COLUMNA

No a la privatización 

de la educación

Apolinar Castrejón Marino

Todos estamos convencidos de los beneficios de la educación, y en nuestra Constitución Política, el artículo 3°garantiza que debe ser gratuita, obligatoria y laica, entonces ¿de qué hablan los maestros de las organizaciones sindicales “disidentes” con su consigna de “No a la Privatización”?

Hasta donde sabemos, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Educación Pública, tutela la educación en un 100 %. Paga los salarios de los maestros, construye escuelas y distribuye libros de texto y materiales didácticos. 

Preguntaríamos a los “maestros” marchistas, paristas y bloqueadores de calles y carreteras ¿Qué parte de la educación dicen que se va a privatizar? Porque muchos ciudadanos y padres y madres de familia estamos al tanto de las prácticas patrimonialistas con que se manejan los sindicatos de maestros:

Venta de sus plazas al mejor postor, y herencia de plazas y “lugares” a sus hijos y familiares, asignación de “comisiones” y licencias sin ningún control. Todo esto, por sobre los límites de la Ley federal del trabajo y de la Ley General de Educación ¿No es esto, adueñarse de la educación?

La Secretaría de Educación Pública elabora los programas y planes educativos, y los exámenes para los alumnos. Y patrocina congresos, simposios e investigaciones para que los maestros se actualicen. Pero nada, a muchos de ellos se les acabó el cerebro en la escuela normal, y ahora solo tienen inteligencia para sentarse por horas a ver el futbol. Sobre todo en el ámbito de la computación, están tan atrasados, que los alumnos saben más que ellos, pobres.

En la vida cotidiana, son los mismos maestros, quienes deciden si hay clases o no, pasando por encima del calendario escolar. En las escuelas, el cumplimiento del programa escolar, y el control del tiempo de clase se hace con absoluta discrecionalidad. 

Muy atrás quedaron las visitas que solían hacer los supervisores escolares, quienes llegaban intempestivamente a la escuela y pasaban a cada salón de clases a ver como daban sus clases los maestros. Para eso se llamaban supervisores. Con el programa escolar en la mano, hacían preguntas a los alumnos para comprobar el grado avance del maestro, y el aprovechamiento de los alumnos.

En los colegios privados efectivamente, es todo lo contrario. Al inicio de cada año escolar, el o la directora reúne a todos los trabajadores y notifica a cada docente, que grado y grupo deberá atender. Les da indicaciones precisas que deberán elaborar su respetivo plan de trabajo y programa escolar, que deberán entregar a la junta académica.

La siguiente semana se inician las clases regularmente, y maestro que no haya entregado su plan y programa respectivo, simplemente no podrá dar clases. Ahora bien, independientemente de los derechos de los maestros a suspender clases, si la educación es pública o es privada y si la evaluación es punitiva, a los padres y madres de familia, solo les interesa que sus hijos tengan clases.