ARTICULO

 Alcances de la violencia
 política y de género

Edilberto Nava García
Hay quienes festinan la resolución emitida por un órgano electoral de alto nivel que consideró que en Mártir de Cuilapan, municipio piloto de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el movimiento popular integrado por mujeres y varones en edad ciudadana ejercieron violencia política y de género contra la alcaldesa Felícitas Muñiz Gómez. Sin embargo, los actuarios que notificaron se llevaron otra impresión muy distinta. Tampoco tal impresión cambia los alcances de lo dictado.

No, definitivamente no hay nada que festejar aún por ninguna de las partes. Lo de la supuesta violencia política que consideró el tribunal electoral no tiene mayores alcances, por más que indique medidas de seguridad hacia la presidenta municipal, quien ni las requiere porque despacha en Chilpancingo acompañada de la policía municipal, a más de dos o tres guaruras o guardaespaldas que no la dejan ni a sol ni a sombra. El movimiento ciudadano que por la vía legal exige la revocación de su mandato no la persigue, pues si eso fuera, las cosas ya hubiesen cambiado en el municipio. Lo prueba el hecho de que la misma alcaldesa sostiene que sigue trabajando en oficinas alternas, que tiene bajo su mando la policía municipal y de todas las direcciones municipales, pero sobre todo, que continúa recibiendo y gastando el dinero municipal, muy a pesar de los deseos de la mayoría ciudadana del empobrecido municipio.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no dicta que la presidenta municipal es inocente del delito de nepotismo, como tampoco afirma que ha ejercido honestamente los recursos públicos, sino que se concreta a considerar que hubo violencia política de género. No discutiremos por palabras. El objetivo principal y casi único del “Caso Apango” es la destitución de la corrupta alcaldesa y, seguidamente, exigir no sólo cárcel, sino el resarcimiento de cuanto ha sustraído indebidamente. En esto último, el más comprometido es el propio gobierno que aplica ya la ley de transparencia y la nueva legislación anticorrupción. Para ello están las auditorías en los ámbitos estatales y la superior, de nivel nacional. A ello se debe que el plantón no se reduce en su número de participantes, sino todo lo contrario. Saben los ciudadanos que es el propio gobierno el empeñado por la transparencia de los dineros públicos, para lo cual se insiste, se siguen vías legales.
Es evidente que en algunos casos, que serán botón de muestra, se aplica ya la ley. Sólo para comprobar, alguien pude localizar a Javier Duarte, gobernador reciente de Veracruz, que ante la avalancha de denuncias y pruebas irrefutables de corrupción hubo de abandonar el cargo a menos de dos meses de concluir su mandato? ¿Dónde está? O del otro ex gobernador Guillermo Padrés, de Sonora? No, definitivamente los padrinazgos también, en su ambición por dinero fácil no alcanzan a ver ni calcular las consecuencias. Y en el caso Apango ni Luis Walton ni Ricardo Mejía Berdeja salen de su ceguedad, pues les interesa contar para sus proyectos con la minita que les representa la alcaldesa Muñíz Gómez. No consideran estos nefastos personajes, que de un momento a otro el jefe del ejecutivo estatal puede hacer sentir quién es quién en el escenario político estatal, pues los padrinazgos, los grupos y sus líderes permanecen en el accionar mientras el mandamás quiera. Es una regla política no escrita, pero siempre vigente.
Ya está por culminar el juicio de revocación de mandato. Y qué bueno que la obstinada alcaldesa es incapaz de dialogar, pues aunque ahora lo intentase, está fuera de tiempo; ni la veintena de ciudadanos que colegiadamente coordinan la inconformidad popular se doblegan ni están dispuestos a parlar extemporáneamente. Y hay otras consideraciones de carácter político, por ejemplo, de que el gobernador Astudillo Flores no se expondrá ante la opinión pública nacional por tolerar el nepotismo y la descarada corrupción de una alcaldesa que, además, ha caído libremente en el engreimiento sólo por ser mujer. Al contrario, al culminar el alargado juicio, los bonos del gobernador subirán y le ayudan a que otras administraciones que evidencian similitudes corrijan la actuación en bien de los gobernados.