad si se da mucho la cremación, esa es una práctica de la época reciente, no es una práctica de la década de 70, eso se ha venido dando a partir de la delincuencia organizada”, puntualizó la ponente.
Agregó “Es una práctica que realiza el crimen organizado cuando hace esos famosos levantones, y se llevan a gente, las creman en botes, como tambos y tienen una técnica muy específica que le hacen orificios le pone algún liquido de gasolina, y los dejan ahí a la cremación”.
Indicó, “Pero es una práctica actual de 5 años para acá que hemos escuchado que han encontrado los cuerpos cremados, y lo hacen el crimen organizado”.
La servidora pública Valadez Sanabria manifestó que el Ejército no aplica esa práctica, pues “no van a tomarse tanto tiempo, y tanta molestia, porque es tiempo, esfuerzo, y gasto que se tiene que conseguir cosas para hacer esa práctica (de la incineración)”.
PRIMER LUGAR GUERRERO EN DESAPARICIONES
Por otra parte  la visitante Valadez Sanabria sostuvo que Guerrero es uno de los estados con mayor desaparición de personas en el país, lo cual, dijo, ha sido histórico porque desde la década de los 70, ha sido el estado con mayor número de desaparecidos durante la época de la Guerra Sucia.
Manifestó que hoy en día, la violencia en la entidad se ha asentado mucho, y ahora el contexto de las desapariciones, son más por vínculos al crimen organizado, que por desapariciones vinculadas a servidores públicos.
Insistió, que  “La desaparición forzada implica necesariamente la intervención de un agente del Estado, y como tal no creo que sea cifras tan importantes en materia de desaparición forzadas, pero si del crimen organizada”.
Admitió que en Guerrero prevalecen las desapariciones, pero dijo que eran más por vínculos con el crimen organizado, que de servidores públicos.
Valadez Sanabria disertó la ponencia Efectos de la sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco, en el Sistema Jurídico mexicano, donde dijo que a 43 años de su desaparición.
Luego de que el 25 de agosto de 1974 fuera detenido ilegalmente en un retén militar en Atoyac de Álvarez, no hay alguna posibilidades de localizarlo.
“La posibilidades que yo veo son pocos, por lo que les comete en transcurso del tiempo hace mucho, compleja la búsqueda son difíciles no encontramos a la persona, encontramos a otros cuerpos a otros restos que no corresponden a la personas que buscamos”.
Dijo que lo que se busca son los restos de Radilla Pacheco, pues cuando desapareció tenía 61 años, “y ahorita entendemos que está fallecido”.
La promotora del caso ante la CIDH, dijo que hasta el momento han declarado 21 militares de alto grado, y ninguno de ellos ha dicho donde pudiera estar el señor Radilla, dijo que los militares a quien ella misma les tomó su declaración le expresaron que no estuvieron en la zona donde se registraron los hechos.
Otros ya están muertos, o no se encuentran en la filas del Ejército, y no viven en las direcciones que proporcionaron, lo que ha hecho difícil su localización.
Sin embargo, dijo que las personas víctimas de desaparición forzada durante la llamada Guerra sucia en los años 70 estuvieron en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, en la Costa Grande de la entidad, según la declaración de testigos presenciales.
“De acuerdo a las investigaciones que se han realizado se tiene la certeza que al menos esos desaparecidos  permanecieron  en el estado de Guerrero no fueron traslados, algunos al campo número 1 de la Ciudad de México, pero esos son otros desaparecidos”.
JUSTICIA MUERTA EN GUERRERO
En su momento, Martha Obeso Casares, viuda de Armando Chavarría Barrera, recriminó que hayan pasado cuatro gobernadores y una decena de fiscales y hasta el momento no aclaren la muerte de quien fuera el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso Local.
En Guerrero la justicia es letra muerta, dijo la viuda Obseso Casares quien asistió a una conferencia en la Facultad de Derecho en Chilpancingo, donde entregó el libro “Un asesinato político” a la ponente y promotora del caso Rosendo Radilla ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Martha Patricia Valadez Sanabria.
Añadió,  “En Guerrero, y en México la justicia hasta hoy es letra muerta, quiero regalarle el libro Un asesinato político, no se trata de una desaparición forzada, se trata de una ejecución extrajudicial, así está tipificada por el derecho internacional, y la CIDH”.
A punto del llanto, recriminó al sistema, “Cuatro gobernadores, una decena de procuradores, incluido el fiscal (Xavier Olea), y el caso continua impune por eso hemos iniciado un recorrido ante tribunales”.
Denunció que las autoridades no han querido esclarecer ni castigar a los responsables, y la última información que le dio el fiscal Xavier Ignacio Olea Peláez es que hay “cero avances” en las investigaciones, al tiempo que señaló que es inaceptable, pues han estado ya una decena de fiscales, y cuatro gobernadores, y no puede ser que no existan avances.
Obeso Casares destacó  que para que se llevara a cabo el asesinato de su esposo quien era presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local—Armando Chavarría Barrera-- se requiere garantizar la impunidad e inmunidad, “es decir es un crimen con todas las características de un crimen de estado”.
Recordó que en el mes de diciembre del 2015 cuando llevaron el caso a la CIDH, pero hasta el momento no tienen conocimiento si fue admitido, y atribuyó la tardanza a la falta de recursos del organismo, que le ha impedido llevar todos los casos.
Chavarría Barrera fue asesinado a balazos la mañana del jueves 20 de agosto del 2009 alrededor de las 6:50 horas fuera de su domicilio, en el poniente de la ciudad, donde al parecer dos sujetos lo atacaron cuando estaba a punto de abordar su auto.