POLICRÓNICA

   Brutalidad…Sin duda en Guerrero se utiliza la política de la brutalidad policiaca que no respeta los derechos humanos, ni  se ocupan los protocolos para disuadir las protestas sociales y sindicales, el gobierno Astudillista poco le interesa el tema, lo que quiere es que nadie lo cuestione, ni le proteste.

En Guerrero está demostrado que los tres niveles de gobierno, no aplican los rigurosos protocolos de seguridad, ni se respetan los derechos humanos  en sus operativos diversos. Lo criticable, es que las fuerzas federales y estatales, solo intervienen para agraviar los movimientos sociales y sindicales, no en contra de la delincuencia organizada y del orden común. Principalmente el gobierno estatal y federal se encargan de reprimir las constantes manifestaciones de estudiantes, maestros, campesinos y sindicatos, luego andan hasta acusando ante las autoridades a los dirigentes e inventándoles presuntos ilícitos. Sin respetar protocolos de seguridad ni de derechos humanos, usan la fuerza bruta, palabras amenazantes, señas obscenas, empuñando sus armas de fuego y hasta agrediendo a reporteros por elementos policiales del Gobierno del Estado y federal de Guerrero realizan los desalojos y aplican la represión contra movimientos sociales. Cada vez que vemos movilizaciones también   el Gobierno del Estado usa la fuerza pública para desalojar maestros agremiados al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, padres de familia, estudiantes o maestros cuando exigen sean atendidos, además ponen resguardo policiaco en los edificios en donde se presentan las protestas de inconformidad, principalmente en materia educativa, entre ellos la reforma educativa, la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa hechos sucedidos el 26 y 27 de septiembre del 2014 y otros más exigen construcción, remodelación y equipamiento de escuelas. Todo el tiempo vemos a los policías estatales y federales armados con equipo antimotín, y cuando hay resistencia de los manifestantes a retirarse de las vías de comunicación o edificios públicos, llegan disparando granadas de gas lacrimógeno y roseando con extintores para dispersar a los  manifestantes y recuperar la Autopista del Sol, avenidas, calles y edificios en donde se alberga las oficinas de las diversas instancias de gobierno. Es un gasto innecesario, cuando deberían estar haciendo el trabajo de combate a la delincuencia que cada día hace acto de presencia de manera con escenas dantescas. Sin embargo los desalojos violentos los observamos casi todos los días en la entidad suriana, principalmente en Chilpancingo, en donde se registra el  mayor número de protestas de los diversos sectores de la sociedad, en donde están los tres poderes del estado. Los diversos desalojos, evidentemente se dan sin acatar ningún protocolo de seguridad ni de derechos humanos, pues los gases los lanzan de forma inesperada habiendo transeúntes, entre ellos niños, ancianos y mujeres en diversos puntos de las ciudades y nadie se hace responsable de lo que ocurre. Además, las granadas de gas son disparadas con armas especiales que son apuntadas directo a los manifestantes. Cuando se registran desalojos por los agentes estatales hacen señas obscenas, gritan frases amenazantes y groserías. Inclusive hasta llevan parte de esta violenta agresión contra reporteros que cubren las movilizaciones y no solo los amenazan con toletes, sino han llegado hasta los golpes físicos con expresiones “¡ábrete, ábrete hijos de la…!”. Pero lo más cuestionable es que algunos policías portan hasta armas de fuego, y de eso hay fotografías y videos como evidencia. Todo esto demuestra que la Policía del Gobierno de Guerrero que encabeza el priista Héctor Antonio Astudillo Flores (y así ha sido en administraciones pasadas como la de Ángel Heladio Rivero), no respetan protocolos de derechos humanos, que garanticen la dignidad humana o integridad física de manifestantes y civiles ajenos al conflicto. Esto mismo ha sido corroborado por representantes de los Organismos No Gubernamentales defensores de derechos humanos, inclusive se han documentado los sucesos. Es lamentable que siga ocurriendo este tipo de violencia en contra de los manifestantes, en donde no se siguen los protocolos establecidos en materia de derechos humanos por parte de las autoridades en el uso de la fuerza pública. Colateralmente nadie defiende los derechos de terceros, esos nunca aparecen en el saldo de esos violentos desalojos, cuando presuntamente las autoridades tienen a restablecer el orden, sea con estricto respeto a los derechos de todos. Entonces es necesario que haya llamados a los grupos del orden, sean del municipio, estado o federación, respeten las normas, y a los protestantes que respeten a los demás, es más ni siquiera la Comisión Estatal de Derechos Humanos que dirige Ramón Navarrete Magdaleno ha tenido intervenciones en acciones donde ambas partes no respetan lo establecido por la Ley. Si lo ha hecho, ha sido timorata, y hasta de complicidad con el gobierno, porque de actuar, tendría que enemistarse con el Poder Público, por ende estará de por medio el aumento o disminución del presupuesto, aunque en la Constitución establece que debe ser por lo menos el 10 por ciento de lo que ejerza en presupuesto ante Procuraduría General del estado, ahora Fiscalía General del estado. Entonces se convierte en sobreprotector de acciones de acciones violentas contra los ciudadanos que se manifiestan, cuando se deben de hacerse de una mejor manera. La policía está obligada a establecer protocolos, y respetar los derechos de la gente. Están obligados a no usar armas de fuego sino armas defensivas. La memoria de un Estado como Guerrero, está repleta de represiones a la lucha social y sindical donde ha habido ejecuciones extrajudiciales, producto de la falta de protocolos de actuación y respeto a los derechos humanos por parte de las policías de los tres niveles de Gobierno. Comienza agudizarse este tipo de acciones violentas, desde el 12 de diciembre de 2011, los estudiantes de la normal de Ayotzinapa Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, cayeron muertos al ser alcanzados por balas de corporaciones oficiales, durante un desalojo violento que realizaron policías del Estado y Federales en la Autopista del Sol. Cinco años después, los policías siguen acudiendo a actos de este tipo, con armas de fuego y la Codehum, es simple observador, y no emite recomendaciones a los altos jefes policiacos estatales y coadyuvar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que intervienen las fuerza federales. Ni modo, el pueblo siempre estará en estado de indefensión…Satanás…No estamos festinando la desgracia que han vivido nuestros paisanos tixtlecos al andar suelto Satanás, pues desde hace un año  con su presidente municipal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Hossein Nabor Guillén, lamentablemente se está confirmado lo que hemos escrito en este espacio, al estar desgobernando el municipio de Tixtla, en la que no pone ningún ápice de su parte para lograr un programa de seguridad hasta el momento. Apenas el viernes pasado, escribimos en este espacio, de que la violencia en Tixtla, sigue galopante y el alcalde nada hace por abatirla por lo menos, ya ni siquiera estamos planteando que se le combata frontalmente. El viernes pasado escribimos de que Tixtla vive en el desastre con Nabor Guillén, ante la desatada delincuencia en la tierra de los próceres Vicente Ramón Guerrero Saldaña  e Ignacio Manuel Altamirano, quienes se morirían nuevamente si vivieran, al saber que una persona que se dice de izquierda ha traicionado sus principios por lo que lucharon, principalmente el consumador de la independencia Guerrero Saldaña. Definitivamente el alcalde está obligado a trabajar para pacificar su municipio con otra estrategia de gobierno, y solicitar apoyo al gobierno estatal y federal, de lo contrario, no solo estará marginado, sino continuará con su desgobierno en total desastre. Lamentablemente los habitantes de Tixtla deben estar arrepentidos haber votado con  Hossein Nabor Guillén quien ha incumplido todas y cada una de las promesas de campaña. Ese politiquillo de marras definitivamente no cambiará, porque ve en el Ayuntamiento un botín para resolver sus problemas económicos personales, no para servir a sus paisanos, comenzando con el interminable conflicto innecesario del relleno sanitario de Matlalapa, en donde quiso sacar raja político, económica y perjudicó a los ciudadanos, ni siquiera a las autoridades de Chilpancingo, con el asunto del depósito final de la basura. Por sus malos cálculos, hoy en día sufre la presión social y orfandad política hasta los de su mismo Partido de la Revolución Democrática, al verlo envuelto en la galopante inseguridad pública. Todo esto que está sucediendo, es por su desmedida ambición personal y extremosa actitud de mentiroso con los ciudadanos y lo más grave, que ofrece resolver demandas, pero luego se desdice.Ahora mismo está pagando las consecuencias, con tantos muertos  que le fueron a tirar en la noche del domingo y madrugada de este lunes. De acuerdo a la información oficial, fueron nueve personas privadas de la vida. Se conoció que los cuerpos de nueve hombres decapitados, embolsados y amordazados fueron localizados sobre la carretera Tixtla-Atliaca, municipio de Tixtla de Guerrero, durante la noche del domingo. Junto a las víctimas, dejaron una narcomanta. Los cadáveres presentaban huella de tortura en diversas partes del cuerpo. Algunos estaban envueltos en bolsas negras y cobijas. Todos eran del sexo masculino y estaban decapitados. El hallazgo se realizó alrededor de las 22:00 horas del domingo sobre la carretera interestatal Tixtla-Atliaca, a la altura del puente conocido como “San Miguelito”, entre el Nuevo Libramiento a Tixtla y la carretera federal Chilpancingo-Chilapa. De acuerdo con reportes de las autoridades, fue mediante una llamada anónima al número de emergencias 066 donde reportaron que sobre dicha vía se encontraban varios cuerpos humanos tirados, por lo que de inmediato elementos de la Policía Municipal y Estatal se trasladaron al lugar confirmando el hallazgo de ocho cuerpos decapitados. Junto a los cuerpos fue hallada una narco manta con letras rojas que decía lo siguiente: “Ahi te va tu basura pinche bola de secuestradores, a la berga le pelan la riata ja ja ja ja Jr. Tu y tu mallate el fantasmita me la maman juntos con los de Tepos, a ver si le topan, no es lo mismo andar matando gente q no la debe conmigo se la pelan hijos de perra, tengo gente lista digan donde y cuando nos topamos Ate la Mera Riata”. La zona fue resguardada y acordonada por elementos de la Policía Estatal, Ministerial y efectivos del Ejército Mexicano, por lo que la circulación de la carretera se mantuvo cerrada por casi dos horas. Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), el agente del Ministerio Público en turno y personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) arribaron al lugar para encargarse de realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados a  la capital de Guerrero. Otra vez enmudeció Hossein Nabor Guillén ante estos hechos criminales y una vez más queda demostrado de que los habitantes tixtlecos están en completo estado de indefensión. Ahora no fue uno sino hasta nueva personas y lo peor totalmente descuartizadas, lo que significa que la delincuencia está muy virulenta y el alcalde bien gracias, cruzado de brazos, sin salir a defender a su pueblo que cada día se decepciona por farsante. Podría alegar el alcalde que no son vecinos de la cabecera municipal, pero el mensaje está claro, de que la violencia ha remontado con más cruel, y se observa que sus policías municipales no están al pendiente de la seguridad del municipio. Sean o no vecinos de Tixtla, lo cierto es que está convertido en un tiradero de cadáveres, gracias al desinterés de  Nabor Guillén en establecer un operativo de seguridad eficaz y carece de uso de las nuevas tecnologías para estar  frenar los actos delincuenciales. Hasta el día de hoy, lo único que le interesa es reinventar de cómo va a llevarse el presupuesto para su beneficio personal, familiar y de sus cuates. Es decir la corrupción a su máxima potencia…Cara…Luego de las publicaciones en los medios de información impresos y electrónicos, informándose de que desde el 2011  al 2014,  se había dado un presunto desvío de más de los 8 mil 698 millones de pesos entre el gobierno de Angel Heladio Aguirre Rivero y el sustituto-interino, Salvador Rogelio Ortega Martínez quien completó el periodo constitucional de cuatro años y medio. Según los resultados de la Auditoría Superior de la Federación,  había ese boquete financiero y eso creció como una bola de nieve, en la que inclusive se habla de que Aguirre Rivero estaría a un paso de la cárcel. Sin embargo ayer lunes nos enteramos de que el viernes 18 de noviembre de manera voluntaria, se habría reunido el ex mandatario de tres años y medio, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD),  con funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF),  en donde habría ratificado su compromiso de solventar las observaciones de esa dependencia a su periodo al frente del gobierno de Guerrero. Aguirre Rivero señaló que será la Auditoría Superior de la Federación quien dará a conocer las cifras en revisión, toda vez que de los ejercicios 2011, 2012, 2013, y 2014 la cantidad observada es menor a la que se ha manejado públicamente, de la cual el 80 por ciento corresponde al gobierno del estado y un 20 por ciento a los municipios. El ex gobernador, señaló que acudió de manera voluntaria al no haber sido requerido por la ASF, a la vez que manifestó al organismo federal, que de acreditarse cualquier tipo de desviación u omisión en el manejo de los recursos federales, su postura es que se proceda conforme a derecho, trátese de quien se trate, para garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, honestidad y apego a Derecho. Informó que durante la mesa de trabajo, se acordó celebrar reuniones semanales de solventación, hasta concluir  la comprobación de los montos observados, que están radicados en el sector salud y desarrollo social, fundamentalmente. En la reunión, celebrada el pasado viernes 18 en oficinas de la ASF en la Ciudad de México, participaron el licenciado Juan Carlos Hernández, director general de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos y el licenciado Jaime Álvarez Hernández, director general de Investigación y Evaluación de la Auditoria Superior de la Federación, entre otros servidores públicos. Nos parece oportuno que Aguirre Rivero, diera la cara y enfrentara la situación, a fin de que su capital político que ha construido en los más de 30 años, no se derrumben. Además su reputación está en juego, porque se le está considerando dentro de la lista de ex gobernadores del así entre los corruptos y hasta rateros, en algunos medios así lo califican. Bien por Aguirre Rivero, que vaya y se comprometa con las autoridades federales para que en definitiva queden aclarados todos los supuestos desvíos. Si realmente es honesto el ex mandatario estatal cobijado por el PRD, le hará bien no solo a su persona, sino al propio partido que lo cobijó para llegar por segunda vez y por la vía de las urnas a ocupar el poder ejecutivo de manera constitucional en el estado de Guerrero. El dar la cara, habla bien de Aguirre Rivero, de lo contrario, se les estaría juzgando a priori si se esconde y si no tiene nada que ver, entonces que siga entrevistándose con las autoridades con las que tiene que hacerlo de manera institucional, explique y justifique los supuestos faltantes. Si tiene que devolver dinero al erario público federal y estatal, sería lo más correcto y ejemplo a seguir por los políticos corruptos, pues en este país se comienza a castigar de verdad a las personas que incurren en actos de corrupción, por lo menos un ex gobernador del PAN está preso y otro está prófugo. Aguirre Rivero es el primer ex gobernador que se conoce que no huye de la justicia, y prefiere dar la cara y entrevistarse con las autoridades que lo acusan de presuntos desvíos millonarios y seguramente como no tiene nada que ocultar, está dando la cara de frente como debe ser un político honesto, principalmente defendiendo su reputación y la de su familia, porque después de haber sido dos veces gobernador, la primera como sustituto y luego constitucional, sería lo peor que le ocurriera el ometepense que anduviera a salta de mata como delincuente y después terminar en la cárcel. Si en realidad no tiene nada que ocultar, está en su derecho a reivindicarse ante la sociedad guerrerense principalmente, en tanto los actores políticos y  medios de información que lo han cuestionado severamente están obligados también a devolverle el respeto, para que no se vea afectada su reputación como político con más de 30 años en la que ha ocupado cargos desde servidor público y representante popular.