POLICRÓNICA

    Desentendido....Se entiende que en Guerrero, como entidad está dentro de los primeros lugares de homicidios dolosos, y el Fiscal General, no tenga precisa la información de cada uno de los casos, pero responder que un hecho delictivo no sucedió en su gestión, nos parece una actitud grosera del servidor público.

Los ciudadanos que tenemos un raciocinio en términos generales de excelencia, entendemos perfectamente que los servidores públicos no son una biblioteca andando para tener con precisión información de cada uno de los miles de asuntos administrativos. En el caso del Fiscal General del Estado, Xavier Ignacio Olea Peláez, que maneja infinidad de carpetas de investigación de los diversos delitos que se cometen diariamente en toda la geografía guerrerense, no tenga presente cada caso. Responder a familiares que fue un hecho que no sucedió en su gestión y todavía afirmar que mejor le pregunten los periodistas del mes de diciembre a la fecha, es todavía una actitud grosera del fiscal. Esto viene a colación, porque hace un par de días Olea Peláez le preguntaron  precisamente cómo avanzaban las investigaciones en torno al asesinado de la luchadora social costeña Rocío Mesino Mesino, y en términos generales eso fue lo que contestó, demostrando una falta de tacto político y sobre todo sensibilidad humana. En verdad que la respuesta fue un insulto, pues la familia está con su dolor y no ve hasta el día de hoy justicia terrenal. Como se recordará el 19 de octubre del 2013, fue asesinada la luchadora social Rocío Mesino Mesino, y por ello se interpuso una demanda penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pero esta instancia ha expresado en constantes ocasiones que no tienen ningún avance en la investigación en torno a la extinta dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). Como no habido avances y teniendo respuestas groseras de Olea Peláez, ahora las familia Mesino Mesino, contempla llevar el caso a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CoIDH), dado que a casi tres años del asesinato, parece habérsele dado carpetazo. “Es un hecho sumamente lamentable que en el caso de mi hermana, el hecho siga en la impunidad y es un sentimiento de rabia y frustración, que a pesar de saber la identidad de los agresores, son protegidos de las autoridades de los tres niveles de gobierno”, expresó la hermana Norma quien insistió que en la primera línea de investigación está un ex presidente municipal del municipio de Atoyac de Álvarez, del que prefirió omitir el nombre. Sin embargo lo señaló directamente al ex funcionario de ser uno de los partícipes en el crimen, pero señaló que no ha sido sujeto de una verdadera investigación porque es protegido por el Senador de la República el perredista Armando Ríos Piter, a quien de igual manera señaló como cómplice para que el caso de Rocío Mesino Mesino continúe en la impunidad. Obviamente que el asesinato de su hermana no quedará impune y por eso se llevará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como un caso al que denominó “generacional”, pero lamentó que el expediente tiene que pasar por  protocolos y un proceso interno, proceso en el cual teme que su lucha sea bloqueada. El expediente que pretende hacer llegar a la CoIDH, está plenamente respaldando y documentando por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por lo que buscarán que el caso llegue a la justicia internacional. La decisión la tomó después de que un grupo de abogados le hicieran saber que si en el tiempo establecido las autoridades judiciales mexicanas no dan resultados a sus investigaciones, los familiares tienen el derecho de llevar el caso a un rango de manera internacional con la CoIDH. En tanto llega el momento para llevar el caso ante esa instancia, para el martes 18 de este mes, a las 9:00 horas, en el marco del tercer aniversario de la muerte de Roció Mesino Mesino se realizará un ritual ancestral en el río de Mexcaltepec, lugar donde fue asesinada. Más tarde, a las 17:00 horas realizará  un festival cultural denominado “Por el Rocío de la esperanza y el Ángel de la justicia”, en el Zócalo de la cabecera municipal de Atoyac. Mientras que el 19 realizarán en Atoyac de Álvarez una marcha por la justicia,  que partirá de la preparatoria número 22 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), al Zócalo de ese lugar. ...Desollado...Después de dos años de los lamentables sucesos en la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala de la Independencia, en la que fueron desaparecidos 43 estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” y asesinadas seis personas, más entre ellos también tres normalistas, en la que estaba uno que después se supo que fue encontrado desollado y el argumento de las autoridades fue que los animales de rapiña se lo había carcomido. Hasta el día de hoy  las autoridades federales han negado información sobre el estado de la investigación que guarda el caso de Julio César Mondragón Fontes, estudiante de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que fue encontrado asesinado y desollado el 27 de septiembre de 2014 en Iguala de la Independencia, Guerrero. La esposa del desafortunado estudiante que provenía de la Ciudad de México, pero con antecedentes en el estado de México, Marissa Mendoza, sigue esperando alguna versión del gobierno, sobre la investigación. El pasado martes 27 de septiembre, durante los homenajes que se realizaron en Iguala de la Independencia con motivo del aniversario de los dos años del asesinato de tres estudiantes y la desaparición de los 43, la esposa del normalista, reclamó la falta de justicia y la negativa del acceso a la información. En varias ocasiones ha acudido a los juzgados federales para al menos saber los resultados de la necropsia que le realizaron después de su exhumación, no le han dado ninguna respuesta. Marissa Mendoza, es una joven mujer quien además tiene una hija de Julio César, dijo que hasta ahora las autoridades han puesto uno y otro pretexto para ocultar el expediente y retrasar la entrega  de resultados sobre el caso. La última vez que se presentó, le fue informado que parte del expediente se perdió a causa de una tromba, que destruyó parte del material que se almacenaba, con lo que podría perderse la investigación que el Gobierno Federal estaba realizando al respecto. La esposa del joven, manifestó que independientemente de que hayan dado sepultura a Julio César, continuarán en la lucha por la verdad y la justicia respecto al caso de los 43 estudiantes. Julio César, era un joven que llegó a la Normal Rural de Ayotzinapa en 2014 con la intención de superarse, obtener una licenciatura y así asegurar un futuro para su familia e hija, pero sus sueños le fueron truncados. “Julio César Mondragón era un padre, un estudiante, un compañero y un hijo, a quien solamente podemos traerle flores, lo hemos recordado todo este tiempo, Julio César no se olvida, y seguirá en nuestros corazones”, dijo frente al monumento levantado en su honor en la Zona Industrial de Iguala de la Independencia y es la hora que no hay avances, y han pasado dos largos  años desde aquella fecha fatídica. Así como este caso, hay muchos en la que la justicia jamás va a llegar y eso que la familia  del normalista tiene el respaldo de las diversas organizaciones sociales que están en la lucha por la presentación de los 43 desaparecidos...Peñatítulo...En estos días sigue la controversia que si es válido o no el título del actual presidente de México, el priista, Enrique Peña Nieto, lo único cierto es que de plagiario a presidente de este país bananero. Según el artículo 28 del Reglamento General de Exámenes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) vigente en 1991, los sinodales designados por la Universidad Panamericana (UP) eran los responsables de aceptar y revisar el contenido de la tesis de licenciatura del presidente Enrique Peña Nieto denominada “El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón”. De acuerdo con información de Aristegui Noticias, lo anterior es parte de la respuesta de la UNAM a la “consulta técnica” que la institución privada realizó tras la publicación del reportaje “EPN, de plagiador a Presidente”, en el cual se concluye que al menos 28.8 por ciento de la tesis presidencial fue plagiada a distintos autores. La respuesta de la UNAM a la UP fue elaborada por la Directora General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE), Manola Giral Lozano, en un documento al cual tuvo acceso Aristegui Noticias, con fecha del pasado 12 de septiembre, y que consta de tres hojas y ocho puntos diferentes. En el punto séptimo del oficio dirigido por la UNAM al representante legal de la Panamericana, Adrián Omar Pichardo Jiménez, la DGIRE también reconoce que conforme a la normativa vigente en 1991, una vez que una persona ha aprobado su examen profesional para otorgar el título de Licenciado de Derecho a una persona, ya no existe una norma o disposición posterior que permita revisarlo de forma posterior. La “consulta técnica” enviada por la UP a la UNAM está planteada en términos negativos, es decir, antes de que la Universidad Nacional emitiera cualquier respuesta, la premisa de la escuela privada es que “no existe normatividad o reglamentación que regule o sancione los hechos narrados” en el documento recibido por la UNAM, dice la nota publicada por el portal Aristegui Noticias. La revisión de la UP a la tesis de Peña Nieto admitía que el texto del entonces pasante de Derecho contenía decenas de “reproducciones textuales de fragmentos sin cita a pie de página ni en el apartado de la bibliografía”, es decir, plagio a diversos autores. Ante la pregunta en sentido negativo, la UNAM responde textual: “efectivamente, una vez aprobado el examen profesional para obtener el título de Licenciado en Derecho, siguiendo el procedimiento antes descrito, no existe disposición que permite su posterior revisión, ya que dicho acto produce efectos jurídicos correspondientes”. Sin embargo, la UNAM es muy clara en cuanto al deslinde de responsabilidades, puesto que en el punto ocho del documento, la titular de DGIRE, Manola Giral, insiste en que conforme al Estatuto General de la UNAM vigente en 1991, correspondía a la universidad incorporada sancionar cualquier violación grave cometida por cualquiera de sus alumnos a la legislación universitaria. “Cabe señalar también que, según el Estatuto General de la UNAM, vigente desde las fechas que se refieren (1991), únicamente son responsables por faltas a la Legislación Universitaria los miembros del personal académico y los alumnos, por las causas graves de responsabilidad previstas en el artículo 95 del mismo ordenamiento. En consecuencia, cualquier asunto o falta a la normatividad cometida por un alumno del sistema incorporado, queda fuera de la jurisdicción de la legislación universitaria y de los órganos encargados de velar por su cumplimiento”, señala la respuesta de la UNAM a la UP. Incluso, dice Aristegui Noticias, la DGIRE agrega que los alumnos de las instituciones incorporadas no se consideraban alumnos de la Universidad Nacional “para los efectos y obligaciones correspondientes”, puesto que las escuelas privadas estaban obligadas en 1991 a emitir un reglamento interno para someter a sus alumnos a las disposiciones internas emanadas de estos.Por lo que se refiere a la tesis y al examen profesional, la UNAM le señala a la Panamericana que le correspondía a los planteles y escuelas incorporadas autorizar y registrar los temas de tesis o tesina de sus alumnos, además de advertir que también le correspondía a la UP designar a un asesor o director de tesis, mismo que era responsable de que el trabajo escrito reuniera los requisitos necesarios para ser aceptado y aprobado. El director de la tesis de Enrique Peña Nieto fue el actual magistrado del Poder Judicial de la Ciudad de México, Eduardo Alfonso Guerrero Martínez, quien atribuyó los plagios a “errores de imprenta”.