PRIMERA PLANA

Negocio de la delincuencia,

el transporte público en Gro. 

Actos violatorios de la Ley, abusos y ambición de los patrones o concesionarios, han hecho que el transporte público se convierta en un sector indomable para el Gobierno. En Guerrero se ofrece un pésimo servicio y, además, está la mano del crimen organizado.

CRIMEN ORGANIZADO

En Chilpancingo actualmente hay más de 600 unidades de taxi avaladas por la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad. Hace un año, por la fuerza entraron alrededor de cien que, en un primer momento circulaban con números clonados o placas de automóvil particular.

Uno de los promotores de esta acción ilegal fue Inocente Mojica Peña, líder transportista que fue colaborador en el gobierno municipal que encabezó el priista Mario Moreno Arcos. Los dos fueron señalados como miembros del crimen organizado por empresarios y comerciantes.

Las autoridades estatales terminaron validando esta acción y ahora las unidades circulan de forma legal, sumando los más de 600 taxis en Chilpancingo, sin que haya existido un estudio técnico de por medio. Simplemente se avaló la voluntad de los líderes transportistas y delincuencia organizada.

Varios trabajadores del volante consultados por esta agencia de noticias, afirmaron que hoy las ganancias son mínimas para ellos a raíz de la incursión de los 100 nuevos taxis, pero no se atreven a protestar porque saben que “son protegidos por la maña”.

“A lo mejor si fuera cualquier taxi pues lo pararíamos, pero no. Aquí hablamos de taxis que metieron los líderes transportistas más poderosos y que además son protegidos por la delincuencia organizada. A la maña le conviene tener unidades aquí porque esas unidades en realidad son de ellos”, comentó a voz discreta, temeroso, un chofer que brindaba un servicio.

Otro, cabizbajo, expresó: “pues... ¿Qué le hacemos? Se metieron y aunque uno quiera no se puede hacer nada. Las autoridades lo avalaron. Ahora nosotros venimos ganando de cien a 150 por turno si bien nos va, cuando antes eran de 200 a 300. La verdad si nos vinieron a poner en la madre”.

En Iguala hay casi el doble de taxis a pesar de ser una ciudad más pequeña. Existen cerca de mil 200 unidades circulando a diario y, solo el ex alcalde José Luis Abarca Velázquez (preso por delincuencia organizada), logró controlar a este sector al turnar por días a las unidades.

Reportes obtenidos por API, muestran que taxis y combis pagan mensualmente una cuota de 200 pesos (por unidad, que son más de 3 mil en total) al crimen organizado, mismo que en las propias oficinas regionales de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, se maneja como una “cuota de altruismo”, supuestamente destinada a la donación para los sectores pobres de la sociedad.

Una casa ubicada en la colonia “Castrejón”, sería una de las tantas a las que los propios transportistas tienen que llevar la cuota. Todo, bajo el consentimiento de las autoridades.

De esta forma, tan solo en la ciudad de Iguala, la delincuencia organizada estaría recibiendo más de 600 mil pesos de forma mensual por conducto del cobro por “derecho de piso” al sector transportista.

Además del pago de una cuota que, en Guerrero se da al menos en los municipios más grandes (Acapulco, Zihuatanejo, Taxco, Chilpancingo, Altamirano, Iguala, etc.), los choferes de las unidades han sido utilizados como “halcones” del crimen organizado y, tanto organizaciones transportistas como autoridades en la materia, se han prestado al juego.

ALZA AL PASAJE

Recientemente en Chilpancingo se dio un alza al costo del pasaje. De forma abrupta y arbitraria, los choferes de combis empezaron a cobrar 6 pesos, pero también de forma repentina continuaron con la tarifa de 5.

La autorización hecha el pasado 27 de agosto en la capital, fue una orden directa de los permisionarios y líderes transportistas, no de la Comisión Técnica del Gobierno del Estado.

Ahora que disminuyó la tarifa, ha crecido el rumor de que, para diciembre o enero, el servicio tendrá oficialmente un costo de siete pesos; es decir, dos pesos o el 40 por ciento más, del precio actual.

En el caso de Iguala, a finales de septiembre se incrementó de 6 a 7 pesos el pasaje y hasta la fecha se mantiene a pesar de que no ha habido un pronunciamiento oficial de la Comisión Técnica de Transportes ni una justificación pública. 

Omar Briseño Tapia tiene 47 años de edad. Es cabeza de una familia compuesta por 5 integrantes. Es conductor de una Urvan de la ruta “Los Ángeles-Zócalo-Mercado”, en Chilpancingo.

En una charla, se quejó porque sus condiciones de trabajo son “irregulares”. No cuenta con seguro médico ni prestaciones laborales. A él, la reforma laboral no le ha beneficiado en nada porque sigue en las mismas condiciones. 

El no tener una fuente de ingreso fija, provoca una desestabilidad económica en su entorno familiar. 

“El tener que solventar los gastos para cinco personas diariamente, con un trabajo que no te remunera económicamente las largas jornadas laborales, y sumado a la falta de beneficios por tu trabajo, es una de las consecuencias de que las leyes laborales en nuestro estado no estén reguladas. En papel sí lo están pero, en la práctica existen los compadrazgos y las amistades que protegen a los patrones que no dan prestaciones a sus trabajadores”.

El trabajador del lamentó que la inestabilidad de sus ganancias provocan a su vez que no pueda ser acreedor a una vivienda. “El ser trabajador de gobierno o de alguna empresa privada te da la posibilidad de crecer económicamente, contando incluso con el beneficio INFONAVIT o FOVISTE para poder hacerse acreedor de una casa propia”. 

Tampoco tiene un plan de ahorro para el retiro, por lo que esto generará que no tenga una edad para poder dejar de trabajar. Estar sentado de 7 a 15 horas diarias, incluso, trae serios problemas de salud y una fatiga constante. 

Ulises Nava de 29 años de edad, chofer de la ruta “Galeana”, es esposo y padre de familia, dijo a este medio de comunicación que el aumento no se verá reflejado en la ganancia diaria de los trabajadores del volante, aunque de alguna manera puede ser benéfico para completar “la cuenta para el patrón y gasolina”.

Dijo que en caso de algún accidente, los choferes son quienes cubren en la mayoría de los casos los gastos. 

También se quejó porque no tiene prestaciones ni aguinaldo, solo una especie de “bono” que ellos mismos se tienen que ganar a fin de año, y no aspiran a más. 

En su trabajo, resaltó, no se valora la antigüedad y el sueño de una vivienda propia, cada día se aleja más. 

Ulises contó que hace un par de meses calló víctima de chikungunya, motivo por el cual tuvo que dejar de laborar alrededor de diez días, mismos en que no percibió ganancia alguna y su familia prácticamente tuvo que endeudarse para poder solventar los gastos diarios, tanto de medicinas como alimentación. 

“La solución de mi patrón fue que trabajara un día y lo que sacara de cuenta sería para los medicamentos, pero me era imposible poder ponerme de pie los primeros días”, señaló el conductor.

Para este conductor, como muchos, es casi imposible pagar los estudios de su hija que cursa el segundo año de primaria, aunque va a una escuela pública. Las cuotas escolares y pagos por el derecho a libros y material didáctico, se convierten una carga más, y es donde observa que tampoco la reforma educativa ha servido. 

“A lo que nosotros aspiramos como trabajadores del volante no es el aumento del pasaje, sino que de alguna manera se regulen las tarifas de la cuenta que entregamos los cuales dependiendo del permisionario, van desde los 800 hasta los mil 200 diarios, donde (sacamos nuestra ganancia) descontando todos los gastos que tenemos que hacer para entregar la unidad en buen estado. Hay días donde solo percibimos cien pesos”, lamentó. 

NI SEGURIDAD NI CALIDAD 

“Si le van a subir el costo del pasaje, por lo menos deberían de empezar (los choferes) a manejar mejor, bajarle a su música y detenerse en las paradas correctas”. Esta es la expresión de María Nava Tapia, usuaria del transporte público.

La mujer gasta la mitad de su sueldo en este servicio que usa a diario. Es madre de tres hijos; uno cursa el primer año del CBTis y dos el primer y tercer año en la ESFAID.

Detalló que al ser el único sustento de la familia, de los 120 pesos que percibe como salario en una fonda, sesenta son los que gastan diariamente en usar el servicio de Urvan, ella y su familia. 

“No estamos diciendo que el aumento sea un robo, pero como usuarios tenemos todo el derecho de exigir calidad en el servicio, mismo que con las carreritas, con el ir al volate hablando por teléfono y al no respetar los señalamientos, no recibimos; por lo cual antes de realizar esto, los dueños de las combis deberían de contratar personal apto”, reprochó.

La mujer es una de las tantas personas que se ven afectadas con el incremento al pasaje. Dice no estar de acuerdo pero, si lo van a imponer las autoridades “como siempre”, pues lo menos que puede hacer es exigir un mejor servicio. 

VIOLACIONES A LA LEY

Para el abogado Alfredo Solís Montes, presidente de “Juristas Guerrerense A.C.”, el aumento a la tarifa de transporte público en Guerrero no es proporcional al salario mínimo.

Detalló que esta “arbitrariedad” es una condición que se da en medio diversas violaciones a la Ley del Transporte del Estado, donde lo que más figura son las variaciones en los abusos hacia el sector trabajador.

“¿Qué tan justificable puede ser el aumento?”, cuestionó el jurista en relación al margen alto de ganancias de los permisionarios, en comparación a lo que el chofer recibe como pago por su trabajo y el mal servicio que se brinda.

“Dónde quedan los derechos del trabajador?”, soltó una segunda pregunta durante una charla con reporteros de esta agencia. 

Detalló que si las organizaciones de transportistas aplican un aumento sin aval de la Comisión Técnica de Transporte del Gobierno Estatal, estarían infringieron la ley como ya lo hicieron en agosto pasado. 

El abogado Solís que encabeza una de las Asociaciones más importantes del Estado en materia de derecho, dijo que a la fecha no se conoce un estudio técnico socioeconómico como lo establece la Ley, y, de ser oficial el incremento, no se ha publicado en el diario oficial del Gobierno del Estado como lo marca el proceso legal. 

Otro de los puntos de la Ley de Transporte que abordó, fue el marcado en el artículo 21 Bis, donde se establece la participación ciudadana que no respetan las autoridades, es decir; “los ciudadanos y menos los usuarios tienen voz y voto”. 

Enfatizó que cumplir la ley en todos sus sentidos no es parte de la cultura de los permisionarios y líderes del Transporte, principalmente porque en el Consejo Consultivo ellos deben estar invitados por el Gobernador y el Secretario de Gobierno.

“Debería haber una consulta tanto a organizaciones sociales como a usuarios”, puntualizó. 

Dicho estudio debe analizar la zona donde se piensa realizar el “incremento”, situación que, incidió, también es desproporcional poniendo como  ejemplo que en Iguala el pasaje es más caro que en Chilpancingo, lo que claramente es desproporcional porque son distancias más cortas.

El abogado reconoció que existe un desequilibrio económico con respecto a las alzas de gasolina, pero lamentó que no se guardan las formas legales, en los momentos en que se asigna un incremento al pasaje, situación que únicamente beneficia a las organizaciones transportistas.  

Expresó que debido a las circunstancias actuales en este sector, los permisionarios están evadiendo leyes y no otorgando un salario acorde a las ganancias. Dijo que el negocio del transporte público es demasiado lucrativo, ya que los propietarios de permisos tienen márgenes de utilidad bastante considerables.

Esto, tomando en cuenta los 800 pesos al día que gana un patrón, que si se multiplica por 30 días del mes, se estaría hablando de una ganancia superior a los 24 mil pesos. Anualmente, esto es: 336 mil pesos solamente siendo propietario de una unidad, cuando los principales líderes del sector son concesionarios de varias porque han acaparado placas por medio de corrupción. 

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Chilpancingo, Víctor Manuel Ortega Corona manifestó también para esta agencia  su desacuerdo con el aumento al precio en el transporte público. Aseguró que los agremiados han coincidido en que esta medida repercutirá en la actividad económica de los comerciantes que mantienen ingresos mínimos. 

Este sector empresarial que agremia más de 600 establecimientos en Chilpancingo, rechazó la acción realizada por el sector transportista.

Argumentaron que la economía del municipio en este momento permanece colapsada, recibiendo ganancias hasta en un sesenta por ciento menores a la de hace algunos años, y lo mismo pasa en otras ciudades del Estado. (API).