POLICRÓNICA
Impunidad…Han
pasado seis días, ni las organizaciones periodísticas, ni el gobierno
estatal, han emitido un posicionamiento al condenable e impune ataque a
balazos de supuestos policías comunitarios contra comunicadores que
cubrieron al menos tres enfrentamientos entre los dos grupos civiles
armados se disputan el control del corredor Chilpancingo-Xaltianguis,
municipio de Acapulco.
El
pasado jueves 24 de noviembre por lo menos una veintena de 20
periodistas de Chilpancingo se trasladaron hasta el municipio de “Juan
R. Escudero” (Tierra Colorada) para cubrir los hechos violentos que
sostienen los grupos armados civiles que se autodenominan “Policías
Comunitarios” del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del
Estado de Guerrero (FUSDEG), y la Unión de Pueblos y Organizaciones del
Estado de Guerrero (UPOEG). Hubo por lo menos tres enfrentamientos ese
día jueves 24 de noviembre y uno de estos armados disparó directo contra
un grupo de reporteros que había quedado entre el fuego cruzado. Los
tiroteos comenzaron desde las 11:30 de la mañana, y hasta entrada la
tarde, al menos se cuantificaron inicialmente tres. El tiroteo que se
registró cerca de las 17:00 horas en el entronque de la Autopsia del Sol
y la carretera federal México-Acapulco, a la altura del punto conocido
como “Plan de Lima” a la altura de la cabecera municipal de Tierra
Colorada, fue entonces que un carro de un reportero que fue alcanzado a
balazos, lo bueno de todo esto, es que iba solo el conductor. Como al
mediodía del mismo jueves 24, los dos grupos de policías civiles se
habían enfrentado a balazos durante 40 minutos, pero no se habían
registrado muertes, solo la presunta desaparición de un elemento del
FUSDEG. Tras el tiroteo, ambos grupos se replegaron; unos al centro de
Tierra Colorada y otro del lado de la Autopista del Sol, siempre en
posición de ataque y escondidos entre los montes y la ciudad. En todo
momento se mantuvo bloqueada la carretera libre de cuota, y horas más
tarde se registró otro enfrentamiento, sin que alguna autoridad haya
intervenido. En ese momento, un grupo no mayor de 20 reporteros que
cubrían el suceso, quedaron en medio de los dos grupos, en fuego
cruzado. Para salir de esa situación pidieron cese al fuego y se
identificaron como prensa para poder salir de la zona de guerra, pero
cuando iban en retirada, fueron atacados a balazos, de forma directa por
uno de los grupos de policías comunitarios. Por este hecho, el vehículo
de uno de los comunicadores, trabajador del periódico “Expresión
Popular” de Chilpancingo, recibió cuatro impactos de arma de fuego.
Hasta después de las 18:00 horas la carretera federal México-Acapulco
continuó bloqueada por los habitantes de Tierra Colorada, mientras que
los reporteros decidieron salir del municipio para evitar más
agresiones. Por estos hechos condenables, ninguna de las organizaciones
periodísticas que se jactan de defender a los agremiados, no han salido a
ofrecer un posicionamiento, en tanto el gobierno estatal que preside el
priista Héctor Antonio Astudillo Flores, ha guardado total hermetismo
sobre los sucesos bélicos, además no hay ninguna indagatoria, ni se ha
iniciado una carpeta de investigación de parte de la Fiscalía General
del estado para conocer lo sucedido. Desde luego que el gobierno estatal
le conviene que entre menos trascienda la violencia contra los
comunicadores, estará mejor, pues los organismos internacionales de
defensa de periodistas estarán tomando en cuenta de que en Guerrero,
cada día se vuelve más peligroso ejercer el trabajo de comunicador. Ese
ataque contra los trabajadores de los medios de comunicación de
Chilpancingo, sigue impune, porque no se ha castigado a ninguno de los
dos grupos antagónicos que se disputan el corredor
Chilpancingo-Xaltianguis, municipio de Acapulco y en donde sucedieron
los hechos fue en “Juan R. Escudero”. Lamentablemente estamos a seis
días de los sucesos violentos y afortunadamente, no pasó a mayores, más
que daños materiales sufrieron algunos colegas comunicadores y por
supuesto espantados, porque nunca pensaron que sería blanco de ataque de
estos silvestres armados. Tan impune está todo, que los tres niveles de
gobierno, están de rodillas, implorando a los de la UPOEG y FUSDEG, que
no se enfrenten a balazos, no obstante que el antecedente son muertes,
heridos y desapariciones. Después de tantos enfrentamientos con saldo
rojo, el gobierno del priista Héctor Antonio Astudillo Flores, ya debió
haber tomado una acción contra los civiles armados, entre otras acciones
desarmarlos o si no quiere problemas que simule que los incorporará a
la Policía Rural del gobierno del estado. Tanto el FUSEEG y la UPOEG,
gozan de total impunidad y hasta de la protección del gobierno estatal
Astudillista, porque en lugar desarmarlos, todavía los invitan de
rodillas a que vengan a Chilpancingo, disque a platicar, no obstante que
son transgresores de la ley. Para el gobierno le da mucha facilidad por
mentir al pueblo de Guerrero, como señalar que en un segundo encuentro
entre el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de
Guerrero (FUSDEG) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de
Guerrero (UPOEG) acordaron la realización de una consulta ciudadana,
para definir quién se hará cargo de la seguridad en el municipio de
“Juan R. Escudero”. La rectoría de la seguridad es el mismo Estado,
entonces es una estupidez lanzar convocatorias y consultar si se queda o
se quita alguno de los armados fuera de la ley.Esa es una verdadera
grosería, primero porque ninguno de los dos grupos antagónicos se alinea
a lo que establece la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y
Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero,
porque ambos no están en territorio indígena, por lo tanto están en
flagrancia delito. Sin embargo el gobierno de Astudillo Flores no solo
los tolera, sino hasta los protege, pues no les integra carpetas de
investigación, pese a que hay muertos y heridos de por medio desde hace
más de un año en que están en disputa del territorio. Además con la
reciente balacera es suficiente para hacer cargos, pues se usaron armas
de grueso calibre, eso ya se configura un delito, y también hubo
agraviados, entre ellos los periodistas que no fueron hacer otra cosa
que informar de lo que está sucediendo en la zona. Este segundo
encuentro entre el gobierno del estado y los dos grupos civiles armados,
se da luego de que la semana pasada ambos grupos se enfrentaron a
balazos durante cerca de 12 horas en Tierra Colorada, ambas
organizaciones se han sentado a dialogar y tomar acuerdos sobre el rumbo
de la seguridad en el municipio que se disputan. Eso no está a
discusión, porque es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, y
no de los civiles. Sin embargo al término de la reunión, Ruth Delgado,
Promotora de Desarrollo Comunitario del FUSDEG, informó que también se
acordó el repliegue de la UPOEG, hasta la comunidad de Xolapa, y por el
momento se desistirá de cualquier intento por ingresar a la cabecera
municipal. También señaló que la consulta no será para definir quién se
queda en Tierra Colorada, sino para medir el nivel de aceptación del
FUSDEG, y para que la ciudadanía pueda señalar las fallas de la
organización y se pueda mejorar el servicio que están prestando, que es
la seguridad. En esta última reunión, la UPOEG también desistió en su
pretensión de entrar por la fuerza a Tierra Colorada, como ocurrió el
pasado jueves y que detonó en los enfrentamientos a balazos. Por su
parte el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, negó tener en su
poder o alguno de sus elementos, al policía comunitario del FUSDEG, que
se encuentra desaparecido desde el día jueves. Uno de los acuerdos de
esta reunión, es que la Fiscalía General del Estado se haga cargo de la
investigación y la búsqueda de la persona reportada como desaparecida el
pasado jueves, así como el otro elemento desaparecido el 24 de octubre
en la comunidad de Tlayolapa. Asimismo se extendió la tregua, hasta el
15 de enero de 2017, periodo en el cual la Policía del Estado mantendrá
instalados filtros de seguridad en la entrada y salida de Tierra
Colorada, y vigilar que ninguna organización salga de sus territorios.
Se sostendrá un tercer encuentro en la Residencia Oficial Casa Guerrero,
para determinar el mecanismo a seguir para la consulta ciudadana, donde
el FUSDEG ha pedido participen organismos no gubernamentales como el
Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y SeraPaz. Todo esto, es una
aberración política y jurídica del gobierno de Astudillo Flores, al
permitir que estos civiles sigan estando armados, y que son un peligro
para la paz social y la sana convivencia de las familias. En lugar de
aplicar la ley conforme a derecho, según se sientan a negociar, cuando
los dos grupos están fuera de territorio y de la misma Ley 701 que está
claro para pueblos y comunidades indígenas, pues el Valle de El Ocotito,
Tierra Colorada, hasta Xaltianguis, municipio de Acapulco, no tiene
población étnica, por ello creemos que es violatorio y más aún, si estos
hombres portan armas de grueso calibre, de uso exclusivo del Ejército
Mexicano. Todos sus actos disque de seguridad, están fuera de la Ley
701, además ha quedado demostrado que no están para ofrecer seguridad,
más bien, causan terror entre los ciudadanos de cada una de las
comunidades en donde tienen presencia el FUSDEG y UPOEG, ambos se han
extralimitado al estado de derecho y a todas las leyes de armas de este
país. El gobierno de Astudillo Flores, está siendo omiso, pareciera que
espera que haya una verdadera tragedia entre los dos grupos antagónicos.
Nosotros no creemos nada de que la tregua la vayan a respetar hasta el
15 de enero del 2017, puesto que los ánimos están caldeados y
acusaciones mutuas de delincuentes, narcotraficantes y asesinos. Señor
Héctor Antonio Astudillo Flores, que no le vea la cara su secretario
general de gobierno, Florencio Salazar Adame, esa no es una solución al
grave conflicto armado, es solo una patraña. Lo que debe hacer es
aplicar lo que ofreció en campaña “Orden y Paz”, porque de lo contrario,
desde ahora, le anticipamos que no vaya a estar lamentando de que de
manera sorpresiva se le complique. Ejemplo, Colombia, de donde viene de
terminar como embajador, Florencio Salazar Adame, trae cátedra como se
manejan los civiles armados, llamados guerrilleros y es lo que se
podrían considerar a la UPOEG y FUSDEG, porque en la práctica no están
combatiendo a la delincuencia organizada, que es un verdadero flagelo
para la sociedad y más para el gobierno de los tres niveles. Entonces
disque establecer una “tregua navideña” es una soberana tomadura de pelo
de Florencio Salazar adame, pues debe saber el mandatario priista que
con las armas no se juega, ni se hacen treguas. Pero en fin, es el
gobernador quien correrá los riesgos al creerle a su maestro “Lencho”
...Desinformación…En
realidad no hay una información firme y creíble de la cantidad de restos
extraídos de al menos 20 fosas clandestinas en los terrenos del
municipio de Zitlala, pues cada día que pasa varían las cifras. Hasta el
viernes pasado se había manejado “oficialmente” de que había exhumado
32 cuerpos, ayer lunes por la mañana, se informó que fueron 33, y por la
noche, esa cantidad había subido a 40 cuerpos, según confirmación de
las autoridades de la Fiscalía General del estado. Lo importante es que
las autoridades de Guerrero, finalmente lograron rescatar los cuerpos,
muchos de ellos irreconocibles, por ello es difícil poder dar con su
identidad, pese a ello, ya lo están haciendo sus familiares. Ahora los
miembros del Colectivo de Familiares de personas desaparecidas “Siempre
Vivos”, identificaron a tres personas, de los restos de 32 cuerpos
hallados la semana pasada en fosas clandestinas del municipio de
Zitlala, y que se encuentran en el Servicio Médico Forense de
Chilpancingo. La mañana de este lunes, alrededor de 50 personas de este
colectivo, acudieron al Semefo de Chilpancingo, para solicitar acceder a
los cuerpos o restos humanos extraídos de las fosas clandestinas. Al
interior, sólo les fueron mostrados los objetos, ropa y fotografías de
los que fue hallado junto con los cuerpos en las 20 fosas, donde
pudieron identificar al menos a tres personas, pero tendrán que esperar
los resultados de las pruebas de ADN que se realizaron en coordinación
con la Procuraduría General de la República. También acudieron miembros
de la familia que desapareció hace tres semanas en la comunidad de
Tlaltempanapa, quienes tenían la esperanza de hallar a alguno de sus
seres queridos entre los restos, sin embargo los resultados fueron
negativos. Al término de la reunión, José Díaz Navarro, presidente del
colectivo, informó que “hay algunos compañeros que tienen algunas pistas
de que pudieran ser sus familiares, pero ahorita es una información muy
prematura, vamos a esperar los resultados de las pruebas de AND, para
tener la certeza de que son sus familiares”. Los cuerpos identificados,
son de dos personas que desaparecieron recientemente en Chilapa de
Alvarez, y aunque no estaban dentro del colectivo, se unieron luego de
saberse el hallazgo de las fosas clandestinas en Zitlala, y hoy pudieron
identificar a dos personas. En la mayoría de los casos, ya tienen las
pruebas de ADN y lo que faltan se quedaron para que les tomaran la
muestra. Definitivamente la información de 32, no es la cifra correcta,
hay ocultamiento oficial para ofrecerla con certeza, se ha ido
filtrando, como tratando de crear otro escenario y no ofrecer el real
que se está viviendo. La cierto que ya suman más de 40 los encontrados
en los cerros del municipio de Zitlala. Tan desconfiados son los del
grupo “Siempre Vivos” que en los próximos días sostendrán una nueva
reunión con autoridades en la Ciudad de Chilapa de Alvarez, donde se
espera que les proporcionen información más precisa sobre la
identificación de los cuerpos, así como avances en la confronta de
pruebas de ADN. El mismo dirigente Díaz Navarro, reconoce que las cifras
de personas desaparecidas en la zona se cuenta con registros desde
Ahuacuotzingo, Atlixtac, José Joaquín de Herrera, principalmente Zitlala
y Chilapa de Alvarez, en total se tienen 100 casos de desapariciones
de la organización, “Siempre Vivos” pero hay una lista adicional de
otros 50 desaparecidos de 2013 a la fecha. Es decir que apenas esa
mínima cifra que da a conocer el gobierno del estado es solo para
apaciguar la exigencia de esclarecimiento y dar con el paradero de las
personas que han sido víctimas de la desaparición forzada. De acuerdo
con la información que les fue proporcionada, los cuerpos tienen entre
uno y tres meses de haber sido sepultados en dichas fosas clandestinas,
otros que fueron hallados en avanzado estado de descomposición no
pudieron ser revisados, y deberán esperar las pruebas de ADN. Como no
hay total conformidad “Siempre Vivos” habrán de iniciar una segunda
etapa de búsqueda, a fin de buscar a sus familiares desaparecidos en los
alrededores del municipio de Chilapa de Alvarez. Esta es una
demostración más de que el trabajo que realizan las esferas de gobierno,
es poco creíble, por ello volverán a reiniciar otra etapa de búsqueda
incansable, porque deben estar en algún lugar esas personas que hasta el
día de hoy no se sabe de su paradero.
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