PRIMERA PLANA

Nuevas estrategias para

regular el cannabis:WOLA

Javier Francisco Reyes.--En un momento en que cada vez más jurisdicciones se están planteando si legalizar y regular el acceso al cannabis, y cómo hacerlo, las tensiones entre estas iniciativas y las obligaciones contraídas por los países en virtud de los tratados de control de drogas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) van en aumento.

Mediante comunicado de prensa que hizo llegar hoy jueves WOLA (Advocacy for Human Rights in the Americas), a la redacción de La Crónica, Vespertino de Chilpancingo,  señala un informe pionero elaborado por una coalición de especialistas en materia jurídica y de políticas de drogas presenta estrategias para que los países que están estudiando enfoques normativos para el cannabis lo hagan de forma que las reformas internas estén en sintonía con sus obligaciones jurídicas internacionales.

El informe, “La regulación del cannabis y los tratados de drogas de la ONU: Estrategias para la reforma”, elaborado por un grupo de especialistas en los Estados Unidos, México, los Países Bajos, Canadá y el Reino Unido, deja claro que el problema no es que los países estén aplicando reformas para regular el cannabis, sino más bien las obsoletas disposiciones de los tratados de drogas que prohíben expresamente dichas reformas. Vencer ese obstáculo, sostiene el informe, no exige un consenso global para volver a redactar los tratados de drogas de la ONU —una tarea imposible en las circunstancias actuales—, sino que se puede alcanzar con procedimientos previstos por el derecho internacional, tanto para países individuales como para grupos de países.

“Es evidente que el cannabis es el gran tabú en los encuentros internacionales de alto nivel, como vimos en la reciente Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU (UNGASS) de 2016 sobre drogas en Nueva York”, apunta John Walsh, investigador principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). “Es obvio que el tema está presente, pero se evita cuidadosamente. Y aunque las reformas están avanzado a toda máquina, los gobiernos rehúyen aludir a las tensiones que estas generan con los tratados. Este informe persigue ayudar a evidenciar esas tensiones y presentar posibles vías para las reformas necesarias”.

Para que las reformas en materia de cannabis refuercen los grandes pilares de la ONU —derechos humanos, desarrollo, seguridad y Estado de derecho--, el informe aboga por que los países reformistas adopten una postura de “no cumplimiento por cuestión de principios”, por la que reconocerían abiertamente que la regulación del cannabis lleva a los países más allá de los límites establecidos por los tratados de drogas vigentes.

“Es probable que las tensiones en torno a las regulaciones del cannabis y el no cumplimiento de los tratados se expandan de forma rápida y generalizada en los próximos años”, señala Martin Jelsma, director del programa Drogas y Democracia del Transnational Institute (TNI), con sede en los Países Bajos. “Se precisa con urgencia examinar opciones sobre cómo tratar esta cuestión sin cercenar el derecho internacional”, añade Dave Bewley-Taylor, director del Observatorio Global de Políticas de Drogas (GDPO) de la Universidad de Swansea, en el Reino Unido.

El último gobierno en poner al día su enfoque con respecto al cannabis ha sido el de Canadá, que ha anunciado que prevé empezar a regularlo a principios de 2017. Las autoridades canadienses también han manifestado que, en paralelo, el país procurará garantizar que las reformas se ajusten en la medida de lo posible a los objetivos del marco internacional de fiscalización de drogas y al espíritu de las convenciones de drogas de la ONU.

“Hay que felicitar a Canadá por no ignorar las tensiones entre los tratados de drogas de la ONU y regular el cannabis con fines no médicos”, recalca Donald MacPherson, director ejecutivo de la Coalición Canadiense de Políticas sobre Drogas (CDPC). “Con el fin de hacer avanzar el debate, las opciones que se detallan en este informe buscan esbozar las posibilidades de las que disponen Canadá y otros países para asegurarse de que sus nuevas leyes y políticas internas estén en sintonía con sus obligaciones internacionales”.

El debate en torno a la reforma de la política de cannabis también se está extendiendo en México, y cobrará aún mayor premura si, como se prevé, en noviembre de 2016 el electorado del estado fronterizo de California, en los Estados Unidos, aprueba una iniciativa popular para legalizar y regular el cannabis, sumándose así a los estados de Alaska, Colorado, Oregón y Washington.

“Un voto a favor de regular el cannabis en California situará a México en una posición cada vez más difícil, y subrayará la necesidad de repensar la propia política de cannabis mexicana”, afirma Lisa Sánchez, administradora del programa para América Latina de la Fundación Transform para la Política de Drogas (TDPF) y de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD). “Este informe llega en un momento crucial para ayudar a modernizar el sistema global de control de drogas en consonancia con el derecho internacional y los objetivos generales del sistema de la ONU”.