PRINCIPAL DE PRIMERA PLANA

 Hocicones e insensibles
Astudillo, Robles y Olea

Wendy Alanís.-El Colectivo Familiares de Desaparecidos Secuestrados y Asesinados en el Estado de Guerrero y el país, acusaron de hocicones e insensibles al gobernador del Partido Revolucionario Institucional, Héctor Antonio Astudillo Flores; el magistrado presidente del Poder Judicial, Robespierre Robles Hurtado y al Fiscal General del estado, Xavier Ignacio Olea Peláez.

Los conceptos fueron vertidos la tarde de hoy jueves,  minutos antes de sostener un encuentro con Julio Hernández Barros, comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el comisionado en Guerrero de esta instancia, José Luis Gallegos Peralta.
La reunión sería en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos (CODEHUM) en Chilpancingo, en que exigirían el informe de los avances de los resultados de las muestras de ADN de las personas que han sido localizadas en diversos fosas clandestinas en Guerrero.
También demandaría sobre la situación del panteón ministerial, donde se encuentran los cadáveres de las personas cuyos familiares no han sido encontrados y el cumplimiento a los artículos 68, 69, 73 de la Ley General de Victimas, de los cuales han hecho caso omiso.
Denunciaron también que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dilapida dos millones de pesos del Fondo Emergente de Apoyo a Víctimas a pesar de que el propio fiscal de Guerrero Xavier  Ignacio Olea Peláez, el mismo Gobernador priista Héctor Antonio Astudillo Flores y el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles Hurtado, a quienes acusaron de bocones e insensibles.
Los quejosos del Colectivo Familiares de Desaparecidos Secuestrados y Asesinados en el Estado de Guerrero y el país les han prometido toda la ayuda necesaria, pero no han recibido ni un solo peso para solventar los gastos que conlleva la búsqueda de sus familiares.
Por el contrario, denunciaron, que al momento de realizar trámites en las oficinas gubernamentales, como la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, en donde les han exigido hasta 200 pesos por hacer trámites.
Informaron también que están en espera que el gobernador del estado Héctor Antonio Astudillo, una audiencia, puesto que ya van dos ocasiones que los ha dejado plantados.
Hasta después del mediodía seguían esperando el arribo de Julio Hernández Barros, comisionado presidente del CEAV y el delegado de esta instancia en Guerrero, José Luis Gallegos Peralta.
Habían pasado más de horas en que se redactó la nota, y los comisionados no habían hecho acto de presencia en el punto convenido para la reunión en las instalaciones de la CODEHUM.
A dicha reunión llegaron personas de distintos puntos del estado y del país como lo es Guanajuato, Chiapas, Morelos y Querétaro quienes tienes documentados como mínimo 400 desaparecidos desde el año 2008 a la fecha.
Severamente molestos; el colectivo conformado por personas a quienes les han secuestrado, desaparecido o asesinado a un familiar exigen que el Fondo Emergente de Apoyo deje de dilapidarse y se utilice en favor de las víctimas y sus familiares como los marcan los artículos 68, 69, y 73 y señalan también que por el contrario los mismos funcionarios les exigen algún pago para realizar cualquier trámite y no les quede otra más que poner de su bolsillo para cubrir los gastos.
Por último mencionan como necesidades apremiantes ocasionadas por la circunstancia: Acceso a beneficios de protección, servicios y reparación del daño, conforme a la ley general de atención a víctimas.
Aplicar el protocolo para el tratamiento de cadáveres, pues afirmaron que no existe, así como establecer el banco de ADN nacional y estatal, pese a que hace varias semanas se anunció que sería la sede en Iguala de la Independencia.
Por último demandaron la entrega de becas escolares, despensas alimentarias, brigadas  médicas y la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) para atender averiguaciones previas del colectivo.