PRIMERA PLANA

El comprador Patricio Margarito Rivera, ahora se le acusa de invadir una superficie de mil 400 metros, fincándosele una fianza de 124 mil 918 pesos, por tráfico de influencias del actual Secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, denunciaron familiares del reo.

Vendió terreno Florencio y
 mete preso al comprador 

Joaquín Castro.--Familiares de un indígena náhuatl encarcelado por supuesta invasión de un predio, denunciaron abuso de poder por parte del Secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, quien habría utilizado su alto puesto para impedir que el Juzgado encargado del caso aceptara una serie de pruebas que demostrarían la propiedad del acusado.

En conferencia de prensa al interior de la delegación XVII (17) del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), la hija de Patricio Margarito Rivera, denunció que el Secretario General de Gobierno ha utilizado tráfico de influencia para impedir la presentación de pruebas que coadyuven a la liberación de su padre.
Señaló que Margarito Rivera fue detenido el primero de noviembre del año en curso, acusado de invadir un predio de una superficie aproximada de mil 400 metros cuadrados.
“Mi padre fue detenido injustamente, acusado de invadir una supuesta superficie de más de mil metros cuadrados, cuando la realidad es que nosotros sí ocupamos un predio ahí, pero está debidamente certificada la compraventa de un total de superficie de 184.20 metros cuadrados, con ubicación en la colonia Temixco, calle Moisés Reyes”, señaló.
Detalló que se le fue fincada una fianza de 124 mil 918 pesos, la cual dijo no pueden cubrir porque son una familia de escasos recursos.
“Acusamos al señor Florencio Salazar de tráfico de influencias, ya que no se nos han aceptado las pruebas que hemos presentado en el Juzgado Penal, mientras que en el Ayuntamiento se nos ha negado una constancia del pago predial que se ha estado pagando desde 1997”, agregó.
La familia agraviada señaló que cuentan con documentación oficial que consta que desde hace 20 años son dueños legítimos del terreno.
“Incluso tenemos documentación oficial donde aparece el nombre de Florencio Salazar como vendedor, mientras que de igual manera aparece el de mi padre como comprador desde el 21 de mayo de 1992”.
La hija de Margarito Rivera, expresó que incluso la empresa “Rocasa” se ha negado a intervenir para demostrar la legalidad del predio, a pesar de haber recibido un pago en aquel entonces de 12 millones de pesos.
Los familiares detallaron que han sido sujetos de amedrentacion por parte de Florencio Salazar y su grupo de abogados, a quienes identificaron como Guillermo Camacho Mancilla, Asael Catarino Lara y Claudia Gonzales Flores, y los hacen responsables de cualquier situación que ocurra en contra de su familia. (API).